Cubadebate

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.