Cubadebate

Buenos Aires, 4 de octubre. El gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez podría adoptar severas medidas si no aparecen los restos de desaparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985) en los sitios que marcan los informes militares de agosto pasado. Incluso, el jefe del ejército, Angel Bertelotti, adelantó que aplicará sanciones a quienes redactaron estos documentos, si sus datos resultan falsos.

De la esperanza que surgió de los informes en los que se señalaba el presunto sitio donde fueron enterrados algunos desaparecidos, se ha pasado ahora a fuertes debates en la sociedad y dentro de la coalición que integra el gobernante Frente Amplio, ante la falta de resultados.

Algunos analistas uruguayos sospechan de "operativos de inteligencia" para retardar la acción judicial, mientras que el senador oficialista y ex dirigente de la organización Tupamaros, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo este fin de semana que si no aparecen "restos o vestigios que prueben que hubo entierros en los batallones -como el 14- y otros lugares, este gobierno será implacablemente severo".

Ya se entregó el segundo informe de la marina uruguaya sobre su actuación durante la dictadura, en el que se reconocería el vínculo de esa institución con la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) argentina, en "cooperación informativa". Pero denuncias y testimonios establecen que los contactos en realidad constituían operaciones conjuntas entre ambas instituciones en la Operación Cóndor (la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur), y que pasaron por el centro clandestino de la Esma, que a su vez habría recibido detenidos desaparecidos procedentes de Uruguay.

Las excavaciones en el batallón 14, donde podrían ser hallados los restos de María Claudia García de Gelman, y otros desaparecidos, no han dado resultados hasta ahora.

María Claudia, secuestrada con su esposo Marcelo Gelman, quien fue ejecutado y arrojado en un tonel con cemento a un río aquí, tuvo una niña en cautiverio en Uruguay, adonde fue trasladada ilegalmente desde Argentina. La menor fue robada y encontrada en 2001 después de años de búsqueda. Pero la entonces joven madre continúa desaparecida.
Miles de uruguayos reclamaron el viernes pasado en Montevideo definiciones firmes y cambios urgentes en el sistema judicial de Uruguay, ya que la justicia no ha incorporado el derecho internacional al no reconocer la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.

Todo esto pone en situación difícil al Ejecutivo, que ordenó a los militares aportar datos sobre el caso Gelman y otros desaparecidos. Esto ha provocado una movilización que va abriendo puertas.

De acuerdo con el informe de la Comisión por la Paz de 2002, un total de 126 uruguayos figuraban como desaparecidos en Argentina.

Ya se han ubicado algunos restos de uruguayos enterrados como NN en Argentina, varios de ellos en el cementerio de Morón, lo que sostendría las denuncias de que hubo militares uruguayos instalados en la base aérea de ese municipio en tareas de represión conjunta.
En este contexto hay avances en los elementos que refuerzan la acusación contra el ex dictador, Juan María Bordaberry, y el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, por su participación en el secuestro y posterior asesinato de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires.

El hecho es que la verdad está dejando sin argumentos a los que han intentado mantener la impunidad.