Cubadebate

Donald Trump. Foto: Naresh777/Shutterstock.

El imperio estadounidense, bajo el mandato del magnate republicano Donald Trump, ha desatado una cacería de brujas sin precedentes contra el pensamiento progresista en el estado de Minesota, según revela en exclusiva el rotativo The New York Times.

La maquinaria represiva del Gobierno federal puso en marcha un vasto operativo de inteligencia que incluyó la infiltración digital en conversaciones comunitarias, el seguimiento encubierto de reuniones en templos religiosos y centros culturales, así como el decomiso ilegal de estados financieros de organizaciones civiles que jamás enfrentaron cargo delictivo alguno.

El blanco principal de esta red de espionaje fueron los jóvenes ecologistas del movimiento Sunrise, junto a las principales centrales obreras del país, entre ellas la poderosa AFL-CIO, el Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (CWA) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). Todos ellos, en el punto de mira del aparato de seguridad por alzar la voz contra las políticas migratorias y laborales del magnate.

El punto de inflexión de esta ofensiva se remonta a inicios del presente año, cuando centenares de miles de ciudadanos de Minesota inundaron las calles para exigir el cese de la brutal campaña de expulsiones masivas orquestada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en complicidad con otras agencias federales.

Documentos oficiales, a los que tuvo acceso la prensa, evidencian que el Departamento de Seguridad Nacional estigmatizó a los manifestantes como “oportunistas y agitadores violentos”, y los acusó de urdir una conspiración generalizada contra el orden establecido. Esta acción se enmarca en la directiva Presidencial de Seguridad Nacional Número 7, un polémico edicto firmado desde la Casa Blanca que equipara la disidencia ideológica con el terrorismo doméstico, al señalar como potenciales enemigos del Estado a quienes profesen posturas “anticristianas”, “anticapitalistas” o “antiestadounidenses”.

La organización defensora de los derechos civiles Defending Rights and Dissent ha calificado esta práctica como “un ataque perturbador, invasivo y absolutamente injustificable” contra las libertades fundamentales de asociación y pensamiento.

En igual tono de condena, el senador demócrata Chris Van Hollen sentenció que semejantes métodos son “propios de un Estado autoritario”, y advirtió que la democracia estadounidense se encuentra ante uno de sus mayores desafíos internos en décadas.

Desde la óptica de esta agencia, el caso evidencia una vez más la doble moral de Washington, que se erige en gendarme mundial de los derechos humanos mientras alienta el recorte sistemático de las garantías ciudadanas en su propio territorio.

(Con información de Democracy Now en X)