Cubadebate

Foto: newsinamerica.com

Un incidente de alto riesgo en los cielos del Caribe ha puesto en evidencia los peligros concretos que representa el despliegue militar estadounidense en la región. Una aeronave comercial y un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvieron a segundos de una colisión catastrófica, un evento atribuible directamente a las operaciones militares ordenadas por la Casa Blanca en las proximidades del espacio aéreo venezolano.

Este hecho no solo subraya la grave amenaza que esta flota de guerra supone para la seguridad de Venezuela y toda América Latina, sino que se suma a un patrón documentado de violaciones por parte de aeronaves militares estadounidenses a los protocolos internacionales de aviación civil, comprometiendo la seguridad aérea regional.

El pasado viernes, un avión cisterna de reabastecimiento KC-135 de la Fuerza Aérea de EE.UU. utilizó la misma trayectoria y altitud que un vuelo comercial de JetBlue, con ruta Curazao-Nueva York. La maniobra forzó al piloto del vuelo civil a abortar su ascenso de emergencia.

En la grabación de su comunicación con control de tráfico aéreo, el comandante reportó con alarma: “Casi sufrimos una colisión en el aire aquí arriba”. Agregó que “acaba de pasar un avión por delante de nosotros a menos de 8 kilómetros, quizás a 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de EE.UU.”.

El piloto detalló que la ruta y altitud de ambas aeronaves coincidieron peligrosamente y que la aeronave militar no estableció comunicación alguna con los controladores civiles.

Según informes de medios especializados, el avión cisterna operaba con su transpondedor apagado, lo que lo convierte en un blanco “ciego” o no identificado para los sistemas civiles de prevención de colisiones. Tras el casi accidente, el piloto precisó que el avión cisterna de la Fuerza Aérea luego se dirigió hacia el espacio aéreo venezolano, espacio que ha sido objeto de declaraciones de vigilancia por parte de Washington.

El portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, confirmó que la compañía notificó el grave incidente a las autoridades federales competentes y manifestó la total disposición de la aerolínea a colaborar en cualquier investigación oficial que se inicie.

Este episodio de alto riesgo ocurre en el contexto de la declaración del presidente Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano y la intensificación de la vigilancia en sus alrededores, en el marco de una escalada continua de amenazas y medidas de coerción por parte de Washington contra el gobierno de Caracas.

Lejos de ser un evento aislado, forma parte de una secuencia de incidentes provocadores. Tan recientemente como el 12 de diciembre, la defensa venezolana detectó el sobrevuelo de cuatro aviones de guerra estadounidenses cerca de sus costas, y a inicios de octubre pasado, otro grupo fue identificado. Estas incursiones han sido denunciadas en reiteradas oportunidades por el ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, así como por otras autoridades nacionales, que las califican como actos de provocación y violación de la soberanía.

El espacio donde ocurrió el incidente se enmarca dentro del FIR Maiquetía (Región de Información de Vuelo de Maiquetía), establecido bajo regulaciones internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Venezuela tiene la responsabilidad operativa de controlar este espacio aéreo, que se extiende más allá de sus fronteras soberanas, para garantizar servicios de tránsito, comunicación y seguridad a todas las aeronaves.

Las regulaciones de la OACI, de cumplimiento obligatorio para todos los estados miembros, exigen que cualquier aeronave que transite por un FIR se identifique y comunique con la torre de control correspondiente, normativa que fue ignorada por el avión cisterna estadounidense.

Este acto de imprudencia aérea se da mientras Estados Unidos mantiene, desde agosto, un despliegue militar extenso y agresivo en aguas internacionales cercanas a Venezuela, bajo el pretexto de operaciones antidrogas.

En el desarrollo de estas operaciones, fuerzas estadounidenses han ejecutado extrajudicialmente en alta mar a más de 80 personas, acusadas sin presentar pruebas públicas de estar vinculadas al narcotráfico. El Gobierno Bolivariano, junto a amplios sectores de la comunidad internacional, acusa a Washington de utilizar esta narrativa como fachada para una operación de cambio de régimen y de incurrir en repetidas violaciones del derecho internacional.

La gravedad de estas acciones se amplía al considerar que embarcaciones pesqueras atacadas en el Caribe y otras naves civiles interceptadas en el Pacífico no representaban amenaza alguna para los buques de guerra estadounidenses y fueron destruidas sin que se hayan proporcionado evidencias verificables que las vinculen a redes de narcotráfico, planteando serias interrogantes sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario y la protección de la vida civil.

(Con información de TeleSur)