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Foto: Prensa Latina

El legislador y exmilitar peruano José Cueto ha anunciado que una comisión del Congreso de ese país elaboró un "borrador" de un proyecto de ley que busca impedir el procesamiento por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002. Esta iniciativa incluye el periodo del conflicto interno que dejó más de 69 000 víctimas en ese país entre los años 1980 y 2000.

José Cueto, almirante retirado de la Marina de Guerra del Perú y actual legislador, explicó en una entrevista con medios locales que el proyecto ya se presentó y se encuentra en evaluación dentro de la comisión de Constitución del Congreso. "Está en borrador para que salga, porque el proyecto ya se presentó, está en la comisión de Constitución", declaró Cueto. Añadió que el grupo de trabajo legislativo aún está evaluando la propuesta.

Cueto dejó claro que la iniciativa está dirigida a las personas involucradas en la lucha contra el terrorismo, al ser preguntado si se refería a militares y policías que fueron condenados o están siendo procesados por delitos cometidos durante ese periodo, respondió afirmativamente: "Así es".

El legislador rechazó cualquier relación entre esta propuesta y otro proyecto de ley que busca limitar los procesos por delitos de lesa humanidad en Perú. Esta segunda iniciativa, impulsada por el partido fujimorista Fuerza Popular y respaldada por una bancada parlamentaria de excomandantes de las Fuerzas Armadas, incluyendo a Cueto, fue aprobada en una primera votación el jueves 6 de junio.

Cueto sostuvo que la propuesta no contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, el cual permite que cualquier acusado de crímenes de guerra pueda ser procesado por la Corte Penal Internacional. Este estatuto se integró al ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, por lo que la iniciativa legislativa pretende abarcar periodos anteriores a esta fecha.

La controvertida propuesta aún debe ser sometida a una segunda votación en el Congreso dentro de un plazo de siete días. De ser aprobada nuevamente, será enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.

El anuncio de esta propuesta ha generado un intenso debate en Perú, con opiniones divididas sobre la protección que ofrecería a militares y policías frente a la búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de garantizar impunidad a los responsables de graves crímenes.

La iniciativa legislativa de Cueto y sus colegas está bajo el escrutinio tanto de la sociedad peruana como de la comunidad internacional, mientras se espera el desenlace de las votaciones en el Congreso y la posible respuesta del Ejecutivo.