Cubadebate

La desaparición de los normalistas de Iguala fue un crimen de estado conocido y monitoreado al más alto nivel gubernamental. Foto: Prensa Latina

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, confirmó lo que se sabía y se esperaba con tanta ansiedad. La desaparición de los normalistas de Iguala fue un crimen de estado conocido y monitoreado al más alto nivel gubernamental.

Lo que más indigna es que pudo haberse impedido y en todo momento lo que ocurría en la noche del 26 y madrugada del 27 en Iguala fue conocido en tiempo real por las autoridades municipales, estatales y nacionales, y seguido por drones de la Marina como si se tratase de una película.

El informe presentado el jueves 18 de agosto por la comisión que encabeza el subsecretario de gobierno Alejandro Encinas, es tan desgarrador y duro que, aunque se tenía casi certeza de sus detalles, a los familiares les cuesta trabajo digerirlo y anunciaron se tomarán tiempo para presentar su posición.

La información brindada por el funcionario es preliminar, pero concluyente, lo cual significa que cuando se entre en los detalles y se revele paso a paso cómo eliminaron físicamente a los 43 estudiantes, se estremecerán las almas de hasta las personas más insensibles.

Encinas fue muy claro al insistir en que no hay indicios de que estén vivos por lo que la consigna de los familiares “Vivos se los llevaron, vivos queremos que los devuelvan” más que una demanda se convierte en una sentencia, una imposición a los impartidores de justicia, al gobierno y al ejército, de que no haya manos tibias en el castigo.

Los tres niveles del gobierno, la policía y el ejército pudieron impedir la barbarie cometida por el hampa organizada -el cártel Guerreros Unidos- bajo su supervisión, incluidas las estructuras de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De allí el férreo "pacto de silencio" que la comisión ha tenido que ir rompiendo poco a poco.

La meticulosa farsa de La Verdad Histórica, urdida por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General, hoy prófugo de la justicia y amparado por el gobierno de Israel, confirma la responsabilidad de la administración de Peña Nieto en los hechos.

Encinas aclaró que en las decenas y decenas de personas bajo investigación, no está el exmandatario radicado con sus millones de dólares en España, pero hizo una salvedad importante: “por ahora”, y esa afirmación renueva esperanzas de que se llegará a las raíces del crimen, observaron los familiares.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo el cuidado de entregar a estos el informe de 104 páginas y ocho anexos, antes de darlos a conocer en el propio Palacio Nacional a periodistas.

La recomendación hecha por varios de los asistentes a la presentación del valioso documento es que se publique y distribuya al mundo entero para que la humanidad no solamente conozca esa barbarie, sino que actúe para impedirlas en cualquier lugar del planeta.

Párrafos del informe como el siguiente, avalan una publicación masiva de un informe que es preliminar y que sus autores reconocen apenas como el prolegómeno del asunto:

“Todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de estudiantes a Iguala, de su llegada al Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su arribo a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto».

«Las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.

Con la revisión y análisis de todos los elementos –entre ellos expedientes, registros telefónicos y de mensajería, testimonios, archivos del Ejército y otras corporaciones, videograbaciones, entras otras– “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huiztuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.

¿Por qué lo hicieron? ¿Qué compromisos tan fuertes tenían con Guerreros Unidos y en general con el crimen organizado para semejante barbaridad? ¿Cuál fue la razón de inventar una «verdad histórica», inculpar a gente ajena a los hechos, desaparecer los cuerpos de los jóvenes? ¿Qué altos grados de corrupción los impulsaron? y ¿por qué los partidos políticos que representaban no movieron un dedo para investigar?

Son preguntas formuladas por los familiares quienes esperan respuestas.

(Con información de Prensa Latina)