Cubadebate

La ley antimigrante más severa del país obliga a trabajadores indocumentados en Alabama a vivir en un clima de terror que afecta sobre todo a los niños, en lo que defensores de garantías individuales consideran una "crisis humanitaria".

Miles de niños han desaparecido de las escuelas públicas al ser retirados por sus padres por temor, mientras cientos de familias abandonan el estado al implementarse una ley diseñada explícitamente para hacer imposible la vida de los inmigrantes en Alabama y, en palabras de un legislador estatal que ayudó a impulsarla, "hacer todo menos balearlos".

Patrones reportan que muchos de sus trabajadores latinos, sobre todo mexicanos, no se están presentando a sus empleos. Varios inmigrantes dicen que temen salir de casa.

La ley, que entró en vigor el pasado fin de semana, criminaliza casi todo aspecto de la vida pública de los indocumentados y la de cualquiera que les ofrezca asistencia, les dé empleo o les preste servicios públicos. Pero lo más preocupante para defensores de derechos civiles es el efecto sobre los menores de edad.

Bajo esta ley, las escuelas están obligadas verificar la condición migratoria de cada nuevo estudiante y de sus padres, y reportar esa información (supuestamente sólo el número, no nombres) al estado, agentes de policía deben solicitar a toda persona que cuestionan o detienen, y sospechan que podría ser indocumentado, y comprobar su condición migratoria. Además, esta nueva ley prohíbe a los indocumentados firmar contratos, rentar vivienda o tener acceso a servicios públicos y, por supuesto, a un empleo.

Poco más de 4% de la fuerza laboral es indocumentada

Aunque se ha incrementado la población inmigrante de Alabama, sigue siendo minúscula; sólo 3.5 por ciento de la población estatal es nacida en el extranjero según cifras federales. Un poco más de 4 por ciento de la fuerza laboral es indocumentada, según cifras del Centro de Investigación Pew.

Para la abogada Mary Bauer, directora de asuntos legales del Southern Poverty Law Center, "este es un día muy oscuro aquí en Alabama, hay una crisis humanitaria desarrollándose....

Esto recuerda la era de la segregación racial institucionalizada en este estado, es difícil convencernos de que no estamos de regreso". En una conferencia de prensa telefónica organizada por el Foro Nacional de Inmigración, Bauer, quien encabeza una de las pugnas legales para frenar la ley, informó que su centro ha recibido más de 2 mil llamadas de emergencia en las últimas dos semanas, incluidos maridos tratando de saber qué hacer porque no pueden llevar a sus esposas a dar a luz en los hospitales, padres que temen acudir a las salas de emergencia, y otros que no pueden contratar servicios públicos como el del agua.

Bauer señaló que además de que miles de estudiantes han sido sacados de las escuelas públicas por padres temerosos de las consecuencias de la nueva ley, la cual obliga a las autoridades escolares a preguntar a los menores por su lugar de origen, los niños latinos, documentados e indocumentados, ha sido sujetos a todo tipo de trato hostil.

En un caso, relató, sólo los alumnos latinos fueron llevados a la cafetería de una escuela y se les pidió levantar la mano si habían nacido en Estados Unidos. Por otro lado, sus compañeros han empezado a insultarlos con mensajes racistas y se les dice que serán deportados o que sus padres serán encarcelados, todo por el clima de odio generado por esta ley. Los padres temen llevar a sus hijos a la escuela o a cualquier otro lugar. "La vida, tal como la conocíamos, se acabó para los latinos en este estado".

Algunos padres de familia elaboran planes de contingencia en caso de que sean arrestados y separados de sus hijos. El sacerdote católico Jack Kane, director de asuntos hispanos para la arquidiócesis de Mobile, Alabama, informó que cada vez se sabe de más casos de familias que escapan del estado, pero que ahora vivirán como "nómadas" por estas leyes, con efectos tan terribles para los hijos. "Los padres llegan a nosotros para hacer arreglos sobre la custodia de sus hijos en caso de ellos sean arrestados o deportados, y en consecuencia, separados de sus niños. Todos ustedes, que tienen hijos, ¿cómo se sentirían al firmar ese papel otorgando la custodia de sus hijos en caso de arresto?", preguntó.

Wendy Cervantes, de la organización de defensa de niños First Focus, indicó que la ley de Alabama viola los derechos de los menores de edad, y "es una atrocidad que los políticos de Alabama estén enfocados sobre los más vulnerables, los niños, para promover sus políticas antimigrantes".

Esta ley es mucho más amplia y severa que otras parecidas, como las de Arizona y Georgia, y a diferencia de ellas, los tribunales en Alabama no han congelado o suspendido sus cláusulas más destructivas. "No hemos visto en ningún otro lugar el nivel de terror y destrucción de familias que estamos viendo en Alabama", dijo Bauer. "Demonizar a este pequeño sector (menos de 2 por ciento de la población del estado es inmigrante), usando a los niños como piezas claves nos hace preguntarnos aquí en Alabama, ¿en qué tipo de personas nos hemos convertido? Me duele. Es un día triste aquí".

Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice Education Fund, afirmó que la ley en Alabama provoca que "los cultivos se pudran en los campos, los niños temen ir a la escuela, y el estado revive memorias de su horrenda historia de derechos civiles. Todo eso y la ley en Alabama no resolverá una sola cosa que esté rota en nuestro sistema de inmigración. ¿De verdad queremos ser este tipo de país"?

Sin embargo, para promotores de las políticas antimigrantes, la ley en Alabama es un prototipo de las leyes que desean promover por todo el país. Es lo que están logrando en varios estados, además de Alabama, Georgia y Arizona, como el caso de Indiana, Utah y Carolina del Sur.

Para algunos, el problema es la falta de acción en Washington. El obispo católico Jaime Soto indicó hoy que "el fracaso de llevar a cabo una reforma migratoria integral en Washington permite situaciones como la de Alabama".

(Con información de La Jornada)