Cubadebate

SOBRE LA VENTA DE MODULOS EXPONGO LO SIGUIENTE.
La Resolución 54, “Indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno”, del fecha 20 de abril de 2018, de la Ministra de Comercio Interior, en su resuelvo quinto, inciso c) establece entre los principios de protección al consumidor: evitar las prácticas abusivas.
La Resolución en cuestión a pesar que incluye el termino practica abusivas, no lo define, pues la ley no está para definir conceptos, pero en concreta, las prácticas abusivas, según los especialistas de la materia, los organismos internacionales y la legislación de varios países, incluye: violar los derechos de elección y libre contratación del cliente, imponerle un producto como condición para adquirir otro, por lo que se prohíbe las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo. Por eso la prohibición legal de las prácticas abusivas se dirige a evitar que el consumidor sea compelido a adquirir bienes o servicios que no necesite o que no se ha planteado usar o adquirir en esa oportunidad. Sin embargo, se permiten los “combos”, la combinación de diversos bienes o servicios, siempre que cada producto que integre el conjunto pueda ser adquirido por separado.
Por todo ello, si las empresas deciden vender módulos, deben igualmente tener esos mismos productos de forma separada, para el que así lo desee también, la opción no puede ser únicamente módulos, ya que entonces estarían imponiendo la compra de un producto como condición para adquirir otro, lo que constituye una práctica abusiva, violatoria de las normas de protección al consumidor, sancionable en el Decreto Ley 155 de 1989, que en su artículo 2, establece que: contravendrá las regulaciones sobre el comercio minorista, gastronomía, y determinados servicios a la población, y se le impondrá la multa que en cada caso se señala, el que, inciso h), ofrezca a los consumidores la adquisición de determinado producto como condición para adquirir otro….

EN ESTA MISMA CUERDA DE RAZONAMIENTO Vale acotar que la Constitución de la República de Cuba del 2019, en su artículo 1 establece que Cuba es un Estado de Derecho y de justica social, lo que implica respectar la legalidad, y los derechos de la población, y en sus artículos 7, 9, y 90 inciso b), establece que la Constitución es la norma jurídica suprema del Estado; a cuyo cumplimiento están todos obligados; las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como de las organizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone; cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos; los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, además, velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias; siendo un deber de todo ciudadano cubano cumplir la Constitución y demás normas jurídicas.

En concreta, nadie está por encima de la ley, todos debemos cumplirla, por eso como es posible que se viole la legalidad socialista, y el Decreto ley 155 de 1989 de las contravenciones de las regulaciones sobre el comercio minorista, gastronomía, y determinados servicios a la población, y nadie haga nada, toda vez que la imposición de la compra de un producto como condición para adquirir otro, constituye una práctica abusiva que viola no solo el Decreto-ley 155 antes citado, sino también la Resolución 54, del 20 de abril de 2018, de la Ministra de Comercio Interior, que establece entre los principios de protección al consumidor evitar las prácticas abusivas.

JUSTIFICACIONES SIN SENTIDO: Si bien las empresas tienen como fin obtener utilidades, y en la actual crisis económica muchas tienen una situación económica-financiera desfavorable, el saneamiento de las finanzas de esas empresas no puede ser acosta de la desgracia del pueblo, trasladando las ineficiencias a la población. Esgrimir también como justificación el desabastecimiento existente, y que con los módulos se busca regular la venta de los pocos productos existente, carece también de fundamento, y no justifica violar los derechos de los consumidores, si se quiere regular un producto para evitar el acaparamiento, lo correcto es dar una cantidad limitada del producto, pero para nada esto justifica que se quiera imponer la compra de un producto como condición para adquirir otro, o sea, no se puede imponer la obligación de adquirir el modulo completo, más el cliente debe elegir, si adquiere el grupo de productos completo, o un producto en particular.
Actualmente a las empresas se le ha dado autonomía para formar precios, los cuales deben cubrir sus costos y dar un margen de ganancia, pero para nada dicha facultad de formación de precios, implica imponerle un producto al cliente como condición para adquirir otro, o sea, los famosos módulos que ahora están de moda.
Es decir, a pesar que las empresas pueden formar sus precios de ventas, y hasta cierto punto pueden confeccionar módulos para algunos clientes que los deseen, dichos derechos tienen como limite el disfrute de los derechos de los demás, la seguridad colectiva y el bienestar general, tal y como establece la Constitución de la Republica en su artículo 45; por ello, los derechos de las empresas de formar precios, y estrategias de ventas para garantizar sus resultados económicos y recuperarse de su situaciones financieras desfavorables, tienen como límite, no violar los derechos de los consumidores que en última instancia son derechos del ciudadano y la población, o colectividad.

CONCLUSIONES: En fin, el cliente no recibe nada regalado, compra el producto que desea a cambio de su precio, y para nada está obligado a comprar un producto que no desea para adquirir el que en verdad quiere, lo cual es un derecho universal reconocido en la mayoría de los países, hacer lo contrario es una práctica abusiva y desleal violatoria de los derechos del consumidor, el cliente y en consecuencia del ciudadano; y con ello al Estado de derecho y legalidad que establece la Constitución de la República, por eso las ineficiencias de las empresas y las pérdidas económicas por productos de poca venta, no se pueden trasladar a los clientes obligándoles a comprar productos de lento movimiento, cuando lo que desea el consumidor es otro producto.

Todo muy interesante, pero un artículo que solo menciona lo que todos sabemos y que no ahonda sobre sus causas y posibles soluciones es más de lo mismo