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The New York Times
12 de mayo de 2005
EDITORIAL

Un solo estándar para los terroristas

En nombre de la credibilidad, la consistencia y la justicia para 73 víctimas, el gobierno de los Estados Unidos no le debería dar asilo político a Luis Posada Carriles, el principal sospechoso de la voladura de un avión cubano en 1976.  Se estima que él entró ilegalmente a los Estados Unidos hace seis semanas.  De hecho él debe ser arrestado y extraditado para ser enjuiciado, no solo por el ataque contra del avión, sino también por los otros ataques terroristas que admitió haber planeado, incluyendo uno en 1997 que mató a un comerciante italiano de visita en La Habana.

Enjuiciar al Señor Posada en los Estados Unidos por esos crímenes sería difícil, sino imposible, porque no ocurrieron aquí y porque las víctimas no son norteamericanas.  Lastimosamente, la Administración de Bush no cree en la Corte Internacional Penal, la cual sería el foro ideal para su juicio.  Eso nos deja con la desagradable opción de honrar la solicitud de extradición hecha por Venezuela, base principal de las operaciones de Posada en la época de la voladura del avión.  Como el presidente venezolano, Hugo Chávez, es un fuerte aliado de Fidel Castro, Posada pudiera terminar ante un tribunal en La Habana.

El Señor Bush ha enfatizado su claridad moral contra el amparo a terroristas. Pero hacer lo que está claro moralmente en este caso tiene sus riesgos ante las urnas electorales de parte de la comunidad cubanoamericana, tan ferozmente anticastrista, y que ha ayudado a poner en campo republicano al Estado clave de la Florida en las recientes elecciones.  Otra manera salir de este problema es deportarlo a un país europeo dispuesto a enjuiciarlo o enviar el caso a la Corte Internacional Penal.

Lo que no puede hacer la Administración de Bush es ampararlo y darle asilo político.  Desde el 9-11, los Estados Unidos han luchado para excluir a posibles terroristas del suelo norteamericano, y consecuentemente, ha dificultado todo proceso para obtener refugio en este país a los que huyen de sus países nativos en casos de persecución.  Washington ofendería los principios norteamericanos y sentaría un precedente extremadamente dañino si hace una excepción especial para un terrorista confeso.