Cubadebate

Según un informe del Senado, se hicieron pagos de millones de dólares a Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos para deportar a esas naciones migrantes de otras nacionalidades. Foto: AP.

Estados Unidos gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos, a medida que los funcionarios de inmigración ampliaron la práctica durante el último año para cumplir los objetivos del presidente, Donald Trump, de expulsarlos rápidamente, reveló un informe elaborado por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El documento señaló que encontró pagos de entre 4.7 y 7.5 millones de dólares a Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos para deportar migrantes a esas naciones, y calificó esta práctica de “costosa, derrochadora y con escasa supervisión”.

Los senadores pidieron un “serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”, y que en ocasiones ha costado más de un millón de dólares por persona expulsada del país, reportó Reuters.

En uno de los ejemplos citados, un jamaicano fue enviado a Esuatini con un costo de más de 181 mil dólares, a pesar de que un tribunal estadunidense dictaminó que debía ser devuelto a su país de origen. Semanas más tarde, fue trasladado en avión –también a cargo del gobierno estadunidense– a Jamaica, cuyo gobierno nunca se opuso a su regreso.

En este contexto, un juez federal ordenó a la administración Trump que facilite el retorno de una estudiante universitaria que, según reconoció, había deportado a Honduras incumpliendo una orden judicial, tras lo cual, sin embargo se negó a repatriarla.

Any Lucía López Belloza, de 19 años y estudiante de Babson College, fue deportada tras ser detenida en un aeropuerto cuando viajaba para pasar las vacaciones de Acción de Gracias con su familia en Texas.

Instalaciones del ICE en Baltimore, “una vergüenza”

El congresista Jamie Raskin calificó de “vergonzoso” lo que encontró al visitar, sin previo aviso, las instalaciones de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore.

“Kristi Noem (secretaria de Seguridad Interior) tiene un presupuesto de 75 000 millones de dólares que podría usar para garantizar condiciones humanas, pero vimos a 60 hombres hacinados en una habitación, hombro con hombro, las 24 horas del día, con un solo inodoro y sin duchas. Duermen como sardinas con mantas de papel de aluminio”, denunció en su cuenta de X.

ProPublica visitó el centro de detención de migrantes para familias en Dilley, Texas, donde los niños retenidos relataron la angustia de ser arrancados de sus vidas en Estados Unidos y el miedo a lo que viene después.

Las mamás declararon que sus hijos habían perdido el apetito después de encontrar gusanos y moho en su comida, tenían problemas para dormir en las literas de metal duro en habitaciones compartidas por al menos una docena de otras personas, y estaban constantemente enfermos.

Según las normas, los retenidos sólo pueden permanecer 21 días en las instalaciones, mientras se define su situación, pero la mayoría llevan meses recluidos, informó el medio.

En tanto, el jefe interino del ICE, Todd Lyons, sostuvo que dos de sus oficiales parecen haber hecho “declaraciones falsas” cuando aseguraron que dispararon en la pierna al inmigrante Julio César Sosa-Selis, en Minnesota, en “defensa propia” luego de que el individuo los atacó con una escoba y una pala para nieve.

La justicia estadunidense desestimó los cargos contra Sosa-Selis y Alfredo Aljorna, a quien también acusaron de participar en la agresión; los agentes podrían enfrentar cargos federales por sus acciones.

(Tomado de La Jornada)