Cubadebate

Foto: EFE

Nuevos ataques de la policía contra campesinos de Colombia fueron denunciados hoy por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el contexto de la erradicación forzada de cultivos ilíctos.

El ataque dejó cuatro campesinos heridos en la vereda Caucasia, departamento de Putumayo, cerca de la frontera común con Ecuador.

Según alertó hoy este colectivo político de oposición, el gobierno insiste en la erradicación violenta, mientras los campesinos piden cumplimiento del plan de sustitución voluntaria.

Recientemente, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y
Marihuana de Colombia afirmó que la erradicación forzada de cultivos
ilícitos con la intervención de uniformados incumple el Acuerdo de Paz y es
un riesgo para las comunidades rurales sin casos de COVID-19.

Según señaló la Coordinadora, durante la cuarentena nueve departamentos fueron intervenidos por militares para erradicar cultivos de hoja de coca.

Las comunidades más afectadas por esta acción son las que se
habían acogido al Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícitos
(PNIS), componente de la Reforma Rural Integral.

La abogada Soraya Gutiérrez considera que el gobierno colombiano mantiene una política errada en materia de drogas, por negarse a aplicar el punto 4 de los acuerdos de Paz.

Según explica esta experta en un artículo publicado en el diario Pulzo, el gobierno de Iván Duque le da prioridad a la salida impuesta por los
Estados Unidos, pretendiendo volver a las aspersiones aéreas de glifosato y
aplicando la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca.

El punto 4 del Acuerdo Final: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas,
señala que para contribuir al propósito de sentar las bases para la
construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros
aspectos, encontrar una solución definitiva a ese problema, incluyendo los
cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas
ilícitas.

Uno de los elementos para este fin es la erradicación de los cultivos
ilícitos por medio de un nuevo PNIS, que conduce el gobierno en coordinación
con las autoridades departamentales y municipales.

(Con información de Prensa Latina y Telesur TV)