Cubadebate

Los chilenos exigen desde octubre cambios a la constitución del país, vigente desde la dictadura de Pinochet. Foto: Prensa Latina.

Luego de varias reuniones, producto del estallido social en Chile contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, partidos oficialistas y opositores acordaron realizar un plebiscito en el país para una nueva Constitución.

Desde el Frente Amplio a la coalición de gobierno Chile Vamos, con la excepción del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, llegaron a una propuesta que incluye un plebiscito ciudadano para abril de 2020, en el cual se consultará por la opción de una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente) o una Convención Mixta Constitucional.

El anuncio del denominado acuerdo por la paz y la nueva constitución, fue hecho entrada la madrugada en el edificio del antiguo Congreso Nacional, a 28 días del estallido de un vasto movimiento social, que ha resultado la presión fundamental para que una nueva carta magna se abra camino en el país sudamericano.

De aprobarse la Asamblea Constituyente, todos sus integrantes serán electos para este efecto, y de triunfar la otra opción, será integrada en partes iguales por miembros electos con ese objetivo y parlamentarios en ejercicio.

En ambos casos la elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en los comicios de diputados.

El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía tendrá por único objetivo redactar la nueva Constitución, que regirá en el momento de su promulgación y publicación derogándose la Carta Magna actual.

Tras su redacción por el órgano constituyente el documento será sometido a un plebiscito ratificatorio mediante sufragio universal obligatorio.

Sobre este acuerdo, considerado histórico por los firmantes, el presidente del Senado, Jaime Quintana, remarcó que es un camino de profundización demócrata para construir un verdadero contrato social y una Constitución “ciento por ciento democrática”.

(Con información de Prensa Latina)