Cubadebate

Desde hace meses, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) están en el centro del debate en Cuba. Los altos precios, la comercialización de bienes importados o la discusión sobre si se han autorizado “muchas” son temas recurrentes en las conversaciones sobre el papel de este actor económico en el modelo de desarrollo.

Mientras en el resto del mundo está firmemente asentada la premisa de que las mipymes son fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo, en Cuba bregan por establecerse como dinamizadoras del desarrollo. Desplegar su potencial es una oportunidad a explotar, en alianza con el resto de los actores y bajo el necesario liderazgo de la empresa estatal socialista, como establecen la Constitución de 2019 (refrendada por la mayoría de la población) y los documentos rectores de la política económica y social del Partido y el Gobierno, todos debatidos en consultas populares.

Entender el funcionamiento de las mipymes, y en general de cualquier tipo de empresa, pasa por comprender el contexto donde se desempeñan. Las primeras 35 mipymes fueron autorizadas en septiembre de 2021. Desde año y medio antes, Cuba padecía los efectos de la pandemia, la disminución de los niveles de actividad y el cierre de fronteras con la consecuente pérdida de ingresos en divisas del turismo y otros rubros de exportación. Las distorsiones macroeconómicas se agravaron, la escasez se profundizó y el nivel de vida de la población sufrió un deterioro mayor. Súmese la agudización oportunista de la guerra económica del Gobierno estadounidense en medio de aquella situación. Ese es el contexto en que las nacientes empresas privadas debieron desenvolverse e intentar desarrollarse.

Dos años después, al cierre de septiembre de 2023, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) ha aprobado 8 964 mipymes privadas en las 15 provincias y en 167 de los 168 municipios del país, excepto Bolivia, en Ciego de Ávila.

En el escenario cubano, esta constante apertura y cierre de negocios puede ser ajena, pero es normal en el resto del mundo. Aunque en general el tejido productivo necesita más empresas de todas las formas de propiedad, la irrupción de las mipymes ha ratificado esa tendencia dinámica en la creación, rozando las 9 000 en dos años, de las que el 55% surgieron de cero y el 45% son resultado de reconversiones de negocios que ya operaban como cuentapropistas e incluso cooperativas no agropecuarias.

Sin embargo, no se puede perder de vista que las mipymes son también las que más perecen. La tasa de mortalidad en América Latina puede ser del 50 al 70% en el primer año de vida de la empresa, según los datos que se consulten. Significa que, por cada nuevos emprendimientos que surgen, quiebran otros tantos. Así es el ciclo natural de vida de las pymes, pues son entidades pequeñas, con influencia principalmente en las localidades donde están instaladas, vulnerables al impacto de shocks externos y generalmente con capacidades insuficientes para enfrentar las dinámicas de la gestión empresarial.

La comparación que frecuentemente se hace entre las 2 422 empresas estatales [1] y las casi 9 000 mipymes se centra en la cantidad en lugar del peso relativo de cada actor en la economía, que es donde debe enfocarse la cuestión. Una revisión rápida de estos datos despeja la inquietud de si las privadas están “desplazando” a las estatales. Es indiscutible la necesidad de reformar a fondo la empresa estatal para potenciar su desempeño, pero cuando se la denomina como el “sujeto económico principal” es porque existen condiciones objetivas que así lo garantizan: es propietaria de la mayor parte del patrimonio del país, posee los principales medios de producción y domina en los sectores estratégicos (producción de petróleo, minería, biotecnología, telecomunicaciones, transporte aéreo y por ferrocarril, entre otros), aporta el 87% del producto interno bruto (PIB), concentra el 92% de las ventas netas y el 75% de las exportaciones y emplea a 1.4 millones de trabajadores [2].

Por su parte, el sector privado y cooperativo (al que pertenecen las mipymes) representa hasta el 13% del PIB, apenas el 8% de las importaciones y una porción diminuta [3] de las exportaciones. En temas de empleo, para el caso específico de las mipymes, ocupan solo a 260 000 personas, según la estimación del MEP. Todos estos datos evidencian el dominio de la empresa estatal socialista en la economía.

En torno a las actividades económicas que realizan las mipymes, aparece la polémica de que se necesitan “más” mipymes dedicadas a la producción y “menos” al comercio. En primer lugar, las actividades principales de las mipymes cubanas son, por orden: 1) gastronomía, 2) construcción, 3) industrias manufactureras y 4) producción industrial de alimentos y bebidas. En el quinto lugar está la comercialización de bienes, que incluye tanto la venta de productos nacionales como importados.

En segundo lugar, la naturaleza de la actividad de comercio, principalmente la minorista [4], implica un proceso de intercambio directo con la población que hace más “visibles” este tipo de negocios. Sin desconocer la cantidad (y necesidad) de pequeños comercios que han ido apareciendo en calles, esquinas y plazas, no significa que todo el sector privado se dedique al comercio. Además de las mipymes, otros actores económicos como los trabajadores por cuenta propia se dedican a la actividad comercial.

En tercer lugar, para que haya más mipymes de producción, una política nacional de promoción y fomento de pequeños negocios debería diseñar un sistema de incentivos que las estimulen por encima de otras actividades económicas.

En el contexto que se ha explicado, producir implica invertir capital, mayores costos, mayores riesgos y mayor incertidumbre frente a la posibilidad de recuperar rápidamente el capital con la venta de un contenedor de productos importados. Por ejemplo, una mipyme de fabricación de calzado tiene hoy los mismos impuestos que una mipyme de comercio de cervezas importadas. Sin caer en la trampa de demonizar la comercialización, actividad legítima y necesaria dentro de las cadenas de valor y que está resolviendo en parte el consumo de un segmento del mercado, se hace necesario incentivar la producción con mecanismos económicos y financieros.

La política nacional de fomento y promoción, de conjunto con las herramientas que tienen los gobiernos locales para estimular el surgimiento de emprendimientos que satisfagan los objetivos de las estrategias de desarrollo municipales, son parte del engranaje para articular un ecosistema empresarial efectivo y sostenible.

El surgimiento de las miles de mipymes existentes hoy no ha significado en ninguno de los casos la privatización del patrimonio estatal, entendida como la transmisión parcial o total de propiedad. Más bien, ha ocurrido un fenómeno positivo reflejado en la concreción de encadenamientos productivos donde, por ejemplo, un actor económico provee de materia prima a otro que de esa manera reactiva capacidades productivas que estaban ociosas o subutilizadas. El resultado es la producción de un bien que se destina al consumo de la población o de otras entidades. Cada encadenamiento resuelve una pequeña parte de un pequeño problema de una comunidad determinada.

En este sentido, debe superarse la discusión antagónica empresa estatal versus empresa privada y pasar a la discusión de cómo generar más encadenamientos productivos y más alianzas público-privadas. El sistema empresarial cubano es uno solo, y mientras más empresas se incorporen es más beneficioso para la economía y la sociedad. Más empresas se traducen en más producción de bienes y servicios para la población; más posibilidades de realizar proyectos personales de vida dentro del país; más empleo, con la incorporación de más personas al trabajo; más competencia que genera mayor eficiencia, innovación, calidad, e incluso disminución de precios; más especialización en la producción; más encadenamientos y más alianzas. Todo eso significa crecimiento económico y desarrollo.

Articulado con todo lo anterior, el control de las mipymes y en general de todos los actores económicos debe centrarse en que cumplan con las normas jurídicas vigentes, que las producciones y servicios tengan la calidad establecida, que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, entre otros. Para eso existen organismos de la Administración Central del Estado e instituciones con funciones definidas en la evaluación y el control de las diferentes políticas y actividades, tanto para las mipymes como para las empresas estatales y para cualquier actor de la economía. Por ejemplo, el Ministerio de la Construcción controla que los bloques y materiales cumplan las normas técnicas para la edificación de obras; el Ministerio de la Industria Alimentaria requiere el registro de todos los productores industriales de alimentos y bebidas y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de inocuidad; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vela que se garanticen los derechos del sistema de protección social cubano (salario, vacaciones, licencia de maternidad, entre otros). El cumplimiento de dichas funciones pasa por facilitar el conocimiento público de las regulaciones, realizar acciones de capacitación y aplicar sistemas de inspección y control que hoy ya existen.

Las mipymes en Cuba están en su estado embrionario. Es lógico que, a dos años de surgidas en un entorno macroeconómico complicado y una situación económica en general difícil, se manifiesten distorsiones y problemas a corregir. Sin embargo, sus beneficios no deben ser obviados mediante generalizaciones y prejuicios basados en anécdotas o sin respaldo de datos. Los impactos locales de las mipymes requieren el nacimiento constante de miles y miles de emprendimientos que compitan en los diferentes mercados, satisfagan de a poco las necesidades de la población, se encadenen, reemplacen a los negocios que mueren y, de conjunto con la empresa estatal y todos los actores, impulsen la aceleración de la recuperación económica en el marco del proyecto socialista que el pueblo cubano escogió.

[1] Incluye la empresa estatal tradicional, empresas filiales, sociedades mercantiles de capital 100% cubano y mipymes estatales.

[2] Datos informados por el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 22 de julio de 2023.

[3] El ministro de Economía y Planificación informó en la misma sesión parlamentaria que las exportaciones de las mipymes y los trabajadores por cuenta propia representa el 0.2% del total de exportaciones del país.

[4] El comercio minorista se refiere a la venta de bienes con destino a la población. El comercio mayorista, en cambio, a la venta de bienes entre entidades.