Ni los espías eran espías, ni se cambió petróleo por cereales, ni la Interpol eliminó las alertas rojas; las denuncias del fallecido fiscal Alberto Nisman contra el Ejecutivo argentino son tan endebles e inconsistentes que no tienen asidero legal alguno.
La imputación contra la Presidenta y su Canciller realmente solo ha servido para desatar un escándalo político del que quiere sacar provecho a cualquier costo la oposición argentina que intensifica una incisiva campaña contra el Gobierno al inicio de un año electoral.
La muerte del fiscal acusador tres días después que presentó la insólita denuncia el miércoles 14 sirvió de leña para avivar la ofensiva opositora.
Llamados a protestas callejeras, estridente ofensiva mediática en la que no falta la distorsión y cáusticas declaraciones de detractores políticos y hasta dichos antigubernamentales de famosos de la farándula siguen retumbando en la escena argentina.
Es tal la desesperación por derrocar el modelo popular nacional que inició Néstor Kirchner en 2003 y ha venido ampliando Cristina Fernández en sus dos mandatos que el baqueteo opositor colinda con la histeria política.
La inaudita imputación de Nisman de que el Ejecutivo urdió un complot para encubrir la presunta implicación de Irán en un atentado en 1994 contra una institución judía argentina a cambio de petróleo tiene tan poco sustento que puede ser fácilmente desenmascarada en un tribunal.
Sin embargo, los que la concibieron lograron el objetivo que perseguían de desatar el escándalo político, que se hizo más retumbante tres días después con la “muerte dudosa” de Nisman, según caratuló el expediente la fiscal que investiga el caso Viviana Fein.
Con ello dieron buenas armas a las fuerzas de adentro y de afuera afanadas en que no vuelva a triunfar en las elecciones de 2015 en Argentina, que cierra el ciclo electoral en Sudamérica, un proyecto de carácter popular progresista.
En un comunicado, la Central de Trabajadores de Argentina demandó el total esclarecimiento de la muerte del fiscal, e instó a que “este suceso no debe ser materia de especulación política, de la que se pretende sacar rédito electoral”.
Para la agrupación sindical es evidente que el clima generado a partir de la muerte del fiscal Nisman pretende ser aprovechado por estos mismos grupos de poder que sueñan con “el fin de ciclo” para cortar de cuajo el proceso de verdad y justicia iniciado en 2003.
Con ello -recalca- también quieren frenar los avances en la distribución de la riqueza y, más recientemente, la reivindicación de nuestra soberanía nacional ante la embestida de los fondos buitres con la restauración neoliberal.
Para lograrlo buscan que este gobierno llegue a su fin en un escenario de caos e ingobernabilidad, que borre del imaginario colectivo la reivindicación del Estado como garante de políticas públicas, la Integración Regional y el crecimiento económico con inclusión social, advierte la CTA.
Demanda, a su vez, sacar a la luz “el entramado mafioso que desde hace décadas y pese a los 31 años de democracia, sigue actuando como un poder fáctico con capacidad de desestabilizar gobiernos y de generar zozobra en la ciudadanía”.
Claudio Lifschitz, abogado y testigo principal de la causa AMIA consideró que la denuncia del fallecido fiscal tiene una obligada vinculación con personal de Inteligencia que fue separado del cargo en diciembre por la Presidenta.
Entre otros apartados está Antonio Stiusso, quien fuera director de Operaciones de Contrainteliencia, quien luego de entregarle las grabaciones de las pinchaduras telefónicas a Nisman abandonó el país, según el político y escritor Miguel Bonasso.
Stiusso fue el enlace en Argentina de la CIA y el Mossad, el servicio secreto israelí, según ha trascendido, mientras documentos confidenciales revelados por Wikileaks indican que Nisman estaba vinculado a la Embajada de Estados Unidos interesada en que su investigación estuviera dirigida contra Irán.
En opinión de Lifschitz, la imputación es "un contragolpe de los aparatos de inteligencia" y, sin dar nombres, señaló entre sus autores a "personas de las que Nisman fue vocero de sus tesis y teorías" sobre el atentado de 1994.
"Sabemos que estas personas separadas son las que llevaron a Nisman a esta posición respecto al memorando con Irán, y ese desacuerdo, sumado a los apartamientos, motivaron ese apuro en la presentación de la denuncia".
Hasta su muerte pudiera emanar de toda esa vinculación y fuertes presiones. La fiscal que investiga el caso la sigue considerando un suicidio pero no descarta el homicidio.
El azuzado escándalo le sirve también a los que se oponen a que comience en agosto como está previsto el juicio por encubrimiento, un prolongado proceso reiteradamente obstaculizado por medidas cautelares interpuestas por los abogados de los acusados.
Entre ellos están el expresidente Carlos Menem, el exjuez de la primera causa Juan José Galeano, inhabilitado para oficiar como magistrado porque se comprobó que le dio 400 mil dólares al principal encartado para que cambiara su declaración y mintiera.
Además, están acusados el exjefe de Inteligencia Hugo Anzorreguy, fiscales, comisarios, agentes y Jorge “Fino” Palacios, designado por el gobernador de Ciudad Buenos Aires, Mauricio Macri, como el primer jefe de la Policía Metropolitana.
“Creo que lo más importante es advertir que se intenta hacer con el juicio de encubrimiento lo que se hizo con el proceso principal 21 años atrás: desviar, mentir, tapar, confundir”, sostuvo la presidenta Cristina Fernández en una carta que difundió por Facebook.
Utilizado durante 10 años, Nisman pudo haberse convertido en una pieza descartable y después de desatado el escándalo político, su eliminación pudo ser una opción, más cuando contribuiría a exacerbarlo.
Solo la investigación de la fiscal Fein puede llegar a la verdad de lo sucedido, si encuentra las evidencias y las circunstancias y su propia voluntad se lo permiten.
(Tomado de Prensa Latina)