La socialización del conocimiento jurídico fuera de los espacios académicos o especializados requiere un ejercicio permanente en pos de acercar este fenómeno y sus conceptos a todas las personas.
El Derecho está omnipresente en la vida de la sociedad y sus individuos, pero habitualmente es de difícil comprensión para quienes no lo han escogido como centro de su formación profesional. Sin embargo, es tan útil el Derecho, tan ineludible, tan cotidiano, que no se puede convivir sin comprender al menos básicamente, sus fines y articulaciones internas.
Al adquirir un artículo en un establecimiento de comercio; cuando quien trabaja por cuenta propia paga sus impuestos; al firmar un contrato laboral o jubilarnos; en el ejercicio de nuestro derecho al voto; cuando nos casamos o nos divorciamos, o permutamos; todas estas acciones y muchas otras de la vida cotidiana, están pautadas por el Derecho. Este establece y promueve parámetros de actuación positiva, procedimientos, derechos, facultades, deberes, garantías, y también consecuencias ante el incumplimiento de sus preceptos. Pero todo ello gira en torno a las personas, ellas y sus acciones constituyen la razón de ser del Derecho. Ninguna sociedad renuncia a su existencia, es una herramienta imprescindible en la búsqueda del orden y la seguridad, constituye un mecanismo esencial para la armonía social.
Sobre la base de esta premisa, se convierte en un imperativo cívico conocerlo, acercarse a sus normas e incluso participar en su permanente construcción y adaptación a las demandas de la sociedad. Como ciudadanía, al encontrarnos indisolublemente vinculados al Estado, debemos conocer los elementos que propician ese vínculo, nuestros derechos frente al aparato estatal y también nuestros deberes ante este y el resto de las personas, con vistas a la convivencia armónica y al desarrollo colectivo.
Como personas individuales, el Derecho nos ayuda a resolver conflictos y nos permite dotar de formalidad muchas de nuestras actuaciones en los ámbitos laboral, familiar, financiero, entre muchos otros. Por lo tanto, es imposible vivir ajenos a sus contenidos, modificaciones y potencialidades.
El Derecho, sus normas y alcance, no constituyen asuntos que conciernen en exclusiva a los juristas. Es frecuente una percepción del Derecho que lo identifica solo como un conjunto de cuerpos normativos (Constitución, Leyes, Decretos Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otros). Sin embargo, algunos aspectos como: la correcta jerarquía entre estos, la necesidad de coherencia entre todos o la importancia de que determinados contenidos jurídicos como los derechos y sus garantías sean regulados en Ley y no en disposiciones normativas inferiores, son poco conocidos.
A ello se suma la percepción popular limitada de que la función principal del fenómeno jurídico es aquella vinculada con el establecimiento de prohibiciones y la imposición de sanciones. Sin embargo, aunque ciertamente el Derecho prohíbe conductas que se consideran lesivas a la convivencia civilizada y a los derechos de las personas, esta es una visión reduccionista que debe complementarse con aquella que comprenda que este no solo reprime conductas y castiga en consecuencia, además, es cause para la realización de intereses individuales y colectivos. Desde el Derecho también se promueven acciones positivas, se educa para una mejor convivencia y se establecen procederes para las diversas relaciones imprescindibles en la vida cotidiana de la sociedad.
Cultivar la cultura jurídica
Otro elemento sobre el que debe reflexionarse es que pareciera una verdad inobjetable, que el Derecho nos viene impuesto por el Estado y por tanto solo juristas y políticos deben participar en su creación, por lo que es un fenómeno cuyo nacimiento nos resulta frecuentemente ajeno.
Fertilizar y cultivar la cultura jurídica de un país merece una posición privilegiada en la agenda pública, requiere esfuerzos mancomunados de profesionales e instituciones y debe partir de una proyección política clara, coherente con la comprensión del amplio papel del Derecho en la sociedad. En tal sentido, el Estado debe intencionar y promover la difusión y análisis de los temas jurídicos que impactan a todas y todos, lo que ha de hacerse sin reservas, pero siempre ponderando aquellos vinculados con los cuerpos normativos que se encuentran en proceso de aprobación y/o elaboración y con aquellos temas que pueden generar intensos debates colectivos en un momento histórico determinado en esa marcha indetenible de la sociedad.
Sin embargo, una buena manera de fomentar esa cultura jurídica popular, se logra no solo a partir de la ampliación de conocimientos sobre el Derecho y sus normas, sino además creando cada vez más espacios y oportunidades reales y efectivas para que la ciudadanía participe en la construcción y reconstrucción del ordenamiento jurídico nacional. Sobre todo, en nuestra sociedad socialista, es necesaria cada vez más, la implicación popular en el perfeccionamiento permanente del Derecho.
En el escenario nacional, el proceso constitucional desplegado recientemente, que tuvo como colofón la aprobación de la Constitución de 2019, colocó al Derecho en el debate cotidiano, mostró una inteligencia colectiva volcada a dotar al país de una Constitución que reflejara la síntesis de concepciones y aspiraciones donde, en gran parte de su texto, la mayoría de los ciudadanos se vieran reflejados. El proceso participativo generado en torno a la nueva Ley Suprema cubana, significó punto de partida para una labor permanente a fin de absorber con inteligencia la sabiduría popular que se manifiesta cuando el pueblo, con su propio lenguaje, sugiere, propone, critica y exige. Pero el proceso que comenzó con la Constitución no ha concluido, los preceptos en ella contenidos requieren ser defendidos y desarrollados en otras normas que están en proceso de elaboración paulatina. El reto está en curso y para ello debemos prepararnos.
El Derecho utiliza las normas como medio para establecer cierto orden, estas expresan importantes valores jurídicos tales como la justicia, libertad, igualdad, dignidad, responsabilidad, seguridad. Sus valores no solo constituyen los cimientos, sino también se convierten en fines del Derecho. De este modo, al ser las normas la proyección de aquellos valores, se convierten en cause para su realización, adquiriendo trascendencia no solo para los legisladores, sino también para los intérpretes y operadores jurídicos.
La aplicación del Derecho es tan importante como su creación, en ese proceso deben no solo tenerse en cuenta los valores que subyacen en determinada regulación jurídica, sino también las circunstancias sociales que le dieron sustento. La vida de la sociedad y sus aspiraciones constituyen la fuente de donde ha de beberse para la labor legislativa y son elementos que deben tenerse en cuenta también por quienes aplican las normas, para ajustar las decisiones jurídicas a las realidades circundantes. Este ejercicio no está exento de tropiezos y sus retos pueden ser objeto de reflexiones futuras. Lo cierto es que la percepción que se tiene del Derecho generalmente recibe la influencia directa de nuestras vivencias al respecto.
Todo ello complejiza este fenómeno multidimensional: normas, valores, condicionantes sociales, económicos y políticos, elementos técnicos, una madeja que debe articularse siempre en pos de la justicia.
El Estado, sus órganos y funcionarios no solo deben hacer cumplir el Derecho, sino también cumplirlo. Este establece límites a su actuación y un marco para el despliegue de sus funciones. Por eso cuando se habla de legalidad como principio rector de la sociedad, ello no solo implica una exigencia de respeto de los ciudadanos a la ley. Es igualmente trascendental de cara a la realización de la legalidad, el cumplimiento del Derecho por parte del Estado, sus órganos, las instituciones y los funcionarios. En esta idea tiene su origen teórico y práctico el principio de legalidad. Incluso, una proyección más amplia, implica que para hablar de juricidad, debe trabajarse permanentemente porque el Derecho sea el camino para el orden y la convivencia social, el medio para la conquista de bienestar y prosperidad y ese propósito nos implica a todos.
Ciertamente, en sentido teórico general, el Derecho es una herramienta del Estado imprescindible para legitimar intereses y aspiraciones de naturaleza política, pero como hemos valorado, no se agota en ello. Cada sociedad pone su impronta al Derecho, se tienen que reflejar en él sus valores, sus necesidades, su cultura, su historia, en fin, su complejidad. Desconocer estos elementos, reducirlo solo a su proyección política, implica cercenar un todo, cuyas partes lo integran de manera inseparable e interdependiente.
Un diálogo desde Cubadebate
Estas reflexiones se constituyen en el preámbulo del que se convertirá en espacio de diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Nuestro propósito es profundizar en los temas jurídicos de mayor actualidad y propiciar el debate saludable y respetuoso alrededor de ellos. Será igualmente esta columna una vía de retroalimentación a fin de identificar temas preteridos, inquietudes, dudas y necesidades de conocimiento sobre estos tópicos en nuestro país. Nos entusiasma a profesores universitarios y juristas en general, contribuir a la comprensión popular de cuestiones muy complejas a las que nos acercaremos con un lenguaje asequible, que elimine un tanto el velo de tecnificación que frecuentemente limita el acercamiento masivo a estas temáticas.
Son tiempos de conquistar, de edificar en el plano jurídico. El esfuerzo de muchos profesionales se encuentra hoy concentrado en dotar a nuestro país de un ordenamiento jurídico cada vez más robusto y coherente con la Constitución y con las necesidades populares. El Derecho cubano no puede ser solo un reflejo de lo que tenemos, sino también de lo que queremos en pos de una sociedad más respetuosa, garantista y próspera. Sobre el reconocimiento de nuestras falencias, debemos edificar, oxigenar, repensar y cambiar todo lo que deba ser cambiado. En ese proceso, resulta imprescindible que germine una cultura jurídica responsable y legítima, comprometida y crítica.
Paralelamente hay que continuar creando canales de comunicación populares, más directos e inclusivos, hay que usar mejor los que existen y hay que dialogar sobre los retos del Derecho en nuestra sociedad, “con todos y para el bien de todos”.