Cubadebate

Los abogados del exdictador haitiano Jean Claude Duvalier, conocido por alias 'Baby Doc', han anunciado que no se presentarán al tribunal de apelaciones que le había citado este jueves para aclarar su posible procesamiento por crímenes contra la Humanidad y malversación de fondos públicos cometidos durante su etapa en el poder.

Duvalier heredó el poder de su padre, François Duvalier, en 1971 y gobernó Haití hasta que fue depuesto por un golpe militar en 1986, precisamente el 7 de febrero de ese año. Coincidiendo con el aniversario de su caída, 'Baby Doc' debía acudir al Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe para asistir a una vista que puede determinar su futuro.

Una corte judicial archivó en primera instancia las denuncias más graves presentadas contra Duvalier, vinculado con supuestos crímenes de lesa Humanidad y presuntos delitos fiscales. Las víctimas recurrieron en febrero del año pasado esta primera sentencia --basada en la prescripción de los hechos-- y, tras varios aplazamientos, el Tribunal de Apelación ha citado para este jueves a todas las partes.

El abogado Reynold Georges, que representa a Duvalier, ha explicado al portal de noticias AlterPresse que finalmente 'Baby Doc' no acudirá a la vista para evitar "conflictos", ante la posibilidad de que se produzcan altercados, principalmente por la coincidencia de la citación con el aniversario del golpe.

Georges ha aclarado que, pese a la ausencia, su cliente está "disponible" para la justicia, si bien este compromiso podría no bastar al tribunal. Los jueces aplazaron el pasado 31 de enero la anterior vista porque consideraron imprescindible la presencia de 'Baby Doc'.

Esta mañana, simpatizantes del antiguo dictador se han concentrado a la entrada del tribunal y han repartido papeles con su imagen como señal de apoyo.

Una fuente judicial consultada por la agencia Reuters informó a finales de enero de que Duvalier previsiblemente se enfrentará a acusaciones de corrupción y no a otras relativas a las desapariciones, torturas y asesinatos ocurridos durante su régimen. La pena máxima, en este caso, se reduciría a cinco años de cárcel.

(Con información de Europa Press)