Cubadebate

Poderos familia cubana exiliada en Miami

Los trabajadores de Sintel han llegado a un acuerdo extrajudicial con MasTec, la propietaria de la firma, para recibir 35 millones de euros de compensación por los daños que les causó la quiebra en 2001, a cambio de retirar la acusación contra los responsables de esa empresa de telefonía.

Sintel fue comprada en abril de 1996 por la empresa MasTec Incorporated, propiedad de los Mas Canosa, poderosa familia cubana exiliada con fuertes vínculos con la contrarrevolución de Miami, a través de su filial MasTec International, que gestionó la compañía hasta su quiebra.

A la espera de la decisión que adopte la Fiscalía Anticorrupción de España, el pacto podría evitar en principio la celebración del juicio oral por la quiebra de Sintel (Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones, S.A.).

El juicio estaba previsto que comenzara en noviembre en la Audiencia Nacional, con ocho acusados sentados en el banquillo y peticiones de indemnización de hasta 296,5 millones de euros.

El presidente de la asociación de ex trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, informó hoy de que los antiguos empleados "se dan por satisfechos" con el pacto alcanzado, que se tiene que hacer efectivo antes del 4 de noviembre, coincidiendo con la fecha de inicio del juicio oral.

De los ocho acusados, cuatro son españoles: Ricardo Campos, exconsejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la misma; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel, y Pedro José Novela, ex director financiero de la ya extinta empresa de montaje de sistemas de telefonía.

En el procedimiento están acusados además Joel Tomas, exconsejero de Sintel y de MasTec International, y José Miguel Sariego, exvicepresidente de MasTec Incorporated.

También están acusados Jorge Mas Santos, quien fuera presidente de MasTec Incorporated y expresidente de Sintel y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Sintel.

Ambos son hijos del fallecido Jorge Mas Canosa, quien fuera jefe del lobby anticubano en Estados Unidos, férreo defensor del bloqueo contra Cuba y organizador de numerosos actos terroristas contra la isla.

La acusación, integrada por 1.742 extrabajadores de Sintel, responsabilizaba a los ocho antiguos directivos de cometer un delito societario y de insolvencia punible; asimismo, acusaban a la Hacienda Pública por descapitalizar de manera "consciente" la firma y llevarla a la quiebra.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado penas de prisión de entre dos años y seis meses, y cinco años y seis meses para los ocho acusados, además de los casi 300 millones de euros para resarcir a trabajadores y acreedores.

(Con información de EFE)