Discurso de la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronunciado el 05 de abril de 2017, donde denuncia ante el organismo internacional las graves violaciones a la institucionalidad y los planes conspiratorios orquestados desde EE.UU. para intervenir en los asuntos internos de Venezuela, siendo el secretario general de la OEA, su ficha principal.
Algo anda muy mal en esta Organización. Hace apenas una semana estuve acá develando el plan intervencionista contra Venezuela, ya decidido por el país Hegemón y activado por sus brazos ejecutores, siendo el Secretario General una de sus principales fichas.
Sabemos de los falsos supuestos que han tratado de forjar para incriminar y condenar a Venezuela en una especie de linchamiento mediático-diplomático. El Presidente Maduro lo ha catalogado como el Tribunal de Inquisición para procesar y juzgar a Venezuela. De Ministerio de Colonias a tribunal inquisidor.
La desesperación de quienes adelantan la vulgar intervención contra mi país llegó a límites inauditos, protagonizando una dantesca escena sin precedentes.
Ocurrió el lunes 3 de abril cuando un grupo de gobiernos decidieron subvertir y quebrantar el orden interno de la Organización, sustituyendo en un solo acto, al Presidente y Vicepresidentes legítimos del Consejo Permanente, correspondiente a la hermana República de Bolivia y Haití respectivamente, sin que ocurriesen los supuestos de hecho para sustituir a la persona del Presidente y Vicepresidente del Consejo Permanente.
Hecho sin precedentes en la historia de esta organización, que ya con esto cuenta otro bochornoso capítulo del más grotesco intervencionismo.
Ya nos habíamos referido a la pertinencia y vigencia sobre la pertenencia a la OEA y su oscuro historial vejatorio de los pueblos.
Dicha usurpación de funciones estuvo precedida de irrespetuosas y vulgares presiones a ambos representantes para que se llevase a cabo un Consejo Permanente a todas luces violatorio del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, de igualdad soberana de los estados, entre otros.
Fracasados sus intentos decidieron sin estupor ni vergüenza alguna asaltar la institucionalidad y llevar adelante un concejo permanente de facto, con Presidente “interino”, en las propias narices de su legítimo Presidente. Un grave fraude jurídico y procesal había ocurrido, pisoteando las normas, principios y fundamentos de la OEA y del Derecho Internacional.
No existe en la historia del multilateralismo precedente de esta naturaleza. Los aires golpistas arrancaron en la Patagonia. Similar proceder mostraba la Triple Alianza en MERCOSUR contra Venezuela, quedando más que en evidencia el contubernio y concierto para delinquir y vulnerar la soberanía de un país hermano de esta Región. La historia cuenta en el mundo con tristes experiencias donde organizaciones regionales han servido la mesa para intervenir e invadir países.
En este grotesco día, una funcionaria, de origen multilateralista, devenida a menos en su rol con responsabilidades internacionales, mostró su verdadera intención contra Venezuela: el tutelaje internacional. Repudio y protesto enérgicamente este fantoche de funcionario que desconoció y quebrantó todo el Estado de Derecho Internacional con sus atrevidas pretensiones y declaraciones sobre Venezuela.
En este cometido trasgresor de la institucionalidad de la OEA están intenciones (maliciosas en algunos casos por ser criminosas, tales como derrocar un gobierno constitucional, promover procesos de intervención, destruir a la propia OEA poniéndola al servicio del Hegemón). Intenciones que eliminan la oportunidad de contar con un espacio regional para el mutuo entendimiento y bienestar colectivo, un espacio que respete siempre los principios del DIP que tanto han costado a la humanidad y que se han erigido como barreras infranqueables ante la historia de atropellos, sujeciones, intervencionismos, invasiones y cuantas formas lesivas de la paz, la cooperación y la buena vecindad se han querido imponer.
Son inadmisibles tanto la sesión como la resolución, las cuales son la evidencia de un gravísimo fraude procesal y forjamiento delictivo de una situación jurídica inexistente, contra un estado miembro al pretender enmarcarse la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en una resolución subvirtiendo la votación necesaria. Tamaña vulgaridad han cometido quienes mediante maniobras pretendieron mostrar una supuesta activación del CDI contra Venezuela sustentadas en el inexistente supuesto de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela.
Venezuela desconoce esa sesión de facto, es inadmisible, inválida y además carece de objeto y legitimación. Sus fallas de origen, ilícitas, la impregnan de nulidad absoluta.
Nótese que la convocatoria sobre la situación de Venezuela (etérea, abstracta, indefinida, sin objeto jurídico válido) la presentan 20 estados (pero la resolución encapsulada) la presentan 13 estados.
Es significativo que en el primer párrafo preambular de la resolución de la Asamblea General que adoptó la Carta Democrática se afirma que uno de los propósitos de la OEA es "PROMOVER Y CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA DENTRO DEL RESPETO DEL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN".
No deja de sorprender que los patrocinadores del proyecto se erijan en intérpretes infalibles del orden constitucional venezolano, arrogándose ellos el control de las decisiones e interpretaciones de la Sala Constitucional. Pero aún sorprende más que lo hagan una vez que la misma Sala Constitucional, a la que se imputa el incumplimiento de la Ley Fundamental de la República, ha aclarado mediante sentencias el alcance de decisiones anteriores, señalando expresamente que no cabe en absoluto interpretar éstas como un desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional y reiterando su respeto de las inmunidades y privilegios parlamentarios.
Lo menos que cabe decir, pues, de la declaración que es premisa de la parte resolutoria del proyecto es que es anacrónica y oculta de mala fe hechos sobrevenidos, con el fin de continuar con su proyecto injerencista.
El sistema constitucional venezolano cuenta con mecanismos adecuados para resolver los conflictos entre sus ramas del Poder público y estos han funcionado rápida y eficazmente. Más bien es potestad del Gobierno de Venezuela invocar la Carta Democrática para llamar la atención sobre las iniciativas de la Asamblea Nacional con el fin de promover la caída del Presidente de la República, pero no lo hizo porque entiende que estos conflictos, ocurren dentro de una democracia fuerte, que a pesar de los abusos, los resuelve en su orden interno conforme a sus propios mecanismos constitucionales.
En Venezuela, el Poder Público Nacional se distribuye, conforme a la Constitución de la siguiente manera:
Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que compete su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
En enero del 2016 (se desequilibró el ejercicio y control del poder público nacional) debido a que factores de oposición, se dedicaron al derrocamiento del Gobierno, olvidando el mandato de sus electores.
La oposición, desde el primer día determinó que en seis meses saldrían del gobierno constitucional.
Esto ha generado un desequilibrio y también un conflicto entre las ramas del Poder Público Nacional, cuya gestión debe funcionar conforme a dos objetivos constitucionales:
Jamás puede ser un mandato constitucional: derrocar un gobierno, más bien es un propósito delictivo. En todos los sistemas jurídicos del mundo las acciones de derrocamiento son delitos gravísimos sancionados con las penas más altas usualmente los más graves después del homicidio.
Es vital entender que los conflictos entre poderes son parte del juego democrático que se dirime con los propios mecanismos constitucionales. Por si mismo NO puede calificarse como grave alteración del orden constitucional. Al contrario, tratarlo como conflicto entre ramas de los poderes públicos es lo adecuado.
¿Qué ha hecho el Gobierno Nacional? lo que la ley le ordena: acudir al camino constitucional y democrático dispuesto por la Constitución. Que no es otro que el control de constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, en este caso de la Asamblea Nacional, cuyo ejercicio compete a la Sala Constitucional.
La situación de conflicto entre ramas del Poder Público es una situación que ha acontecido y acontece en todo el mundo, y la fortaleza de democracias constitucionales como la venezolana disponen de los medios para superarla, como en efecto ha hecho.
(En este punto, la Canciller citó el CASO GRIDLOCK en EEUU)
Tal discrepancia entre ramas del poder público, insertada en un contexto de amenazas donde factores foráneos conspiran sistemáticamente contra el modelo bolivariano, afecta la paz de nuestra República.
(En este punto, la Canciller mostró fotos y videos en los cuales quedaron en evidencia las acciones violentas de la oposición el día 04 de abril de este año, y también fotos de la concentración del pueblo venezolano que quiere paz y rechaza firmemente la intervención)
Eso pasó apenas ayer en Venezuela, cuando la oposición, envalentonada por la supuesta aplicación de la carta democrática como erróneamente han declarado algunos representantes permanentes y el secretario general de esta organización, salieron a las calles con violencia para poner en peligro la vida de millones de venezolanos y su modelo político de respeto a los DDHH.
Citas realizadas por la Canciller:
- EMILIANO ZAPATA. Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno están traicionando y derramado la sangre de sus hermanos.
- ERNESTO CHE GUEVARA. “Podrán acabar con todas las flores pero nunca detendrán la primavera”
- PADRE DE LA PATRIA, SIMÓN BOLÍVAR. “…protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende” (Carta de protesta del Libertador Simón Bolívar al Sr. Irvine, agente del gobierno Norte Americano. Angostura, 7 de Octubre de 1818).