Warren Anderson, el presidente de Union Carbide, el hombre más buscado en Bhopal, ha muerto en septiembre pasado a los 92 años, unos meses antes del aniversario 30 del mayor accidente industrial de la historia. (Fuente: El Mundo)
Guillermo TellVarias personas hacen fila para recibir tratamiento en una clínica para los afectados por la catástrofe de Bhopal en 1984. Foto: REUTERS
Con pesar hay que reconocer las veces que genocidas fallecen por vejez sin que la justicia nunca les rozara, solo si pertenecen a clases sociales encumbradas y las víctimas son pobres, lo que ocurrió con la tragedia de Bhopal en India, una cruel metáfora de las abismales diferencias que separan en este mundo inequitativo.
El escape de gas tóxico de la fábrica de fertilizantes ocurrido en la noche fatídica del 2 al 3 de diciembre de 1984 mató a miles de personas, y todavía hoy entre 120 mil a 150 mil vecinos están batallando contra enfermedades crónicas de los pulmones, del cerebro, de los ojos, del sistema reproductivo y de la mente, depresión y ansiedad que son las más comunes.
Una orden internacional de arresto por “homicidio culpable” lanzada contra Anderson en 1992 a través de Interpol nunca se cumplió a pesar de haber sido localizado en las afueras de Nueva York y pasaba los inviernos en Miami.
La poderosa multinacional Dow Chemical, la misma responsable del lanzamiento del agente naranja en Vietnam, ahora propietaria de Union Carbide, se las ha arreglado con el sistema de justicia estadounidense para eludir tres décadas después, cualquier indemnización a las víctimas que tampoco han recibido una disculpa pública.
Rachna Dingra, que representa a los damnificados declaró en este aniversario que los pobres de Bhopal no han tenido derecho a su Nuremberg porque son tan pobres que gobiernos y corporaciones los juzgan prescindibles. Otra hubiera sido la historia si la nube tóxica hubiera soplado en otra dirección y abatido sobre barrios pudientes, sentenció.