Pedro Sánchez. Foto: Reuters.
La derecha española se propone provocar la caída de Pedro Sánchez lo antes posible. Le atacaron durante su mandato provisional e insisten en desbancarlo como jefe del Estado y lo hacen con una acritud remarcada, procurando que sea penosa o imposible la arriesgadísima trayectoria por delante. Para explicar esa superlativa ofuscación, rayana en lo grosero y carente de la ética mejor puesta, vale aludir a extremos como la virtual demanda previa hecha al ejército, instándoles a dar un golpe de estado contra el gabinete en funciones, e impedir la creación del nuevo, tras las elecciones que les dieron mayoría.
A los conservadores ibéricos les resulta insoportable la alianza del PSOE con Unidas Podemos. Ante todo por el contenido de las reparaciones sociales concordadas por esa izquierda variopinta y sus acompañantes nacionalistas, debido a lo insufrible de ver, en el círculo máximo del poder, a un dirigente, Pablo Iglesias, surgido de las movilizaciones anti neoliberales de calle a inicios de la crisis global, (ocupa la vicepresidencia con deberes pronunciados en la aplicación y defensa de los derechos sociales).
Mucho menos concuerdan con el arribo de un comunista, Alberto Garzón, joven político muy respetado, quien estará a cargo del ministerio de consumo, para clarificar cuáles son los sectores vulnerables requeridos de atenciones. También tendrá bajo su égida, la transparencia en los contratos y recuperar disposiciones para sancionar a las empresas que cometan fraudes, misión desempeñada por las autonomías, pero en lo adelante se ejercerá a escala de nación. Se supone que ello evite corruptelas y mejor servicio.
La derecha, junto con su versión ultra rediviva, se resiste a que proyectos de ese corte estén a cargo de personajes con una agenda progresista. Les resultan insufribles los planes para articular un aumento de impuestos a las rentas altas o dedicarle mejor porcentaje a los presupuestos de sanidad y educación.
Ellos saben que los votantes a escala pueblo, sean del PP, Ciudadanos o Vox, agradecen medidas sociales de ese corte. Las estadísticas aseguran que la mayoría de todas las tendencias está en favor de mejorar los servicios públicos incluso si ello requiere pagar más impuestos. La dirigencia de esas formaciones políticas no ignora tampoco que los gobiernos del Partido Popular se vieron forzados a emprender varios compromisos de similar índole con la ciudadanía, pero los critican ahora como parte de la estrategia desplegada contra la actual administración, buscando que no llegue muy lejos.
El aluvión mediático impulsado por esa derecha, dividida pero análoga, provoca valoraciones sobre el tiempo que durará la administración recién creada y se afirma que no les darán siquiera esos tres meses de gracia que suele otorgarse a cualquier gobierno de estreno en todos los países. Pablo Casado, titular del PP, se ha referido a ello formulado su disposición a que "esta legislatura dure lo menos posible”.
La contradicción entre el modo de apreciar las cosas tiene, en el tema catalán, una fuente de discrepancias o móvil para colocar obstáculos a la buena marcha de la gestión encabezada por Sánchez. Es uno de los objetivos prioritarios, centrado en buscar entendimiento y cauces apropiados para dirimir los desacuerdos y eliminar el obstáculo que representa el enfrentamiento permanente. Se requiere una lúcida convivencia dentro de un país con pluralidad suficiente como para respetarla.
Acusado de connivencia con los independentistas catalanes, Sánchez encaró el tema con firmeza al iniciar su discurso de investidura planteado que "No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno elegido democráticamente por los españoles". La concordancia a lograr con los catalanes no será fácil. Fueron situaciones inéditas y muy crispantes las provocadas por Mariano Rajoy al optar una cuestionable judicialización del tema. El asunto, sin embargo, no es imposible de resolver con voluntad de las partes.
De momento se acordó con los independentistas crear una mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado. Naturalmente que la espinosa trama, será una de las clavijas a usar por los agresivos oponentes al actual gobierno, en busca de entorpecer una deseable y sana avenencia y la trayectoria normal de la administración. La primera prueba, sin embargo, quizás no provenga de esa ardua faena, sino de la aprobación de los presupuestos y, entre otras propuestas, de las casi seguras negativas de la derecha a suscribir las distintas estipulaciones en cartera, aplicables también, posiblemente, en alguna de sus partes, al País Vasco.
Se enfila el trabajo de la flamante administración hacia el desarrollo sostenible formuladas por la ONU, anular la conocida como ley mordaza, que criminaliza protestas y determinados enfoques de la prensa, darle remedio a las listas de espera para pesquisa o atenciones médicas, hasta acabar con ellas y prescribir cuerpo a una ley de protección de la infancia en cuanto a agresiones o abusos.
España debe estar sujeta a las exigencias de la Unión Europea en lo referente a disciplina fiscal y darle cumplimiento a las promesas hechas a la ciudadanía cuenta con obstáculos, entre ellos compaginar el gasto del estado con esas exigencias del Pacto Comunitario, cuando en contra están el déficit que se hereda (30 mil millones de euros), y un envejecimiento poblacional, entre los más altos del Viejo Continente. Aun así, ya está pactado mejorar las pensiones.
El propósito de aplicarle transformaciones a la reforma laboral impuesta por el PP, pretende impedir el despido fácil o las contrataciones precarias, pero el gobierno Sánchez se adentra en otras problemáticas sucesibles por igual de ser objetadas por los conservadores. Uno de esos puntos complejos es el salario mínimo, afectado por las medidas de austeridad, y que se quiere rehabilitar incluso si fuere poco. Ello demanda conciliar intereses del empresariado y los sindicatos.
Si una oposición fuerte y desenfrenada constituye un obstáculo notable, el temor a disyuntivas entre PSOE y UP, debe tenerse en cuenta. También en materia de no entendimiento entre esos dos grupos políticos, trabajaron los conservadores desde hace tiempo, buscando impedir lo que acabó ocurriendo. Por previsión o revestido de buenos empeños, Sánchez dijo:
"Entre quienes tomaremos asiento en el Consejo de Ministros y Ministras hay personas de muy diversas trayectorias y procedencias. Hay afiliados a los partidos integrantes de la coalición y hay también miembros que son independientes; conviven generaciones y experiencias profesionales muy distintas. Personas que han consagrado su vida al quehacer político y al activismo social y personas que han desarrollado sus carreras profesionales en instituciones académicas, en entidades empresariales o en organismos internacionales" (…)
"Integramos por tanto algo más que un Gobierno de coalición, componemos un gobierno plural, pero nacido con un propósito firme de unidad. Un Gobierno que se enriquece con procedencias diversas, pero que tendrá una sola meta; que hablará con varias voces, pero para emitir el mismo mensaje. Los partidos integrantes de la coalición ya hemos establecido reglas y procedimientos para asegurar la coordinación de la acción del Gobierno (…) Contamos con dos garantías de entendimiento y lealtad: una voluntad común de servir a España y a los españoles y una visión progresista de la sociedad; es decir la creencia de que nuestra sociedad puede alcanzar mayores cuotas de bienestar, de justicia y de libertad merced a la acción humana organizada”.
Ni tan elevado propósito ni las tareas que se impone este ejecutivo, carente de una bancada de amplias mayorías, y acechados por una férrea oposición, son de fácil cumplimiento. El tiempo, como suele ocurrir, dirá si lo logran y cómo.