El debate en España, previo a las elecciones el próximo domingo 28 de abril. Foto: El País.
¿Se resolverá el problema de Cataluña tras las elecciones generales en España? En dependencia de quien gane, así de tensas o flexibles pudieran resultar las cosas tras el cercano 28 de abril. Si como apuntan las encuestas el triunfo es para el PSOE, la línea de trabajo, las posibles gestiones ofertadas, pudieran evitar la tajante división entre los ciudadanos de esa autonomía, o entre ellos y el resto de los españoles, como viene ocurriendo.
Si, en lugar de lo pronosticado, logra mayoría cualquiera de las actuales derechas, aplicarían el artículo 155, -así lo anuncian- para restarle potestades al gobierno regional y ejercerlos desde Madrid. Ese escenario desde luego, implica mantener las confrontaciones y, quizás, profundizar también las tendencias independentistas.
Pedro Sánchez, presentó el programa de la socialdemocracia ibérica y particularmente las bases para un futuro gobierno. No está centrando en el conflictivo tema, pero tampoco lo elude. Propone reforzar las capacidades de la administración catalana, aun cuando rechaza otro referéndum o la separación de ese trozo del territorio.
En ese texto declarativo, el PSOE adopta el carácter de “protagonistas en la evolución del Estado autonómico”, y afirman ser el grupo político que impulsa una avenencia convincente “frente a una derecha que siente nostalgia del pasado centralista y a los que se han adentrado en aventuras independentistas”. Hay quienes –incluso admitiendo lo plausible del planteamiento, se sienten incómodos con el calificativo adosado a una aspiración del 47% de los catalanes.
El posible partido ganador se define como “garante de una mayor cohesión social” (…) “ante la crisis actual del modelo territorial, derivada del crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP, nos corresponde liderar la búsqueda de una salida a dicha crisis”, quizás por medio de un “funcionamiento más integrado del modelo”.
Los críticos piensan que el PSOE no debió omitir en su proyecto términos como el adoptado por esa formación en su congreso del 2017, cuando dejó subrayado el carácter plurinacional de España. Otros aprecian lo exteriorizado en las páginas de la reciente plataforma, dedicadas al delicado problema, y aducen que si bien no se usa el citado vocablo, las actuales mociones se fundamentan en determinaciones tomadas con anterioridad por ese partido.
En el programa actual y en mítines o encuentros de distinto tipo, se ha destacado: “Si nuestras propuestas hubieran sido aplicadas, no nos encontraríamos en la situación actual pero, en cualquier caso, el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis. Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución española puede construirse el futuro”. .
En el 2013 fue firmada la Declaración de Granada, un texto del PSOE donde al ahondar sobre la crisis regional, se concluyó lo necesario de una reforma a partes de la Constitución, y enfilarse hacia un estado más federal. Las propuestas electorales del 2015 y 2016 mantuvieron ese principio, con pocas variantes, adoptado por igual en el 2017, por el mismo Pedro Sánchez y quienes, con él, buscan flexibilizar rigideces defendidas por los conservadores.
Se debe recordar en ese sentido que Mariano Rajoy, siendo titular del PP, judicializó, con éxito, el conocido como Estatuto de Cataluña, un modelo de gobierno concebido para, sin salir de España, contar con facultades entonces poco holgadas. El pasado año, también quien fue jefe del gobierno conservador aplicó el 155, no para resolver sino para imponer. De igual forma, le dio curso penal a lo que era un problema político.
Pedro Sánchez propone ahora reforzar el Estado autonómico, pero solo eso. Y no es poco, pero depende no de las posiciones y el ánimo de quienes asumen un empeño soberanista y no en todos los casos obedeciendo a un nacionalismo sano, sino a una pugna por intereses y poder, algo existente no solo en Cataluña, debe dejarse sentado.
Con presos que fueron personalidades en la jerarquía autonómica sujetos a juicio, o protagonistas, asimismo, radicados en el extranjero, más la fuerte división entre personas, el problema no se presenta muy proclive a ser enderezado. El plan estabilizador de Pedro Sánchez, aparece como el de mayor viabilidad, pero si fueren el Partido Popular o Ciudadanos, quienes ganan esos comicios, y uno solo o juntos se asocian con los ultraderechistas de VOX, la impronta cercana derivaría hacia un registro gravísimo.
Aún no está claro con quién haría alianzas el PSOE, dado que si bien se presume obtengan una considerable elevación del número de escaños en el Congreso, siempre tendrá que asociarse con otras fuerzas y tener la mayoría requerida para materializar sus anunciados objetivos. Particularmente los de carácter social.
En teoría, debe conciliar intereses con Podemos pero no se ha definido expresamente. Se conjeturan las adhesiones de los nacionalistas vascos y Esquerra Republicana de Cataluña, pero también se baraja una extraña opción: un convenio PSOE-Ciudadanos, este último tan de derechas como el PP. Esa fórmula fue explorada por el propio Sánchez, cuando el rey le encargó conformar gabinete tras fracasar un convenio con Podemos. Es de esperar no suceda en esta oportunidad, pero nada impide algo similar a aquella especie de hecho anti natura como fuera el intento de unir PSOE con el agresivo Ciudadanos.
Hoy se sabe que en la discordancia PSOE-Podemos del 2017 influyó una conspiración, suficientemente expuesta y ahora en sumarios legales, tras la denuncia hecha por Pablo Iglesias, sobre el espionaje hasta en sus ámbitos de mayor intimidad, y las acciones de un sector político-policíaco, trabajando en contra del entendimiento entre las dos agrupaciones de izquierda.
Obvio entonces a cuánto se exponen los españoles a escasos días de confirmarse en urnas quién logra mayor aceptación ciudadana y cuál de los posibles enlaces se establece. De ello dependerá el encauzamiento no solo del problema catalán, sino mucho pendiente, incluso la gobernabilidad misma del país.