Pedro Sánchez . Foto: Monarca.com
En medio de críticas y aplausos Pedro Sánchez anunció la convocatoria a elecciones generales en España para el 28 de abril. La derecha ibérica se anota el término de esta legislatura como triunfo y no les falta razón, ante todo, por la inviabilidad de mantener un mandato incapacitado para gobernar sin presupuestos propios. Desde luego que si los independentistas catalanes no hubieran contribuido, negándose también a darle el sí a esas cuentas del estado presentadas el martes 12, las circunstancias serían otras.
Quizás no midieron bien los alcances de esta especie de penalti dado al PSOE, pues el proyecto descalificado en el parlamento favorecía mucho a esa autonomía que iba a ganar mejores condiciones económicas. La formación socialdemócrata en el poder, con el apoyo de una izquierda más pulida, permitieron un acercamiento y favorecían soluciones dialogados que difícilmente alcancen con los conservadores en cualquiera de sus tres expresiones mayores (Partido Popular, Ciudadanos, Vox), desde donde piden un retorno al artículo 155 de la constitución, medida anulada por Sánchez apenas asumió, y que le volvería a quitar el poder a los catalanes para ejercerlo desde Madrid.
En los hechos, la administración actual patinó en un feo fanguero al avalar a un personaje espurio para Venezuela, se supone que intentando desmentir a quienes le acusaban de flojo ante Caracas, pero no tuvieron el menor reparo en convocar una protesta en Madrid, pese a la supuesta concesión y aun cuando también habían logrado impulsar la ruptura del diálogo PSOE-catalanes, empleando un pretexto tan absurdo como negarse a que esos tratos tuvieran un relator, cuando José María Aznar, por ejemplo, tuvo 3 en la etapa en que trató con ETA.
Detrás, en medio o en cualquier costado de lo ocurrido y por suceder, anda el proceso penal a los dirigentes catalanes en cárcel preventiva bajo acusaciones de sedición y rebeldía. Las vistas comenzaron el mismo martes 12 y se presume transcurran durante tres meses. Casi con entera seguridad el resto del litigio se mantenga en los tonos iniciales, esto es: la parte fiscal acusando de graves los actos de los soberanistas ocurridos año y medio atrás, y ellos argumentando que no cometieron ningún delito, se consideran presos políticos de una causa imposible de dilucidar a partir de las acusaciones o el enfoque jurídico dado al problema hasta aquí.
Esas consideraciones estuvieron en lo medular de lo formulado en sus deposiciones iniciales por Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, y resulta similar al sostenido por los actuales dirigentes catalanes que decidieron votar con el “enemigo” para vetar los presupuestos de Sánchez, en ¿venganza? ¿cálculo defectuoso? ante la ruptura del diálogo. Es todo un enigma en este instante cuál será la postura que asuman de cara a los cercanos comicios.
La hoja de ruta trazada para el proces, incluye el llamado del Tribunal Supremo a unos 500 testigos, en particular se cuentan una importante cantidad de dirigentes políticos estatales (incluye a Rajoy como jefe del gabinete al momento de los hechos y a su vice, Soraya Sánchez de Santamaría) y otro tantos de los autonomistas (el lehendakari Iñigo Urkullu, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y distintos diputados catalanes). Para mediados de abril vista estará centrada en análisis periciales. Quedan fuera de la pesquisa los asilados en Bélgica, encabezados por Carles Puidemont, entonces jefe de la autonomía.
Este proceso influye en el nuevo reto que tiene ante sí la sociedad española. Desde ahora se presume el surgimiento de un cuerpo legislativo muy fragmentado. Las últimas encuestas sugieren que incluso uniendo fuerzas, ni la derecha ni sus opositores tendrán la mayoría absoluta (176 escaños) para formar una administración viable. Hay una alta posibilidad de situación parecida a la del 2016, cuando durante un semestre fue imposible formar un gabinete y solo luego de varios intentos y combinaciones infructuosas, Mariano Rajoy asume un segundo mandato que concluyó en mayo del 2018 con la moción de censura activada con la sentencia sobre el caso Gurtel, una vez comprobada la responsabilidad del PP en el extendido acto de corrupción ventilado judicialmente.
Pablo Casado, actual jefe de esos conservadores que insisten en decirse centristas, olvida aquel momento y el dictamen que les sacó de La Moncloa. Quizás prefiere, o le conviene, enterrarlo en el agudo dilema catalán y por si las moscas o las coyunturas, se viste de blanco categórico y tiñe de negro absoluto al actual jefe de gobierno.
Lo hace de forma tan hinchada que se dice dispuesto incluso a pactar con el PSOE , siempre que al frente a esas filas no esté Pedro Sánchez. No se queda detrás Ciudadanos, con Albert Rivera al frente, en esta personificación de imputaciones (reales o ficticias), pero sí parecen inclinarse hacia una relativa flexibilidad si ello les arrima a la jefatura máxima.
Tras 8 crispados meses como jefe de estado, con una exigua bancada (78 puestos) y sostenido por Unidos Podemos y los soberanistas catalanes que ahora recién le retiraron el apoyo, Pedro Sánchez dijo haber considerado seguir mandato hasta el 2020 con los presupuestos de sus antecesores, pero prefirió “dar la palabra a los españoles para seguir avanzando, porque España no tiene un minuto que perder” y necesita estabilidad.
Por alguna razón no declarada o suposiciones no racionales por entero, está convencido de que el consenso y el diálogo retornarán al término de la cita a urnas que acaba de convocar, pese a las evidencias en contra de lograrlo dadas por el PP y Ciudadanos desde donde le colocan como el mal mayor, mientras aceptan de buena gana los acercamientos con la ultraderecha.
En el diverso y discordante panorama, algunos consideran precipitada la decisión del todavía mandatario, o hasta la ponen como una victoria para n las derechas ibéricas obtenida a través de múltiples presiones.
Del lado progresista hay variaos factores a tener en cuenta. Ante todo pudieran obtener más diputados, pero no como para ingresar en calidad de titulares en un futuro mandato. Podemos atraviesa un mal momento con la deserción de uno de sus fundadores. El caso pudiera influir en el resultado electoral. De momento, le piden a Sánchez que concluya lo pactado con ellos en materia social durante los pasados meses.
Algunos proyectos pueden asumirse por resoluciones, sin pasar por la traba parlamentaria, obviamente en contra de todo. Siempre quedarían colgadas de la brocha varias propuestas, algunas incluidas en el plan de presupuestos frustrado, entre ellas las de orden ecológico, las relacionadas con la igualdad de género, protección a niños y ancianos o los derechos de los colectivos LGTBI.
En otro ámbito también quedan en suspenso los planes para anular parte de cuanto penaliza ahora, e incrementaría la derecha si gana, en lo referido a salud pública, hipotecas y derechos laborales. En síntesis, también está en peligro darle inicio o no a un programa destinado a restañar distintas heridas de la austeridad neoliberal, el recrudecimiento del proces o del dilema catalán en su comprometida totalidad.