¿Qué transformaciones sociales se realizarán en Cuba?: Atención a vulnerables, salarios y pensiones

El viceprimer ministro Eduardo Martínez abrió su intervención en la Mesa Redonda con un recordatorio necesario: “desde el mismo triunfo de la Revolución, nuestro país comenzó a implementar un grupo de políticas sociales”. Estas políticas, afirmó, se han ido desplegando a lo largo de los años y hoy suman trece políticas sociales, articuladas en más de treinta programas que han acompañado la vida de los cubanos.

Martínez fue categórico al valorar los resultados: “podemos decir de forma categórica que han logrado resultados significativos a lo largo de todos estos años”. Sin embargo, reconoció con transparencia que no todas las políticas avanzan al mismo ritmo. Puso como ejemplo la política de vivienda, sobre la cual “la propia dirección de la Revolución ha reconocido en diferentes momentos la insatisfacción por el avance”. En el resto de las políticas, insistió, el balance es positivo.

El vice primer ministro subrayó que estas políticas sociales no son un añadido circunstancial, sino “la esencia de la Revolución socialista”. Para ilustrarlo, se detuvo en el sistema de salud, uno de los programas más emblemáticos. Recordó que antes de 1959 existían en el país “alrededor de solo setenta entidades entre hospitales y clínicas privadas”. Hoy, en contraste, Cuba cuenta con más de diez mil instituciones de salud, entre ellas ciento cuarenta y nueve hospitales, más de cuatrocientos cincuenta y un policlínicos y más de diez mil consultorios de médicos de la familia para la atención primaria.

“La Revolución y esta política de salud han creado una infraestructura para dar el servicio de salud a nuestra población”, enfatizó Martínez, y añadió que también se ha formado a aproximadamente la mitad de los médicos que hoy tiene el país. En cifras, detalló que Cuba cuenta hoy con más de setenta mil médicos, parte de esas “batas blancas” que son símbolo de la sanidad cubana.

Todo este esfuerzo —infraestructura, formación de recursos humanos y cobertura universal—, explicó, ha impactado directamente en los indicadores de salud. A modo de ejemplo, mencionó la mortalidad infantil, que antes del triunfo revolucionario “era más de sesenta” —refiriéndose a la tasa por cada mil nacidos vivos—, un indicador que ha experimentado una mejoría sostenida gracias al desarrollo del sistema de salud pública.

A pesar de los avances, Martínez no ocultó el impacto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre los indicadores sociales. “En estos momentos es de nueve punto tres”, dijo refiriéndose a la tasa de mortalidad infantil, que llegó a estar en cuatro o cinco. “Se nos ha duplicado precisamente por todo este recrudecimiento del bloqueo”.

El vice primer ministro precisó que, aunque la cifra actual —9,3 por cada mil nacidos vivos— sigue siendo “más baja que la tasa media de la región de América Latina y del Caribe” e incluso “más abajo de la tasa media mundial”, eso no conforma al gobierno cubano. “Se trabaja intensamente para tratar de reducirla en medio de las condiciones en las que estamos trabajando”, afirmó.

En el caso de la mortalidad materna, el indicador se sitúa hoy en 30,8 por cada cien mil nacidos vivos, muy por debajo de los 96,7 que existían antes del triunfo revolucionario. Martínez calificó estos resultados como “indicadores que realmente demuestran de forma incuestionable cómo esta política se ha implementado y ha dado resultado”.

Puso como ejemplo el programa ampliado de inmunización, con una cobertura cercana al cien por ciento, “muy pocos países en el mundo pueden decir que tienen una cobertura cercana al cien por ciento”, enfatizó. Eso ha permitido erradicar enfermedades infecciosas que antes causaban la muerte a muchos niños menores de cinco años, cuya tasa actual en Cuba es de 10,2 por cada mil, frente al 15 de la región y más de 30 en el mundo.

Martínez recordó que la Organización Mundial de la Salud ratificó recientemente a Cuba como el primer país en eliminar la transmisión madre-hijo del VIH, “un indicador que muestra los resultados realmente incuestionables en el tema de la salud”.

En educación, señaló que antes de la Revolución existían tres universidades, mientras que hoy Cuba es uno de los países que más profesionales ha formado por habitante. En el deporte, mencionó hitos como el récord mundial de Javier Sotomayor, que lleva tres décadas imbatido; el equipo cubano de voleibol, “tres veces campeón olímpico y de forma consecutiva”; y a Mijaín López, atleta que fue cinco veces campeón olímpico en una misma disciplina. “Un país tan pequeño, bloqueado durante sesenta y siete años”, subrayó, “y pudieran poner muchos ejemplos, pero no tenemos tiempo”.

Los indicadores sociales en nuestro país se han estado deteriorando

Sin embargo, a partir de 2018 y 2019 comenzó un recrudecimiento del bloqueo con más de doscientas cuarenta medidas del primer gobierno de Trump. La pandemia de la COVID-19 agravó la situación: “nuestra reserva la pusimos en función de salvar vidas”, afirmó Martínez, y destacó que en Cuba el 99,5 por ciento de las personas que contrajeron la enfermedad logró resolverla, y menos del cincuenta por ciento de los que entraron en gravedad pasaron a estado grave. La letalidad en Cuba fue la mitad de la de la región. Pero todo eso, reconoció, “tuvo implicaciones económicas muy grandes. La reserva tuvimos que utilizarla en ese proceso”.

A partir de 2026, la situación se agravó con el llamado “cerco energético”, materializado en las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y el primero de mayo. “Todos estos elementos, por supuesto, han afectado significativamente los programas sociales en nuestro país”, admitió.

Martínez fue contundente al describir el deterioro: “los indicadores sociales en nuestro país se han estado deteriorando”. Reveló que una organización estadounidense, en un informe reciente, señaló que “mil ochocientos niños han dejado de nacer aproximadamente en Cuba como consecuencia directa del recrudecimiento del bloqueo". También reconoció que existe una lista de espera de más de cien mil personas —"un poco más de mil niños están pendientes de cirugía"— porque se han afectado los insumos para los salones quirúrgicos.

La situación con los medicamentos es crítica. “El país creó una estructura, la industria biofarmacéutica, donde llegamos a producir más del sesenta por ciento de los medicamentos, todo eso está afectado. Hoy tenemos plantas de producción que están paradas porque no tienen combustible para que sus calderas funcionen.” Y sentenció: “La afectación es real, es un cerco que realmente es un genocidio, eso no tiene otro nombre”.

El curso escolar también ha sufrido. Aunque se logró completar el ciclo y los estudiantes se están graduando, Martínez reconoció que “se ha afectado la calidad de la enseñanza”. En definitiva, afirmó, “todos los programas sociales están siendo afectados ante esta problemática”.

Frente a este escenario adverso, el gobierno cubano estableció un programa económico —“que tenía anteriormente de otro nombre”, aclaró Martínez— con el objetivo de “reimpulsar la economía, corregir algunos errores, rectificar”. Como parte de ese programa de gobierno, explicó, hay un objetivo estratégico: el Objetivo General No. 7, que contiene objetivos específicos para cada una de las políticas sociales, con metas trazadas para el año 2026.

Martínez puso como ejemplo el programa para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, cuyo propósito inicial, dijo, es “tratar de frenar la afectación de los indicadores” —es decir, el deterioro de los indicadores de salud— y luego continuar con la estrategia de desarrollo del sistema.

El programa tiene varios componentes. Uno de ellos es la atención al personal de salud —médicos, enfermeras, personal técnico—, que se vincula directamente con una de las transformaciones que se abordarían en la Mesa Redonda: “la transformación número setenta y seis”, relacionada con “proteger a las fuerzas altamente calificadas, lograr incentivos para retener esa fuerza altamente calificada”.

Otro componente clave es mejorar el abastecimiento de medicamentos, que actualmente sufre “una gran escasez, una escasez general de medicamentos en nuestros hospitales, medicamentos para la atención a pacientes graves, antibióticos”. Martínez reconoció que “se van obteniendo resultados, pero limitados”.

No obstante, mencionó avances concretos. Recientemente se concluyó un proceso inversionista para reanimar la planta de producción de medicamentos oncológicos, una inversión de más de cinco millones de dólares. “Ya esa planta está funcionando —aseguró— con dificultades por estas cuestiones de la electricidad, de los combustibles, pero está funcionando”. Como resultado, “ya en este momento incluso se está revirtiendo la situación que tuvimos el primer semestre, de que no contábamos con los medicamentos, había que postergar tratamientos, había que interrumpirlos”.

Martínez destacó que la atención al cáncer es una prioridad porque “es la enfermedad más traumática para el paciente y la familia”. Y reconoció, con transparencia, que la sobrevivencia de niños enfermos de cáncer en Cuba, que era del ochenta y cinco por ciento, “ha bajado”. “Las afectaciones son reales por estas cuestiones”, afirmó. Pero confió en que, con la planta ya en funcionamiento y en proceso de distribución, “en el segundo semestre va a haber una estabilidad de este tipo de medicamentos”.

Otro componente del programa es la infraestructura de salud. Martínez recordó que existen cerca de doce mil instituciones de salud en el país, algunas de ellas en “regular y mal” estado constructivo. Como parte del programa, se ha desarrollado “todo un proceso de reanimación”, utilizando el presupuesto —“que tiene limitaciones”— y también la participación de empresas estatales y privadas, “que incluso forman parte también de una transformación”, adelantó.

“Se trabaja intensamente por minimizar las afectaciones en estos temas”, concluyó el vice primer ministro en este punto.

Martínez se refirió también a “la transformación número sesenta y cuatro”, que sería abordada más adelante en el programa de la Mesa Redonda, aunque sin detallar su contenido en ese momento. No obstante, enfatizó que “estas cosas se van haciendo” y puso como ejemplo “cientos de obras en todo el país” que se trabajan por diversas vías: el presupuesto estatal, la participación de empresas estatales y privadas, “el uno por ciento de la contribución territorial” y la colaboración internacional.

“Son estos cinco elementos los que estamos utilizando”, explicó, y subrayó que “se está priorizando este programa” de salud pública, que calificó como “un programa de país”. “Todos debemos de priorizar y buscar la forma de proteger nuestro sistema de salud, y más en las condiciones en las que estamos trabajando”, afirmó.

El vice primer ministro reconoció que la última década, “quizá el momento en el que más se pudo hacer en la compra de tecnología y en el trabajo en instituciones”, fue cuando Cuba, a través de su cooperación médica internacional, recibía fondos que le permitían revertirlos en el sistema de salud nacional. “A eso han atacado fundamentalmente también las políticas dirigidas por Marco Rubio —señaló—, sobre todo de cortar toda la cooperación médica y meterle miedo a los países”.

Esa ofensiva, explicó, ha afectado los fondos que recibía el sistema de salud cubano para revertirlos precisamente en su desarrollo. “Pero como usted decía —dijo, refiriéndose a otro interlocutor—, hay que buscar alternativas frente a eso, y cada territorio ha ido buscando la suya, además de la estrategia del país”.

Puso como ejemplo a Villa Clara, “un territorio que está trabajando en medio de un concepto económico” propio.

Se trata de transformaciones profundas

En la parte final de su intervención, Eduardo Martínez Díaz subrayó que las transformaciones sociales forman parte de un proceso más amplio de cambios económicos y sociales impulsado por el Gobierno, estrechamente vinculado con la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

El viceprimer ministro señaló que se trata de transformaciones profundas, sustentadas en los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido, muchos de cuyos postulados han sido objeto de análisis durante años y cuya puesta en práctica demanda mayor celeridad.

Recordó, además, que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la clausura del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, insistió en la necesidad de acelerar la implementación de estas transformaciones y reconoció, con transparencia, la demora acumulada en la ejecución de varios de esos cambios.

Martínez Díaz destacó también la importancia de fortalecer la responsabilidad social de todos los actores económicos del país —empresas estatales, cooperativas y formas de gestión no estatal— para contribuir al apoyo de los sectores más vulnerables de la población.

Finalmente, adelantó que el ministro de Trabajo y Seguridad Social y los directivos del organismo explicarían en detalle el alcance de las medidas aprobadas, entre ellas el incremento salarial para trabajadores del sector presupuestado, las acciones dirigidas a identificar y atender a las personas en situación de vulnerabilidad y otros mecanismos concebidos para enfrentar el incremento de las desigualdades sociales, algunas de las cuales comenzarán a aplicarse de manera inmediata.

Al abordar las transformaciones sociales, laborales y salariales aprobadas por la Asamblea Nacional, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otaméndiz Hernández, afirmó que estas responden a varios de los ejes del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en particular aquellos vinculados con las transformaciones sociales, la transición del subsidio de productos al subsidio a personas y los cambios en materia laboral y salarial.

“Estas transformaciones en el ámbito social, laboral y salarial ratifican la esencia humanista de la Revolución Cubana, que ubica al ser humano en el centro y constituye la principal motivación de todo el proceso”, sostuvo.

Según explicó, el propósito es “buscar más equidad, más justicia social y atender a aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad”.

Identificación de las personas en situación de vulnerabilidad

Como parte de ese propósito, el titular del MTSS explicó que se fortalece la política de protección social mediante la actualización de los mecanismos de identificación de personas y hogares vulnerables.

Detalló que para ello se implementa un **instrumento de caracterización social**, que permitirá evaluar, de manera integral, las condiciones de cada persona y cada hogar.

“Este instrumento tiene en cuenta características sociodemográficas, económicas, de salud y de cuidado, que permiten determinar la probabilidad de que una persona o un hogar presente una situación de vulnerabilidad y, por tanto, requiera una atención diferenciada dentro de las políticas de protección social del país”, explicó.

Añadió que el trabajo realizado permitió identificar varios grupos poblacionales que, por sus características o por las circunstancias actuales del país, tienen mayores probabilidades de encontrarse en esa condición.

Entre ellos mencionó:

• Personas adultas mayores, un grupo que ha crecido como consecuencia del envejecimiento demográfico y de otros factores, entre ellos la migración.
• Madres jefas de hogar con varios hijos menores de edad, especialmente cuando los ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir sus necesidades.
• Hogares con elevadas cargas de cuidado, donde viven personas en situación de discapacidad, personas encamadas o con otras condiciones que requieren atención permanente.

En esos casos —explicó— muchas veces un integrante de la familia no puede incorporarse al empleo porque debe asumir de forma permanente las labores de cuidado, situación que también incrementa la vulnerabilidad económica del hogar.

Asimismo, incluyó entre los grupos priorizados a las familias con niños y adolescentes que presentan enfermedades crónicas, cáncer u otras condiciones de salud que aumentan su dependencia y generan un impacto directo sobre la economía familiar.

“Estas son situaciones que colocan a las personas y a los hogares en una condición de desventaja social y requieren una atención diferenciada”, subrayó.

Actualización permanente de los casos

Otaméndiz Hernández explicó que este proceso se viene analizando y evaluando de manera sistemática por los grupos de atención a la política social existentes en cada consejo popular.

Precisó que dichos grupos son dirigidos por el presidente del consejo popular y están integrados por delegados, trabajadores sociales, instituciones y otros actores presentes en cada demarcación, responsables de evaluar cada caso y proponer las acciones correspondientes.

El ministro insistió en que la vulnerabilidad no constituye una condición permanente.

“Usted puede estar hoy en situación de vulnerabilidad y mañana no estar. O viceversa: hoy no estar y mañana sí encontrarse en una situación de vulnerabilidad”, afirmó.

Por esa razón —agregó— se establecieron mecanismos de actualización sistemática y permanente que permitan incorporar nuevos casos y revisar aquellos que ya reciben protección social.

Explicó que cualquier ciudadano que considere encontrarse en una situación de vulnerabilidad podrá acudir a las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social o a las estructuras del gobierno local para solicitar la evaluación de su caso.

Al mismo tiempo, aclaró que continuará el trabajo activo de los trabajadores sociales y de los grupos de atención a la política social, quienes mantendrán la responsabilidad de identificar, pesquisar y evaluar, junto con los factores de la comunidad, a las personas y familias que requieran protección.

“Esto no depende únicamente de que la persona acuda a solicitar la ayuda; existe también un trabajo permanente del trabajo social en cada comunidad”, enfatizó.

Nueva vía digital para solicitar protección social

Como una innovación dentro de este proceso, el ministro anunció que el país incorporará un mecanismo digital para solicitar prestaciones de asistencia social a través de la plataforma Soberanía.

Informó que la herramienta se encuentra en la fase final de pruebas y deberá entrar en funcionamiento durante el mes de agosto.

A través de este servicio, explicó, las personas podrán solicitar desde cualquier territorio del país la evaluación de una pensión u otra prestación de protección social.

Además, no solo podrá realizar la solicitud la persona interesada. También estarán facultados para hacerlo familiares, vecinos o cualquier ciudadano que conozca de alguien que se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Todas las solicitudes serán recibidas por las autoridades competentes, evaluadas por los grupos encargados de la política social y respondidas mediante la propia plataforma.

Según explicó, esta nueva vía complementará —y no sustituirá— los mecanismos presenciales ya existentes y contribuirá a mantener una actualización permanente de las personas en situación de vulnerabilidad.

“Este es un proceso sistemático, permanente, de todos los días”, señaló.

Otaméndiz Hernández destacó que la incorporación de esta herramienta también forma parte del proceso de transformación digital del país y del avance hacia un gobierno más informatizado, en correspondencia con la estrategia de desarrollo de la plataforma Soberanía y la informatización de la sociedad cubana.

Otaméndiz Hernández recordó que, pese al complejo escenario económico, financiero y energético que enfrenta el país, el Gobierno decidió avanzar con la reforma salarial como parte de las transformaciones aprobadas.

En ese sentido, anunció que el salario mínimo nacional se incrementará de 2 100 a 3 210 pesos mensuales, decisión que, según explicó, representa un esfuerzo presupuestario de 42 500 millones de pesos.

“Aunque reconocemos que es insuficiente, creemos que es un primer paso que tendrá un impacto positivo”, afirmó.

Precisó que próximamente se darán a conocer las nuevas escalas salariales y el monto que corresponderá a cada categoría ocupacional.

Explicó que el incremento del salario mínimo implica automáticamente la actualización de todas las escalas salariales del país.

“Cuando usted incrementa el salario mínimo, automáticamente todas las escalas salariales tienen un incremento”, señaló.

El ministro aclaró que el mayor impacto recaerá sobre los trabajadores del sector presupuestado, aunque la medida también tendrá efectos en el sector empresarial.

“Si estamos subiendo el salario mínimo del país, todas las empresas en Cuba tendrán que asumir también que los trabajadores que estén por debajo de ese salario mínimo pasen al nivel aprobado. Es un salario mínimo que no puede violarse”, enfatizó.

Subrayó que se trata de “una transformación integral en la escala salarial y en los salarios de todo el sector”, con incidencia en todas las formas de gestión.

Al responder una pregunta del periodista Arleen Rodríguez Derivet sobre la fecha de aplicación de la medida, explicó que el incremento comenzará a percibirse en los primeros días de agosto, cuando los trabajadores cobren el salario correspondiente al mes de julio.

“Estamos hablando de que, a partir del primero de agosto, en las fechas previstas en los convenios colectivos de trabajo de cada entidad, los trabajadores percibirán el incremento correspondiente al salario del mes de julio”, precisó.

Añadió que antes de esa fecha se divulgarán oficialmente las nuevas escalas salariales.

“Eso hay que verlo fundamentalmente en las secciones sindicales y en los colectivos laborales, pero también ofreceremos información mediante conferencias de prensa y a través de los medios oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros medios de comunicación”, señaló.

El salario mínimo se revisará cada año

El ministro destacó como una de las principales novedades de la política laboral la decisión de evaluar y definir anualmente el salario mínimo del país.

Explicó que esta propuesta surgió de los análisis realizados por el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrado por académicos, investigadores y especialistas de instituciones como la Universidad de La Habana, las facultades de Economía y Sociología y otros centros de investigación.

Otaméndiz Hernández agradeció públicamente la contribución de ese grupo de expertos.

“Quiero hacer un reconocimiento público a esos académicos, a esos investigadores que, de manera voluntaria, desinteresada y altruista, aportan mucho a las políticas públicas que hoy propone nuestro organismo”, expresó.

Recordó que todas estas transformaciones guardan coherencia con el Programa de Gobierno y con los programas económicos y sociales previstos para 2026, resultado de estudios y evaluaciones desarrollados durante varios años.

Sobre la revisión anual del salario mínimo, afirmó que constituye “lo más innovador” de las transformaciones laborales.

“Nosotros no siempre hemos evaluado todos los años el salario mínimo y, en ocasiones, incluso han transcurrido más de seis años o más de diez años sin modificarlo”, señaló.

A su juicio, esta decisión permitirá responder con mayor rapidez a los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y quedará incorporada como principio en el futuro Código de Trabajo, cuya aprobación está prevista próximamente por la Asamblea Nacional.

Mejoras para las pensiones del sector no estatal

En materia de seguridad social, el titular del MTSS anunció la eliminación del límite establecido para la base de contribución de los trabajadores del sector no estatal.

La medida permitirá que quienes aporten al sistema de seguridad social puedan hacerlo por ingresos superiores y, en consecuencia, acceder en el futuro a pensiones de mayor cuantía.

Según explicó, esta modificación responde a un reclamo planteado reiteradamente por cooperativistas y productores agropecuarios.

“Muchos campesinos nos han dicho: '¿Por qué tengo que tener un límite para contribuir si después también voy a tener un límite para mi pensión futura?'“, comentó.

Precisó que este planteamiento fue recogido durante los intercambios realizados en cooperativas de producción agropecuaria (CPA), junto al Ministerio de la Agricultura y las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social.

Consideró que esta transformación constituye una respuesta “rápida y efectiva” a una demanda sostenida de ese sector y demuestra la capacidad del Gobierno para incorporar a las políticas públicas los criterios expresados por la población y los trabajadores.

Beneficios para quienes trabajan simultáneamente en más de un régimen laboral

Otra de las modificaciones anunciadas permitirá que las personas que laboran simultáneamente en el sector estatal y en actividades no estatales puedan contribuir a la seguridad social por ambos regímenes.

Hasta ahora, explicó el ministro, quienes eran trabajadores estatales y además ejercían una actividad por cuenta propia solo podían realizar aportes por uno de los regímenes.

“Hoy estamos diciendo que usted puede contribuir por los dos regímenes y, además, beneficiarse del resultado que tendrá su pensión cuando llegue a la edad de jubilación y cumpla los años de servicio establecidos en la ley”, afirmó.

Reconocimiento del tiempo dedicado al cuidado familiar

Uno de los anuncios que el ministro calificó como más humanos de toda la reforma consiste en reconocer, para efectos de la jubilación, hasta 10 años dedicados al cuidado de familiares.

“Eso es algo profundamente humano”, afirmó.

Explicó que la propuesta responde a las recomendaciones formuladas por científicos y especialistas, al Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, al envejecimiento demográfico y a la estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados.

Interrogado sobre el alcance de la medida, confirmó que una persona que deba acreditar 30 años de servicio para acceder a la jubilación podrá computar hasta diez años dedicados al cuidado familiar, siempre que se cumplan los procedimientos y requisitos que serán establecidos.

Precisó que actualmente se trabaja en la elaboración de esos procedimientos, así como en los mecanismos de certificación que otorgarán respaldo legal al reconocimiento de esos períodos.

“Estamos estudiando las mejores prácticas internacionales. Esto no es muy común en los países de la región y constituye una de las experiencias más avanzadas en materia de sistemas de cuidados”, explicó.

Anunció que en un corto plazo se aprobará la norma jurídica que regulará este procedimiento, aun cuando la actualización integral de la Ley de Seguridad Social está prevista para 2027.

“Estamos diciendo que, antes de que se actualice esa ley, debe entrar en vigor esta transformación”, aseguró.

El ministro señaló que la medida beneficiará principalmente a las mujeres, sobre quienes históricamente ha recaído la mayor carga de los cuidados familiares, aunque también favorecerá a cualquier persona que haya debido interrumpir o limitar su vida laboral para atender a padres, abuelos u otros familiares dependientes.

Con el aumento de la esperanza de vida en Cuba —dijo— es cada vez más frecuente que personas en edad laboral deban asumir esas responsabilidades, lo que repercute en su trayectoria profesional y en sus futuras pensiones.

“En la historia de vida de nuestro país hay muchísimos maestros, médicos, científicos, académicos y otros profesionales de gran valor humano que se han visto obligados a dedicar parte importante de su vida al cuidado de sus familiares. Este reconocimiento hace justicia a esa realidad”, expresó.

Para Otaméndiz Hernández, esa decisión resume el espíritu de las transformaciones sociales aprobadas.

“El centro de la obra de la Revolución Cubana es el ser humano. Se trata de buscar cómo proteger mejor a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo, reconociendo también las circunstancias en las que muchas personas tienen que desarrollar su vida laboral”, concluyó.

Otaméndiz Hernández insistió en que el fortalecimiento de la protección social debe ir acompañado del crecimiento de la economía, pues la sostenibilidad de estas políticas depende de la capacidad del país para generar riquezas.

“El país tiene que generar riqueza y todos tenemos que contribuir a crear esa riqueza para sostener el sistema”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el incremento de los salarios, las pensiones y las prestaciones monetarias requiere contar con mayores recursos financieros, por lo que las transformaciones sociales también están estrechamente vinculadas al desempeño económico.

“Esta transformación también tiene que generar más riqueza en el ámbito económico y productivo. Esa riqueza permitirá seguir fortaleciendo el sistema de seguridad social, continuar incrementando los salarios, las pensiones y las prestaciones monetarias”, señaló.

El ministro subrayó que Cuba no renunciará a los principios de justicia social que han caracterizado a la Revolución, pero precisó que las políticas sociales avanzan hacia una mayor focalización de los recursos públicos.

“Nosotros no vamos a abandonar las políticas sociales de la Revolución, pero también vamos a focalizar quiénes son aquellas personas que necesitan, de manera urgente y directa, la atención del país”, afirmó.

Reiteró que el propósito es garantizar que ninguna persona que realmente se encuentre en situación de vulnerabilidad quede desprotegida.

“Que ninguna persona que esté en una situación de vulnerabilidad sienta que no tiene un espacio o un método para ser atendida”, expresó.

No obstante, aclaró que pertenecer a un determinado grupo sociodemográfico no implica automáticamente que una persona sea considerada vulnerable.

“Esto es un tema que tenemos que dejar claro, porque a veces existen dudas, inquietudes y preocupaciones. No siempre el hecho de que usted pertenezca a un grupo sociodemográfico, viva solo, sea un adulto mayor, una madre con tres o más hijos o tenga determinada enfermedad significa que esté en situación de vulnerabilidad”, explicó.

Argumentó que existen personas que, aun perteneciendo a esos grupos, cuentan con ingresos suficientes, reciben apoyo económico de familiares o disponen de otros recursos que les permiten satisfacer sus necesidades sin requerir una prestación de la asistencia social.

“Hay personas que reciben apoyo de sus hijos, de otros familiares, tienen buenos ingresos y no necesitan una pensión. Por eso no podemos afirmar que toda persona que pertenezca a uno de esos grupos es automáticamente vulnerable”, precisó.

Según explicó, esos grupos constituyen poblaciones con mayor riesgo de enfrentar situaciones de vulnerabilidad, pero la determinación se realizará siempre mediante una evaluación individual.

“Vamos a analizar y evaluar persona por persona”, aseguró.

En ese proceso desempeñarán un papel decisivo los grupos de atención a la política social constituidos en cada consejo popular, responsables de valorar las condiciones particulares de cada ciudadano y determinar las medidas de protección más adecuadas.

El titular del MTSS añadió que las respuestas no serán iguales para todos los casos, pues dependerán de las necesidades concretas identificadas durante la evaluación.

En algunos casos —explicó— será necesario aprobar ayudas económicas o prestaciones de la asistencia social, mientras que en otros la solución estará encaminada a facilitar la incorporación de las personas al empleo.

“Hay casos en los que habrá que otorgar ayudas económicas, pero hay otros en los que habrá que buscarles la posibilidad de trabajar. Esas son decisiones que deben adoptarse en las comunidades, en los consejos populares y en los grupos de atención a la política social, que tendrán un papel decisivo en la implementación de estas transformaciones”, señaló.

Antes de concluir este primer bloque de la entrevista, el ministro adelantó que la puesta en práctica de las transformaciones requerirá también la aprobación de un grupo de disposiciones jurídicas que servirán de respaldo legal a las nuevas políticas, tema que sería abordado en la siguiente parte de la Mesa Redonda.

En la parte final de su intervención, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otaméndiz Hernández, abordó otro de los componentes de las transformaciones aprobadas: el fortalecimiento de la responsabilidad social de todos los actores económicos, independientemente de la forma de gestión.

Explicó que una de las transformaciones establece que las entidades estatales, las formas de gestión no estatal, las empresas mixtas y las empresas con inversión extranjera contribuyan, como parte de su responsabilidad social, al desarrollo de las comunidades donde desarrollan su actividad económica.

“Todos los actores económicos —estatales, privados, nacionales y de inversión extranjera—, como parte de su responsabilidad social con la comunidad, aportarán fondos financieros, recursos materiales y servicios para participar activamente en el desarrollo local y contribuir al bienestar de las comunidades donde operan”, señaló.

El titular del MTSS precisó que esta práctica ya existe en numerosos territorios del país y ha sido expuesta en varias ocasiones durante la Mesa Redonda. Sin embargo, consideró que el desafío ahora consiste en extender esas experiencias a todos los actores económicos.

“Nos corresponde socializar las mejores prácticas, crear conciencia y lograr que todos puedan apoyar a las instituciones sociales y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad de sus comunidades”, afirmó.

Entre los ejemplos mencionó el respaldo brindado por diferentes entidades a hogares de niños sin cuidado parental, hogares de ancianos, hogares maternos y otras instituciones sociales, así como el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad previamente identificadas por los gobiernos locales.

A su juicio, la responsabilidad social debe entenderse como una contribución permanente al desarrollo local y a la solución de los problemas de las comunidades, más allá de la actividad económica específica que desarrolla cada entidad.

“Tenemos que verla como una oportunidad para participar activamente, contribuir al desarrollo local y ayudar a resolver los problemas que afectan a las comunidades, más allá del ámbito económico propio de cada actor”, expresó.

Otaméndiz Hernández afirmó que esta concepción refleja la esencia del proyecto socialista cubano, al incorporar a todos los actores económicos en los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población.

“Habla también del carácter socialista de nuestro proyecto y de cómo los actores económicos, cualquiera que sea su forma de gestión, continúan contribuyendo al desarrollo y a la solución de los problemas de sus comunidades”, sostuvo.

Subrayó que ese compromiso comprende tanto a las entidades estatales como a las formas de gestión no estatal y a las empresas mixtas.

Explicó además que, junto al llamado a fortalecer esa responsabilidad social, las transformaciones incorporan mecanismos concretos para estimularla.

En ese sentido, destacó que la transformación 112 prevé la aplicación de incentivos fiscales para aquellos actores económicos, estatales y no estatales, que financien inversiones destinadas al sector social.

“Eso forma parte también de esa motivación para demostrar que se puede hacer, impulsar que se haga y, al mismo tiempo, crear incentivos económicos para quienes contribuyan al desarrollo social”, señaló.

La directora jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Yiseilis Ferrer Mariño, explicó que las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas tendrán un reflejo directo en el nuevo Código de Trabajo, cuyo proyecto será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su próxima sesión ordinaria.

La especialista señaló que el impacto de las medidas fue evaluado “con prontitud y agilidad” por el grupo temporal de trabajo creado desde el inicio del proceso de elaboración de la norma.

Precisó que ese proyecto fue previamente discutido con trabajadores y colectivos laborales de todo el país y que, tras la aprobación de las nuevas transformaciones, se revisó nuevamente su contenido para incorporar aquellos cambios que resultaban necesarios.

“Revisando cada una de las transformaciones se puede identificar que varias de ellas impactan en el proyecto que ya estaba elaborado”, explicó.

Garantías para los derechos de los trabajadores

Ferrer Mariño afirmó que una de las principales preocupaciones expresadas por trabajadores y ciudadanos durante el proceso de consulta estuvo relacionada con las garantías para el ejercicio de los derechos laborales en el actual contexto económico.

“Ha sido un reclamo y una preocupación de los trabajadores y de las personas, en sentido general, cómo garantizar que, en este contexto, las transformaciones y los derechos estén asegurados”, comentó.

En respuesta a esa inquietud, explicó que el proyecto del nuevo Código de Trabajo fortalece las garantías para la protección de los derechos laborales.

Indicó que una de las transformaciones aprobadas establece expresamente la protección de los trabajadores mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, tanto en la vía prejudicial como en la vía judicial.

Asimismo, precisó que el proyecto regula con mayor claridad las facultades de los empleadores, independientemente del sector donde desarrollen su actividad.

A su juicio, el conocimiento de los derechos, deberes y obligaciones permitirá que los trabajadores puedan determinar cuándo corresponde reclamar una decisión adoptada por el empleador.

“Conocer sus derechos, sus deberes, sus obligaciones e incluso las facultades que tiene el empleador les permitirá discernir si pueden reclamar alguna de las medidas que se adopten en una entidad”, señaló.

Subrayó que el nuevo Código de Trabajo tendrá aplicación para todos los sectores de la economía, por lo que todos los trabajadores estarán amparados por las mismas garantías jurídicas.

También explicó que las decisiones adoptadas por los empleadores deberán mantenerse dentro de los marcos establecidos por la legislación y continuar sustentándose en el diálogo con la organización sindical.

En ese sentido, destacó que el proyecto preserva el papel de la negociación colectiva y del convenio colectivo de trabajo como expresiones del principio de participación de los trabajadores en las decisiones laborales.

Se fortalece la inspección estatal del trabajo

La directora jurídica informó que otra de las transformaciones aprobadas consiste en fortalecer el control estatal sobre el cumplimiento de la legislación laboral.

Explicó que, como resultado de este proceso, se jerarquiza el papel de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, institución que se encuentra inmersa en un proceso de actualización y perfeccionamiento.

El objetivo —dijo— es reforzar su capacidad para supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones del futuro Código de Trabajo por parte de todos los empleadores y contribuir a garantizar la protección efectiva de los derechos laborales.

Se elimina la autorización administrativa para el pluriempleo en determinadas ocupaciones

Ferrer Mariño destacó igualmente la transformación relacionada con la eliminación de la autorización administrativa para ejercer el pluriempleo en determinadas categorías ocupacionales.

Precisó que la medida beneficiará a técnicos y profesionales de la Salud, investigadores, maestros, profesores y funcionarios que no sean cuadros.

Explicó que la supresión de esa limitación, prevista en el proyecto del nuevo Código de Trabajo, permitirá que esos trabajadores puedan desempeñar más de un empleo, con el consiguiente incremento de sus ingresos y de los recursos destinados al sostenimiento de sus hogares.

“Va a permitir que estas personas puedan realizar el ejercicio del pluriempleo, lo que ayudará a incrementar los ingresos del hogar y satisfacer mejor las necesidades de las familias”, afirmó.

No obstante, subrayó que el fortalecimiento del pluriempleo estará acompañado por mayores garantías en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Reconoció que el desempeño simultáneo de varias actividades puede incrementar la carga laboral, pero aseguró que el Código de Trabajo mantiene las disposiciones necesarias para proteger la integridad física y la salud de los trabajadores.

“Un derecho con su garantía”, resumió el conductor del programa, idea con la que coincidió la directiva del MTSS.

Jornadas reducidas acordadas entre la administración y los trabajadores

La especialista se refirió también a la transformación que faculta a los empleadores, de conjunto con la organización sindical, a concertar jornadas reducidas de trabajo para determinadas actividades profesionales u otras labores cuya naturaleza lo permita.

Explicó que esta posibilidad deberá acordarse mediante los procesos de negociación colectiva y quedar recogida en el convenio colectivo de trabajo.

A su juicio, la medida tendrá un impacto favorable tanto para los trabajadores como para las familias.

“Que un trabajador pueda laborar durante una jornada reducida, acordada con la administración y la organización sindical, y percibir los ingresos correspondientes según lo establecido, también contribuye a mejorar los ingresos y favorece la vida familiar”, señaló.

Añadió que estas modalidades continuarán desarrollándose bajo las garantías previstas en el Código de Trabajo y con estricto apego a las normas de protección de los derechos laborales.

Posteriormente, se abordó que parte del sentido social humanista de la revolución y es parte también de los objetivos a los que apuntan las transformaciones sociales que se han adaptado entre ellas. Una de manera especial parece muy importante la 65 que apunta a fortalecer el trabajo social con enfoque proactivo y preventivo a partir de jerarquizar su labor en el municipio. Sobre esta y otras transformaciones que en este ámbito se adoptaron, se conversó con la directora de Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Rita Machín Reyes.

Machín Reyes explicó que la medida 65, está orientada precisamente a ese fortalecimiento del trabajo social con un carácter proactivo. Se está hablando que esto significa, en primer lugar, rescatar las ideas fundacionales del programa de trabajadores sociales creado por nuestro comandante jefe, mucho más en este año, en este año de su centenario.

Eso tiene que ver con poner a las personas en el centro de atención, al ser humano en el centro de atención y que los trabajadores sociales se conviertan en agentes de transformación. Eso tiene que ver con que los trabajadores sociales sean capaces de estar en cada uno de los rincones del país donde están las personas que más necesitan de esa atención.

Ese fortalecimiento va encaminado a jerarquizar la labor que hoy realizan los trabajadores sociales y eso significa que puedan estar participando en los espacios a nivel municipal, donde se diseñan, donde se gestionan, donde se evalúan las políticas sociales de manera tal que ellos puedan ser garantes de que las políticas sociales que se están hoy implementando, que todas las transformaciones que hoy se están implementando de alguna manera protejan a estas personas que hoy tienen mayores situaciones de vulnerabilidad y también puedan estar alertando a cada uno de los directivos en el municipio, del territorio, en cómo esas transformaciones van impactando a cada una de estas personas.

Tiene que ver también con dignificar la labor de los trabajadores sociales. Eso ha sido un reclamo de nuestros trabajadores sociales en estos últimos tiempos, que se le reconozca la labor, que hay un reconocimiento institucional de lo que hace, que también esto va encaminado a que se va a implementar un tratamiento diferenciado para los trabajadores sociales en materia laboral, en materia de crear las condiciones para que puedan realizar su trabajo, en materia de perfeccionamiento, de la capacitación, de la formación continua de nuestros trabajadores sociales, pero también tiene que ver en cómo gestionamos allí el grupo de atención a las políticas sociales en la demarcación del Consejo Popular.

Machín Reyes explicó cómo este grupo se articula, precisamente para tener de manera activa actualizado el mapa de las problemáticas sociales que existen en la comunidad, no solo para identificar las carencias materiales que puedan existir en el entorno donde actúa este grupo, sino para también identificar cuáles son los riesgos sociales que existen y cuáles son las potencialidades que existen en nuestros barrios para de conjunto poder atender las problemáticas sociales.

Tiene que ver también con la capacidad de este grupo para movilizar recursos, para gestionar las soluciones a partir también de lo que aquí se estaba hablando, de la responsabilidad social de los actores económicos que están ahí en el barrio y que puedan comprometerse también en la búsqueda de soluciones para la atención integral e integrada de cada una de las problemáticas sociales que se puedan estar dando en el entorno.

También con que nuestros trabajadores sociales se conviertan en el verdadero puente entre estas políticas sociales y la realidad cotidiana que hoy viven las personas, las familias, los hogares en nuestra comunidad y que en ese puente también puedan articular con educación, con salud, con cultura, con deporte para atender y no solamente, como explicaba, entregar recursos, sino también lograr de alguna manera constituir proyectos de educación, de salud, de participación comunitaria con cada uno de nuestros programas.

Se está trabajando en la norma que debe implementar que da mucho más allá de todo lo que estaba explicando, esto es de alguna manera una síntesis de cómo se debe hacer ese fortalecimiento para que de verdad sea efectivo y además consolidado en el tiempo y que tenga los resultados que se están esperando.

Y por supuesto todo esto va con la participación activa de la comunidad para que también la comunidad sea participe en la toma de decisiones y para que también la comunidad pueda decir, bueno, proponer qué se puede hacer en función de solventar los problemas que allí se suscitan.

Machín Reyes se refirió a otras de las transformaciones, además de esta transformación 65, que tiene que ver con dotar de activos de pequeña escala a personas que están en situación de vulnerabilidad para que puedan generar sus propios ingresos, para que puedan trabajar de manera en el sector no estatal, tener sus propios emprendimientos y puedan generar sus propios ingresos y puedan también quizás a partir de cómo evolucione ese emprendimiento, generar empleo para la comunidad.

Esto es una experiencia que se está rescatando de un proyecto que se implementó hace algún tiempo en Granma  y un proyecto que se implementó también con Humanity Inclusion, una asociación no gubernamental que trabaja acá en Cuba con las personas en situación de vulnerabilidad, donde un grupo de personas en situación de discapacidad fueron dotadas de activo y allí en esa comunidad, específicamente en Bartolomé Masó, en Bayamo, generaron allí sus emprendimientos. Hoy son personas que no dependen, eran en aquel momento dependían de la asistencia social, son personas que ya no dependen de una protección de la asistencia social y generan sus propios ingresos.

Otra de las transformaciones está en implementar incentivos fiscales para que las personas en situación de discapacidad que trabajan en los talleres especiales puedan aumentar sus ingresos.

Y se está hablando que no solamente diseñar, no solamente implementar incentivos fiscales, sino también buscar cómo el objeto social de estos talleres de personas en situación de discapacidad puede ampliarse y estos talleres se pueden encadenar con el sector empresarial, con el sector no estatal y que le permita, por supuesto, atraer mayores inversiones y puedan no depender solo de las materias primas que le da las industrias locales, sino también de otros incentivos y que puedan también generar sus propios ingresos.

Esto también es algo que se ha estado trabajando, que se venía trabajando y que ya se debe estar también concretando y que los talleres se conviertan en realmente en el espacio de transición donde las personas en situación de vulnerabilidad van, se entrenan y después pueden ir al empleo regular.

También se está rescatando experiencias que se implementaron, sobre todo en el periodo de la batalla de ideas, el implementar un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo a jóvenes que entre 18 y 30 años estén desvinculados y se involucren en cursos para la capacitación para acceder al empleo. Esto es algo que en el periodo de la batalla de ideas se realizó el curso de superación integral para jóvenes, donde se le daba un estipendio allí a los jóvenes para que estudiaran.

Era el pago del salario por el estudio. es algo parecido a lo que se está ahora haciendo. Un ingreso medio equivalente al salario medio y estos jóvenes mientras estén en este proceso de preparación para el empleo van a estar percibiendo este ingreso que va a correr a cargo del presupuesto de la asistencia social o del presupuesto del sistema empresarial según corresponda.

Machín Reyes señaló que estas medidas constituyen un sistema de protección social proactivo territorializado y con una capacidad real y efectiva de poder incluir a todas estas personas con mayores vulnerabilidades y no dejarlas desprotegidas.

Es un grupo de medidas que van de alguna manera a poner en capacidad al estado, al sector empresarial de ofrecer respuestas oportunas, respuestas integrales y sobre todo que rompen, son mecanismos económicos y sociales que rompen con ese sistema de vulnerabilidad, ese ciclo de la vulnerabilidad en la cual pudiera estar una persona de manera recurrente involucrándose y que de alguna manera vienen a reafirmar lo que aquí se ha dicho de que no son medidas para más capitalismo, son medidas para más socialismo, son medidas que van a ser solo posible si la transformación económica va aparejada con la transformación social con medidas que de alguna manera garanticen la justicia social y que de alguna manera vayan encaminando a garantizar la protección efectiva de los que hoy más lo necesitan.

Algo que se ha estado hablando aquí desde el inicio que de alguna manera tiene que ver precisamente con hacer más socialista nuestra revolución, hacer más socialista nuestro proyecto ético y político. Retomar el concepto de trabajo de Fidel y lo que pensó y desarrolló en el trabajo social, creo que es algo significativo en esta circunstancia y además profundizar y buscar nuevas maneras de hacer y experiencias como se contaban, nuevas también que se van acumulando a lo largo de estos tiempos.