Una nube de gas lacrimógeno rodea a policías que intentan disipar a manifestantes que protestan por la destitución de Pedro Castillo en la plaza San Martín, en Lima. Foto: AP.
El nuevo Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas que generó la destitución de Pedro Castillo como presidente del país la pasada semana. Este jueves, el Ministerio de Salud confirmó la octava muerte de un civil en las protestas contra las autoridades.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo el miércoles que la declaración del estado de emergencia es una respuesta “contundente” a la ola de protestas que ha sacudido a la nación sudamericana en los últimos días.
La medida implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, de libertad de tránisto, de libertad y seguridad personales; y el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Las fuerzas del orden, en consecuencia, pueden impedir reuniones, ingresar a domicilios y restringir el tránsito si lo consideran necesario, según lo anunciado por el ministro de Defensa.
El anuncio del miércoles amplió el estado de emergencia a todo el país, después de que la presidenta Dina Boluarte lo declarara para “las zonas de alta conflictividad social” del sur en la madrugada del pasado lunes.
Ese mismo día, Boluarte presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024, y posteriormente se mostró dispuesta a anticiparlas a finales de 2023 en medio de las protestas y la presión desde varios sectores.
Este jueves, al tiempo que el Ministerio de Salud confirmaba la octava muerte en las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos enumeró, con videos y otras evidencias, los casos de represión ilegal cometidos desde que hace una semana comenzaron las manifestaciones.
“Aunque en algunas protestas se registran acciones violentas y agresiones a periodistas y medios de comunicación, los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte avalan una repuesta de las fuerzas policiales que queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional”, advirtió la Coordinadora.
Entre las prácticas ilegales, mencionó el uso prohibido de canicas de metal y vidrio, perdigones de metal y balas, y los disparos de granadas de gas lacrimógenos dirigidas al cuerpo de los marchistas, víctima de lo cual un joven está en cuidados intensivos en Lima.
También, disparos a los manifestantes desde helicópteros, incluso con armas letales y “la represión contra el cortejo fúnebre de dos jóvenes asesinados en Andahuaylas”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló también el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden y la declaratoria del estado de emergencia, medidas que, afirma, violan el principio de la proporcionalidad.
“Estas medidas agravan el riesgo de vulneraciones de derechos humanos que ya se han venido registrando”, advirtió.
Además, denunció la infiltración en las movilizaciones de policías encubiertos que instigan a los manifestantes a cometer disturbios y realizan detenciones arbitrarias, a lo cual se añade la falta de identificación visible de los policías uniformados.
La Coordinadora también mencionó el “sembrado de pruebas” a los detenidos y el caso de una vivienda de Andahuaylas allanada por la policía para usar la azotea como posición de francotiradores que habrían dado muerte a dos jóvenes, por lo cual la población incendió la casa.
La lista incluye detenciones arbitrarias, restricciones del acceso de abogados a los detenidos y la negativa de información inmediata sobre la ubicación de los apresados y estigmatización de los manifestantes, calificándolos como terroristas.
Para el politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Jorge Aragón, la declaratoria de emergencia es “una mala noticia”, porque implica que la “misma idea de orden, la misma idea de autoridades que puedan gobernar el país, de alguna manera se pone en cuestión”.
El también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú dijo que es como reconocer que “sin ese uso de la fuerza” eso no se puede conseguir y que ya no sirven ni la autoridad ni “conceptos tan abstractos como la legitimidad”.
A su juicio, lo único que devolverá cierta normalidad es dejar bien establecido que el de Boluarte se trata de “un Gobierno absolutamente de transición”.
Entretanto, el depuesto presidente Pedro Castillo y su defensa están a la espera de que este jueves el juez supremo Juan Carlos Checkley anuncie su resolución sobre la solicitud de prisión preventiva contra el exmandatario.
Castillo, de 53 años, permanece con detención preliminar de siete días desde el pasado 7 de diciembre y permanecerá preso en tanto el Poder Judicial decide, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del expresidente.
La sesión del miércoles en que debía tomarse esa decisión se suspendió a pedido de la defensa de Castillo, que alegó no haber sido notificada.
La noche anterior, Castillo adujo ante el juez que decidía sobre su apelación que no renunciará a la causa que le dio el pueblo y exhortó a las Fuerzas Armadas a deponer las armas y dejar de matar civiles.
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido... Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, dijo.
“Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, añadió en conexión virtual, interrumpido por el juez que le pidió ceñirse al alegato judicial.
(Con información de PL, AP, BBC y El Comercio)