Los abogados del exmandatario alegan que hubo parcialidad en el juicio que
condenó a Lula da Silva, y argumentan que su puesta en libertad hasta que el
caso tenga una sentencia en firme "no causará ningún daño" a la sociedad.
Por ello, piden que se suspenda preventivamente la ejecución de la pena de
12 años de prisión, lo que provocaría su salida de la cárcel, y también
requieren que se suspenda la inhabilitación política de Lula da Silva por su
condena, con el fin de que pueda participar en los comicios de octubre de
2018.
Lula da Silva está encarcelado desde el 7 de abril pasado, tras ser
condenado a 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero, sin embargo
el exmandatario lidera todas las encuestas de intención del voto para las
elecciones presidenciales de octubre. á
Los abogados del politico brasileño también presentaron otro pedido para que
los jueces de la Corte Suprema valoren, al menos, la posibilidad de la
prisión domiciliar o el uso de medidas cautelares como una tobillera
electrónica para monitorear sus movimientos.
La máxima instancia judicial de Brasil analizará el martes próximo los
recursos en una crucial sesión en la que, de nuevo, el país sudamericano
seguirá en directo el destino de su exmandatario.
Lula da Silva está encarcelado en una celda de la sede de la policía
federal en Curitiba, ciudad al sur de Brasil, tras ser hallado culpable por
un tribunal de segunda instancia.
El exmandatario alega que es inocente y atribuye a las instancias
judiciales de la Operación Lava Jato de querer excluirle de las elecciones
de octubre próximo por medio de una condena judicial.
Su excarcelación o incluso la prisión domiciliar podrían tener un impacto
en las elecciones de octubre, en las que parte como gran favorito con cerca
de un 30 por ciento de los votos, pero con la amenaza de ser inhabilitado
por los problemas con la Justicia.
Presidente de Brasil por dos mandatos (2003-2010), Lula da Silva fue
condenado por beneficiarse de un departamento de tres plantas en la
localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de
favores políticos a la constructora OAS, mientras tiene media docena de
casos pendientes.
(Con información de Notimex)