El Tribunal Supremo activó el viernes la orden de detención europea e internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont Foto: Reuters.
El Tribunal Supremo activó este viernes la orden de detención europea e internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros políticos acusados de rebelión por su papel en el referéndum y posterior declaración unilateral de independencia.
Según informó el tribunal en una nota, las órdenes contra Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluis Puig se dictan tras su procesamiento por rebelión y malversación de fondos públicos cuando estaban al frente del Gobierno secesionista cesado en octubre.
Puigdemont y los otros miembros de su gabinete huyeron a Bélgica en octubre a raíz de ser cesados por el Gobierno central para esquivar a la Justicia.
Además de a ellos cinco, el juez Pablo Llarena dictó otra orden similar contra la secretaria general de la formación ERC, Marta Rovira, que el viernes anunció su salida de España para evitar comparecer ante el magistrado.
Rovira fue procesada por rebelión, al igual que la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, que sí ingresará en prisión incondicional.
Rovira, que llegó a sonar en algún momento como “presidenciable”, huyó según algunos medios a Suiza, sumándose al exilio de Puigdemont, cuatro ex onsejeros catalanes y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel. Para Rovira y para los cuatro exconsejeros, el juez dictó otra orden de detención.
“El Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa”, dijo en su cuenta de Twitter Puigdemont, que se encontraba el viernes en Helsinki.
Para Gabriel y su compañera de filas Mireia Boya, el procesamiento fue sólo por desobediencia, al igual que para cinco exmiembros de la Mesa del Parlament.
Por el delito de rebelión más grave que hay en la causa, con penas de hasta 30 años de cárcel, el juez procesó a 13 de los investigados, dando el primer paso formal para enjuiciarlos e inhabilitarlos para cargo público.
Entre los procesados por rebelión están el líder de ERC y vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn, para quienes el juez mantuvo la prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva, así como para otros cinco exconsellers y los líderes de las organizaciones secesionistas ANC y Omnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Con 25 procesados en total, la causa remonta su investigación a 2012, cuando el juez considera que comenzó el concierto entre partidos secesionistas, extendido a otras organizaciones, para elaborar la “hoja de ruta” que desembocó en una declaración de independencia en el Parlament el pasado octubre “al margen de la legalidad vigente”.
Pese al control regional por parte del Gobierno central, el juez ve riesgo de reiteración delictiva, al considerar que las estrategias independentistas podrían seguir actualmente “latentes y pendientes de reanudación una vez se recupere el pleno control de las competencias autonómicas”.
Por el delito de malversación de fondos públicos el juez procesó a 14 exmiembros del antiguo Gobierno catalán, al considerar que destinaron fondos a apoyar o posibilitar el referéndum de independencia.
El juez fijó una fianza conjunta de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros para los miembros del anterior Govern, considerando que 1,6 millones fueron empleados para sufragar el referéndum de independencia del 1 de octubre, anulado por el Tribunal Constitucional.
En video, Barcelona tras anuncio del Tribunal Supremo:
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— Joan Ortiz i Serra (@JoanteleSUR) 23 de marzo de 2018
(Con información de Reuters)