La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó para el jueves y viernes como investigados al destituido mandatario de esa comunidad autónoma y a los otros 13 exconsejeros de la Generalitat (autogobierno catalán).
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acusó la víspera de rebelión y sedición a las depuestas autoridades de Cataluña, por su presunta responsabilidad en la declaración unilateral de independencia aprobada el viernes por el parlamento de esa región.
Los 14 imputados deberán depositar en un plazo de tres días una fianza de poco más de seis millones de euros para responder a posibles responsabilidades civiles.
Puigdemont se encuentra en Bruselas, desde donde hoy denunció la politización de la justicia en este país ibérico y acusó al gobierno central de Mariano de Rajoy de recurrir a la fuerza para liquidar las aspiraciones secesionistas de esa región.
En la capital belga, el líder separatista pidió garantías jurídicas para retornar a España y negó que pretenda solicitar asilo en esa nación para eludir los cargos en su contra.
Nos hemos desplazado a Bruselas para poner de manifiesto el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la falta de imparcialidad de la justicia española y el grave déficit democrático que existe en el Estado español, enfatizó.
"No estoy aquí para pedir asilo político, esto no es una cuestión de Bélgica, pero Bruselas es la capital de Europa", insistió el defenestrado gobernante, en obvia alusión a la presencia en esa urbe de las instituciones de la Unión Europea.
Estamos aquí buscando garantías jurídicas que por el momento no se dan en Cataluña ni en España, subrayó Puigdemont, quien acusó a los partidos Popular (de Rajoy) y Socialista Obrero Español (principal de la oposición) de afrontar con represión una cuestión política.
A su juicio, la querella del fiscal Maza, reprobado meses atrás por el Congreso de los Diputados -según recordó-, no se sustenta jurídicamente, pretende perseguir una idea y no un delito y se suma al "camino de máxima beligerancia" del Ejecutivo de Rajoy.
En su auto, Lamela hizo suyos los argumentos del fiscal al considerar que los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente y asume la competencia del tribunal.
Por ello, encaja estos hechos en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, competencia de la Audiencia Nacional.
(Con información de Prensa Latina)