Otto Pérez Molina.
La Contraloría General de Cuentas de Guatemala recomendó este jueves al presidente Otto Pérez renunciar al cargo para "evitar consecuencias insospechadas" ante la acusación en su contra de dirigir una banda de defraudación aduanera, denominada La línea.
Un comunicado del ente fiscalizador emitido la noche de este miércoles pide a Pérez que "en aras de mantener la paz social en Guatemala y ante las demandas de los distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia al cargo de presidente de la República para evitar mayores incidentes sociales, con consecuencias insospechables".
La contraloría, que representa jurídicamente al gobierno, también autorizó a sus funcionarios a participar en una marcha contra la corrupción programada para este jueves.
El llamado del ente jurídico se suma al realizado el miércoles por la Procuraduría General de la Nación, que también recomendó al gobernante renunciar a la primera magistratura debido a las denuncias de corrupción que pesan contra él.
Ambas instituciones se suman a la universidad pública que no sólo ha suspendido actividades sino que ha convocado a la que se espera sea la marcha principal del día, que partirá de sus instalaciones y llegará al Palacio de Gobierno donde confluirá con las convocadas por las universidades privadas, que tampoco abrirán sus puertas, al igual que la mayoría de los colegios privados de la capital.
Organizaciones campesinas del interior del país y diversos sindicatos también marcharán junto a los estudiantes.
Otto Pérez fue involucrado el pasado viernes en una red que cobraba sobornos en las aduanas nacionales denominada La Línea, descubierta el 16 de abril por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),, un ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas.
Según los peritajes, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a Roxana Baldetti, quien renunció a la vicepresidencia y guarda prisión preventiva en un cuartel militar de la capital antes de ser trasladada a una cárcel ordinaria para mujeres.
La denuncia contra Pérez fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que el martes autorizó al Congreso a formar una comisión para analizar si le retira la inmunidad para que sea investigado penalmente. El trámite parlamentario comenzaría este jueves.
El fraude en las aduanas, junto a otros casos de corrupción, mantiene al gobierno en una crisis institucional que ya generó la salida de varios ministros del gabinete, junto al incremento de manifestaciones populares que piden la renuncia del presidente.
(Con información de La Jornada)