Los ministros de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, y Sanidad, Andreas Loverdos, ya habían anunciado el pasado fin de semana que tomarían medidas contra la "bomba para la salud" que, a su juicio, suponen los inmigrantes que viven en Grecia sin documentos.
La medida llega, además, después del fiasco que ha supuesto la llamada "macro operación contra la ilegalidad" del Ministerio de Protección Ciudadana (Orden Público), por la que durante la pasada semana fueron detenidos unos dos mil extranjeros. De ellos, sólo se pudo hallar cargos contra 420, de los que en 234 casos fue por no poseer documentos de residencia en regla, lo que implica que más de 1 500 fueron detenidos sin ningún tipo de acusación o sospecha válida. El Gobierno ha anunciado la transformación de 30 antiguas bases militares en campos de reclusión para unos 30 mil inmigrantes indocumentados.
Campaña electoral
Varias organizaciones no gubernamentales se han quejado de estas medidas, que muchos achacan a la proximidad de las elecciones, en las que se prevé un gran aumento del voto a los grupos ultraderechistas que hacen campaña exclusivamente con la cuestión de la inmigración. "Es especialmente preocupante que aquellos que tienen derecho a protección internacional se enfrentan a la detención. Inmigrantes y refugiados no son criminales y no deberían ser tratados como tales", se quejó ayer Amnistía Internacional en un comunicado. "Las autoridades griegas deberían retirar inmediatamente este tipo de medidas, que sólo exacerban el estigma hacia los inmigrantes y refugiados en el país", añadió.
De acuerdo con un estudio del grupo ("think-tank") ELIAMEP, en 2011 residían en Grecia 1,1 millones de inmigrantes, de los cuales 400 mil no disponían de documentos en regla. Según los datos de la agencia europea de control de fronteras (FRONTEX), que dispone de una misión para ayudar a Grecia en la materia, en 2011 se registraron 57 mil entradas ilegales de inmigrantes en el país mediterráneo.
(Tomado de EFE)