“Alguien tiene que ponerle freno a esta situación, porque no sé a dónde vamos a llegar”, dice Margarita Martínez Abreu, sin superar el miedo y la impotencia que vivió esta semana, cuando dos ciudadanas ocuparon de manera ilegal la casa de su hija, quien se encuentra fuera del país.
“Entraron el sábado 28 de mayo, debajo de un aguacero. El domingo, sobre las 9:00 a. m., la abuela de mi yerno me avisó de que había personas extrañas y que, al llamarme desde su casa, colindante con esta, le gritaron: “Aquí no vive ninguna Margarita”. Cuando llegué, no me permitieron pasar. En el interior de la vivienda se encontraba una muchacha con un niño de un año y medio, más o menos, y afuera estaba otra, embarazada.
“Fui a la Tercera Unidad de la Policía, con la propiedad en la mano, para dar cuenta de lo sucedido, y me explicaron que ellos no podían proceder en estos asuntos, que debía presentarme el lunes en la Dirección Municipal de Vivienda, para que el director y la asesora jurídica vinieran.
“Por suerte, la familia de mi yerno las persuadió y se fueron el propio domingo, alrededor de las 7:00 p. m. Mientras salían, me echaron en cara que se iban para otra casa y me dijeron: “Aquí tiene que meterse alguien, porque todo el mundo está en la misma situación que nosotras”.
Así quedó el llavín en la casa de la hija de Margarita Martínez Abreu, luego de la entrada forzosa en la noche del pasado 28 de mayo. Fotos: Mónica Sardiña Molina.
Como saldo económico preliminar, Margarita cuenta una cámara de seguridad y un disco duro, desaparecidos; 300 MLC para pagar una nueva puerta de entrada, 13 500 pesos por una reja que brinde mayor protección a la casa, más lo desembolsado para los materiales de construcción y el pago a los albañiles, cuyo ajetreo marcaba el compás de esta entrevista. Insomnio, desasosiego, la incomodidad de dormir con un colchón detrás de la puerta forzada y el temor de que se repita el episodio, suman costos psicológicos mayores.
“Si esta es mi propiedad y la quiero mantener cerrada, ¿no tengo derecho a que la autoridad saque a las personas que la ocupen ilegalmente? Como el mío, son muchos los casos en la ciudad de Santa Clara, y tengo conocimiento de que algunos han pedido dinero para salir de las casas. ¿Qué pasará entonces con la tranquilidad ciudadana?”
Preguntas similares se ha formulado María Emilia Garricks Barroso, durante casi dos meses. Luego de acompañar hasta la muerte a una amiga que quiso como hermana, continuó al cuidado de la vivienda; hasta que el martes 19 de abril, una llamada la puso sobre aviso: «Hay gente en la casa de Arturito», como le dice cariñosamente a uno de los hijos y propietarios.
—¿Usted a dónde va? —me preguntó una señora que estaba parada en el portal cuando traté de introducir la llave.
—A entrar a la casa.
—No, usted no puede entrar —me dijo, desde el interior, una muchacha con un niño cargado de un año y medio o dos, y madre de otro de 11 o 12.
—¿Por qué?, si esta es mi casa —le pregunté.
—No es suya. Aquí vivían dos viejitos que fallecieron, los hijos están en “el yuma”, y usted es la que cuida la casa.
—Pero tengo la llave.
—No, usted no entra.
Aunque María Emilia reproduce el diálogo como si hubiera ocurrido ayer, para detallar todos los trámites que ha hecho desde entonces se auxilia de un diario y una carpeta con documentos oficiales.
“Inmediatamente llamé a un amigo y fuimos para la Unidad de la Policía. Allí estuvimos muchísimo tiempo, me tomaron datos y tuve que hacer un inventario de memoria sobre lo que había en la casa. Me dijeron: “Esta denuncia tiene que ser en la Dirección Municipal de Vivienda, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso”.
Lo que cuenta en apenas unos minutos le ha tomado más de un mes a esta jubilada de 74 años, con el antecedente de un infarto. Madrugadas para iniciar los trámites lo más pronto posible, viajes en vano debido a la ausencia de determinado funcionario, gastos, colas y tardanzas detrás de documentos; hasta el nombre, la dirección de origen y el número de carné de identidad de la ocupante tuvo que procurar.
Como uno de los herederos de la vivienda ocupada, Lázaro Arturo García Gutiérrez (Arturito para María Emilia) sigue cada paso desde Italia, vía WhatsApp. Se siente impotente al saber que extraños profanan el hogar construido bloque a bloque por sus padres, el rinconcito de Cuba donde conserva todos los recuerdos y que le pertenece por derecho.
“Ya el abogado que atiende el caso notificó la ocupación ilegal, con la orden de salir en las siguientes 72 horas; pero un error en el kilómetro de la dirección de origen de la muchacha ha paralizado todo el proceso, a pesar de que los vecinos vieron llegar dos carretones donde movieron un fogón, refrigerador y otros artículos que no trajo desde un árbol del parque Vidal, sino de otro espacio que habitaba antes», espetó María Emilia.
“Mientras, entran y salen personas de la casa, continúan los altercados entre ella y el marido, han roto persianas, están usando equipos y muebles de la familia, me siguen privando de pertenencias que dejé allá, y que he necesitado y no he podido recuperar, aun teniendo la llave.
“Ahora, la ocupante dice que está embarazada otra vez, que si los dueños vienen a reclamar, vivirán los tres juntos, porque ella solo se moverá cuando el director municipal de Vivienda le dé una casa. Además, la escucharon decirle a alguien: “Despreocúpate, que esto es mío ya”.
“¿Por qué provocamos este disgusto, sin saber qué puede desencadenar? Encuentro las leyes muy débiles en este sentido y lo digo con sinceridad: hay que hacer algo, ¡pronto!, porque cada vez son más los hechos como este”.
Las ocupaciones ilegales en inmuebles estatales y particulares, exacerbadas durante los últimos meses en la ciudad de Santa Clara, exigen una respuesta inmediata de las autoridades competentes, para romper el ciclo de la impunidad y el descontento de tantos propietarios afectados.
Según refirió a Vanguardia el intendente de la capital provincial, Eduardo Andrés Román Duarte, se trata de ciudadanos con una situación habitacional crítica, provenientes de familias disfuncionales o que no tienen una dirección oficial, porque viven alquilados. “Sin embargo, como tendencia de este año irrumpen en propiedades ajenas personas que nunca han acudido a los sistemas de atención a la población del Gobierno y de Vivienda para dar a conocer su situación, lo cual dificulta la búsqueda de soluciones”.
¿Qué dicen las leyes?
Según Yusniel Benavides Gutiérrez, fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales de Villa Clara, el artículo 333 del Código Penal vigente (1987) contempla el delito de usurpación.
De acuerdo con el especialista, el nuevo Código aprobado en mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular contiene, en el artículo 421, una formulación muy parecida, que incorpora como agravantes la violencia familiar y de género, y los motivos discriminatorios de cualquier tipo.
En principio, el Derecho Penal es un recurso de ultima ratio, es decir, se evita acudir a esta vía, siempre que exista otra para tratar un hecho. Por ello, la Ley General de la Vivienda (1989) ofrece una solución administrativa al problema.
Como garantía del debido proceso, Yaquelín Román Alvarez, subdirectora legal de la Dirección Provincial de Vivienda, expone las posibilidades de apelación de la parte inconforme ante el director provincial de la entidad, y de no estar de acuerdo con el fallo, puede solicitar la revisión del presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, según estipula la tercera disposición especial de la norma jurídica. Sin embargo, el procedimiento de revisión no paraliza la ejecución de lo dispuesto, y contra la resolución dictada —que anule o ratifique la decisión inicial— no procederá recurso alguno en lo administrativo ni en lo judicial.
“No resulta común que las personas declaradas como ocupantes ilegales acudan al recurso de apelación, y a veces lo hacen para retardar el proceso”, comentó Román Álvarez.
En el 2009 entró en vigor la Resolución 376 del Instituto Nacional de la Vivienda, que establece el procedimiento para la declaración de ocupante ilegal y su ejecución:
“Las direcciones municipales tramitan, por un procedimiento sumarísimo, la extracción inmediata de aquellos que penetran clandestina o violentamente en una vivienda estatal o particular, o cuartos, habitaciones o accesorias, cualquiera que sea la vía de conocimiento del hecho.
“«Como acto previo se debe conminar a los ocupantes, mediante escrito fundado del director municipal de la Vivienda, a abandonar el inmueble dentro de las 72 horas posteriores a la notificación. En caso de que los individuos desobedezcan, se radica expediente de oficio, y de forma sumarísima se tramita y emite resolución con la declaración de ocupación ilegal, sin necesidad de emplazamiento”.
El fiscal jefe del Departamento de Procesos Penales en la provincia explica que, al existir el procedimiento administrativo, el Tribunal Supremo Popular dispuso, mediante un dictamen, que cuando se trata de inmuebles de personas naturales, el asunto no se conduciría por la vía penal, pues la Ley General de la Vivienda está dirigida a los bienes de propiedad personal. Entonces, solo procede el delito de usurpación, dentro del Derecho Penal, cuando los locales ocupados de manera ilegal pertenecen a entidades estatales.
De acuerdo con Benavides Gutiérrez, las personas afectadas por el incumplimiento de la legislación encuentran amparo en la Ley 142/2021: Del Proceso Administrativo, que permite a los ciudadanos establecer demandas ante los tribunales contra los funcionarios que limitan sus derechos y perjudican su patrimonio.
En manos de la Comisión de Enfrentamiento
Si bien los propietarios del inmueble ocupado —ya sea estatal o particular— deben encargarse de los trámites respectivos, agotado el proceso administrativo y ante la negativa de los usurpadores a abandonar el local, corresponde ejecutar la extracción a la Comisión de Enfrentamiento a las Ilegalidades de la Asamblea Municipal del Poder Popular, integrada por representantes de las instancias locales de Vivienda, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (Inotu), el Tribunal, la Fiscalía, el Gobierno, el Ministerio del Interior (Minint), Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social, y las organizaciones de masas.
El intendente de Santa Clara señala, como primer paso, persuadir a la persona para que salga, lograr un entendimiento y atender su situación, que no significa resolverle el problema de manera inmediata, sino conocer el caso y ofrecerle las vías de solución en el momento en que le corresponda. De ninguna forma constituirá una prioridad, y si estaba próxima a recibir cualquier tipo de ayuda, ese proceso se detiene, puesto que cometió un delito.
La negociación se hace desde su dirección de origen, nunca desde la posición de fuerza de una ocupación ilegal. En la peor de las probabilidades, si se niega a salir, la Comisión entrega el expediente al Minint y se propone la extracción forzosa.
“En el mes de mayo se produjo la ocupación de ocho consultorios médicos, principalmente en Condado Norte y Condado Sur. A partir de la actuación conjunta de Salud Pública y la Comisión de Enfrentamiento, todos los implicados han salido de manera pacífica y ordenada. También enfrentamos situaciones con locales del Inder, y hoy trabajamos en espacios ocupados en entidades del Ministerio de la Construcción y de los CDR, así como en una Sala de Rehabilitación del hospital Celestino Hernández”.
Esta imprenta ubicada en el Condado santaclareño, desprovista de condiciones de habitabilidad, lleva más de un mes ocupada de manera ilegal. Foto: Ramón Barreras Valdés
Por muy bien escritas que estén las leyes y sumarísimas deban ser las respuestas a la ocupación ilegal, María Emilia Garricks Barroso espera una solución desde el 19 de abril de este año, y Sandra M. Mujica Caraballoso —cuya historia publicó en este periódico la colega Liena María Nieves Portal, el 21 de marzo de 2020— lo hace desde el 2013. Unos 85 casos radicados (con Resolución de ocupación ilegal) se acumulan en los archivos de la Dirección Municipal de Vivienda, desde 2008 hasta 2021, y en lo que va de año se han radicado otros ocho, pero alrededor de 30 expedientes esperan por un término.
Como razones para semejante atraso en la concreción de las extracciones, el intendente de Santa Clara esgrime las dilaciones de las entidades involucradas para cumplir lo establecido y, como consecuencia de la prolongación de la estancia, la pérdida del lugar de origen a donde debe regresar el usurpador de la propiedad.
Ante la acumulación de tardanzas, ineficiencias e impunidad frente a conductas sin justificación alguna, cabe exigir una protección más efectiva que ofrezca igual seguridad a todas las formas de propiedad reconocidas por la Constitución de la República: personal, privada, socialista de todo el pueblo, cooperativa, mixta, de instituciones y formas asociativas, y de las organizaciones políticas, de masas y sociales.
¿De brazos cruzados?
La ayuda a madres con múltiple descendencia constituye una de las acciones del programa de atención a la dinámica demográfica en Villa Clara. Según trascendió en la última reunión de chequeo de la política, han sido identificadas 3262 madres, de las cuales, 1827 presentan necesidades habitacionales. Mediante el plan estatal, el otorgamiento de subsidios y la compra de viviendas se han beneficiado 340, y se proyectan otras 377 para el presente año.
En 2021, la aprobación del Decreto 9009 del Consejo de Ministros introdujo novedades en la aplicación de la política, pues contempla la asignación de recursos financieros para garantizar una vivienda a las madres que tienen bajo su guarda y cuidado a tres o más hijos de hasta 17 años.
Al respecto, Noel Chinea Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Poder Popular en la provincia, aclara que “no todos los casos demandan la compra de un inmueble. Pueden emprenderse acciones de rehabilitación, conservación y ampliación, o construcción, a partir del otorgamiento de un subsidio. De estos últimos, se han entregado 416, cuyas obras aún no concluyen”.
Si bien la compra de viviendas —con un presupuesto de hasta 350 000 pesos— ayuda a resolver más casos en menos tiempo, permite un mejor control de los recursos y evita acciones constructivas a mujeres que no están en condiciones de asumirlas, las limitaciones de financiamiento se hacen sentir.
“Con 50 000 000 de pesos recibidos en el 2021, beneficiamos a 156 familias, y nos proyectamos otras 96, con 33 300 000 pesos asignados este año. A pesar de los deseos de avanzar con mayor ritmo, resulta imposible dar respuesta inmediata a todas las madres, ante la cantidad de casos pendientes.
“Para satisfacer la demanda, buscamos otras capacidades en inmuebles subutilizados que convertimos en viviendas, como es el caso del edificio que estamos habilitando en el IPVCE”.
En el quinto año de la política de la Vivienda, Santa Clara, como el resto de los municipios, continúa su andar para solucionar la situación de manera ordenada y paulatina.
Según explicó el intendente, Eduardo Andrés Román Duarte, durante los tres primeros años la capital villaclareña cumplió los planes establecidos. En el 2021 no se cubrió lo pronosticado, por factores objetivos asociados a la COVID-19 y otras razones subjetivas. No obstante, al cierre de abril, el municipio muestra resultados alentadores.
Hasta el miércoles 1.º de junio, la base de datos del Gobierno municipal contemplaba 1200 madres con tres o más hijos, de las cuales 550 presentaban necesidades habitacionales. En el 2021, más de 30 casos se solucionaron por la vía estatal y 72 mediante la compra de locales, al amparo del Acuerdo 9009.
“Estas últimas no pueden ser vendidas ni permutadas, porque son propiedad de la Vivienda. Aun cuando en Santa Clara no hemos conocido ningún caso, aclaramos que quien se deshaga del inmueble adquirido por esta vía, no puede exigir otro, pues ya recibió el beneficio de la política”, acotó Román Duarte.
En el 2022 deben ser favorecidas otras 30 madres a través de dicha modalidad. Para establecer prioridades de manera justa, se definieron los casos más críticos, luego de un encuentro con los presidentes de los consejos populares y los grupos de prevención, de composición multisectorial. «Para evitar enfoques asistencialistas, hicimos un balance que beneficie a familias que aportan a la sociedad, pero también tienen problemas con la vivienda, entre las que se encuentran madres profesionales de la Salud, Educación y otros sectores. Por ejemplo, con el edificio de la Vocacional, dentro del plan estatal, se beneficiarán mujeres con descendencia múltiple, trabajadores de organismos a los cuales les entregaremos algunos locales y personas damnificadas por eventos meteorológicos, que ya suman más de 300», detalló Eduardo Román Duarte.
El funcionario particularizó sobre los albergues de transición. El enclavado en la comunidad conocida como El Cuncuní, en Manajanabo, está inmerso en un programa inversionista para convertirlo en 37 viviendas y otorgarlas a las personas que lo habitan. De ellas, 25 están casi terminadas, y unas 20 familias ya no poseen la condición de albergadas. También se realizan acciones de urbanización y se trabaja para garantizar los servicios imprescindibles.
Otra dependencia en condiciones similares resulta la escuela Victoria de Santa Clara, en la Carretera Central banda Placetas. No está previsto convertirla en viviendas, sino aprovechar sus capacidades mientras se da una solución definitiva a las personas afectadas, según las prioridades del municipio.
Historias hay tantas como madres, pero las dificultades no pueden viajar en el mismo sentido que la violencia. Dunia Ruiz Gómez lo ha tenido siempre claro.
Tras el fallecimiento del padre de sus hijos, en el 2019, quedó sola al cuidado de unos jimaguas de 12 años y un adolescente de 16. Uno de los jimaguas padece un retardo que lo obliga a asistir a una escuela especial, el hijo mayor posee un solo riñón (monorreno) y ella está operada de la columna desde el 2002.
“Vivía con mi abuela, de 78 años; pero, como persona mayor, ella tenía sus características, su espacio, y era complicada la convivencia con tres niños. Solicité ayuda como madre de múltiple descendencia; en el 2020 se me asignó una parcela y me hicieron los trámites para un subsidio. Después, entró en vigor el Acuerdo y me explicaron que era mucho mejor, porque a mí me resultaba imposible construir.
Junto a sus hijos, Jesús Armando, Julio Alfredo (ambos en la imagen) y Reinier, Dunia Ruiz Gómez disfruta la seguridad de un techo, luego de tres años de incertidumbre y espera. Foto: Ramón Barreras Valdés.
“Por tratarse de la primera vez, resultó un proceso complejo. Diciembre de 2021 fue un mes muy tenso. Éramos muchas en la lista y seguimos muchas más. No todas tienen la misma disposición para esperar.
“Mi caso era bastante difícil. A veces tenía que salir de una casa prestada y no tenía a dónde ir con mis niños. Regresaba a Vivienda, para volver a pedir ayuda y siempre me reiteraban: “Tienes que esperar”. Te digo, con sinceridad, que me daban aliento, yo salía convencida, porque quienes venimos tenemos problemas, pero no todos pasamos por la misma situación ni requerimos el mismo tratamiento.
“Me quedé para un segundo momento y, gracias a Dios, el viernes de la semana pasada formalizaron la compra de la casa, en la comunidad del Polipalo. Este año estuvo mejor estructurado el proceso, porque valoraron las necesidades y prioridades reales en cada circunscripción. Estamos muy contentos y nos encanta la casa. Es amplia, tiene patio, dos cuartos, pozo y turbina. A partir de este mes, Asistencia Social me ayudará con las camas y demás recursos, porque yo no tengo nada”.
—¿En algún momento de desesperación pensó irrumpir en una casa o local ajeno para exigir que agilizaran su respuesta?
—Nunca me pasó por la mente, aunque viví situaciones desesperadas, en las que cualquier persona lo hubiese hecho. Incluso, el 5 de enero de este año, mi hijo mayor sufrió un accidente que le dejó secuelas en el cerebro. Se me unieron muchas cosas, pero mantuve la ecuanimidad, creo que eso es lo que más me ayuda. Siempre he tenido claro que mis situaciones no tienen que ver con las de otros, y nadie tiene la culpa de lo que a mí me pase. En lugar de resolver uno, crearía dos problemas.
(Tomado de Vanguardia)