Foto: ACN.
En la sesión ordinaria del Parlamento cubano de diciembre último se dio a conocer la disposición de comenzar este año a aplicar gradualmente el cobro de los impuestos en lo concerniente al uso, posesión y ociosidad de las tierras agrícolas y forestales.
En Pinar del Río y Cienfuegos se iniciará la medida, la cual después se extenderá al resto de los territorios y que no solo puede verse como una nueva fuente de ingresos al Presupuesto del Estado, acorde con la actual Ley Tributaria, sino como otra manera de compulsar a los productores a explotar, con mayor eficiencia, tales espacios, incluso en la rama de la ganadería comercial (aunque solo en la cría y ceba).
Como bien reconocen autoridades del Ministerio de la Agricultura muchas de las tierras aún disponibles son poco productivas, con alta infestación de marabú, tienen dificultades para acceder a las fuentes de agua y están alejadas de los asentamientos poblacionales y, por ende, de los servicios básicos.
Cooperativistas y campesinos se han quejado respecto a las pérdidas de productos en el campo ante la ausencia de un mecanismo eficiente para el acopio, transportación y comercialización, así como algunos consideran que no son suficientes o estables las entregas de insumos y recursos necesarios, a veces fuera de la fecha idónea.
Recordemos que con vistas a incrementar la producción agropecuaria, no solo en cantidad sino en diversidad de renglones, en el 2008 entró en vigor el Decreto Ley 259, mediante el cual alrededor de un millón 917 mil hectáreas pasaron a ser gestionadas por más de 222 mil cubanos.
En 2012 se realizaron modificaciones a ese instrumento jurídico y se promulgó el Decreto Ley 300, en 2014 hubo otros cambios, y a finales del 2017 se aprobó una nueva norma jurídica: el cobro de los impuestos en lo concerniente al uso, posesión y ociosidad de las tierras agrícolas y forestales.
Hasta agosto de ese año permanecían en el programa más de 151 mil personas atendiendo un millón 200 mil hectáreas, declaró entonces a la prensa el Máster en ciencia Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de la Tierra en el Ministerio de la Agricultura.
Pero urge ya acorralar el problema de la explotación de las tierras baldías, su improductividad, amén del impacto del cambio climático, de fenómenos como la sequía, los huracanes e intensas lluvias, la desertificación de los suelos… por citar algunos.
Foto: José Raúl Concepción/Cubadebate.
La reciente medida tributaria va dirigida a reanimar más el sector agropecuario, sobre la base de la experiencia, de los logros, avances, imperfecciones y dificultades.
Se sabe muy bien que unas tierras demandan más trabajo que otras, pero también en todos estos años han existido desviaciones de la política definida en esta materia, violaciones de las regulaciones vigentes.
Por ejemplo, de forma ilegal se han levantado y construido bienhechurías en áreas entregadas en usufructo, se han realizado traspasos y compra-ventas de las mismas y no pocos beneficiarios las han dejado abandonadas, a merced de las malas hierbas y la inutilidad.
Con sus imperfecciones, y las limitaciones financieras existentes, hay que reconocer la voluntad del país de otorgar créditos bancarios a quienes los necesiten, de avanzar en el mejoramiento del programa de suelos, de suministrarles a los productores semillas de alta calidad, tecnología y productos biológicos y químicos, de acuerdo con las posibilidades reales.
Por eso cuando se transita por carreteras, poblados y ciudades duele ver esas tierras baldías, tanto en mano de empresas como del sector no estatal, mientras el Estado sigue erogando cifras millonarias de dinero para importar alimentos que muy bien pueden producirse acá.
(Tomado de ACN)