Investigadora del Área de Estudios Penitenciarios de CESC, Docente del Área de Psicología Jurídica, Universidad de Chile.
Qué difícil encontrar las palabras para dar inicio a este breve artículo. Qué dolor enorme sumar una nueva tragedia a la ya aciaga historia de desgracias en nuestras cárceles, esta vez con un saldo de 81 muertos y cientos de personas afectadas con la pérdida de un ser querido. Se consigna como la mayor tragedia carcelaria de los últimos años y asusta pensar que podamos acostumbrarnos a que eventos como éstos ocurran, a no cuestionar el hecho que las personas privadas de libertad sólo deben ser privadas de ello, no de dignidad, de contacto con sus familiares, de posibilidades de educarse y trabajar, y sobre todo, de seguridad. A naturalizar la posibilidad que una persona sentenciada a la cárcel en Chile, pueda encontrar en su lugar de reclusión, la muerte. Estos 81 muertos no pueden ser olvidados, como pasó con los reclusos fallecidos en los incendios del penal de Iquique el 2001, de la cárcel El Manzano en Concepción el 2003, de Colina dos en abril de 2009, así como todas las personas que vieron empeorada sus condiciones de reclusión a raíz del terremoto de febrero de 2010, sólo por mencionar eventos de la última década.
Este comentario es una invitación a detenerse a pensar en este tema, a intercambiar opiniones, para lo cual pongo a disposición de ustedes información en torno a algunos elementos que han llamado mi atención a 24 horas de ocurridos los hechos.
De la información disponible y el interés por conocerla
Esta tragedia ha puesto en evidencia las pésimas condiciones del sistema carcelario...
Si bien no es una cita textual, es el contenido presente en muchas, tal vez la mayoría de las declaraciones de figuras públicas relacionadas con el tema, políticos y otros entrevistados en medios de comunicación. Da la impresión que las precarias condiciones de vida al interior de las cárceles, así como los graves problemas de sobrepoblación y hacinamiento y la falta de personal de Gendarmería fueran desconocidos, que este hecho en la cárcel de San Miguel los hubiera sacado a la luz. Esto no es así, existe amplia, variada y sólida evidencia informada en la materia desde hace años. Pongo sólo algunos ejemplos:
- La Universidad Diego Portales ha dedicado un capítulo especial a la situación carcelaria en todos sus Informes de Derechos Humanos desde el año 2003[1]. Sistemáticamente, ha dado cuenta de los problemas carcelarios, entregando datos concretos e información confiable.
- La Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado ha puesto a disposición del Poder Judicial y del conocimiento público, sendos informes derivados de sus visitas a las principales cárceles de Chile en los últimos años.
- La Relatoría para los Privados de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó al gobierno un detallado informe de sus apreciaciones a raíz de la visita a algunas cárceles chilenas el año 2008[2].
- El Consejo de Reforma Penitenciaria, convocado el año 2009 desde el Ministerio de Justicia y en el que participó la Fiscal Mónica Maldonado, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, la Fundación Paz Ciudadana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Director de Gendarmería y los subsecretarios de Justicia y de Interior, entregó a inicios de 2010 un detallado informe que constó de un diagnóstico y propuestas para superar la crisis carcelaria.
- La Iglesia Católica entregó al gobierno este año, un documento en que fundamentaba su postura a favor del indulto penitenciario por causas humanitarias, debido a las pésimas condiciones de vida de internos que no representan amenazas a la seguridad pública.
- Numerosos artículos académicos, libros, informes de centros de estudios, universidades, fundaciones, ONG, etc.
En los documentos citados se ha hecho énfasis en la gravedad de los problemas derivados de la sobrepoblación carcelaria; en el aumento explosivo de la población penal sin que existan las condiciones necesarias para su rehabilitación y reinserción; en la necesidad de diversificar la respuesta penal; la necesidad de mejorar el sistema de medidas alternativas a la reclusión; la existencia de un excesivo y predominante énfasis en la seguridad por sobre la reinserción; la falta de control jurisdiccional de la ejecución de las penas; así como la necesidad de desarrollar una política penitenciaria integral y con continuidad en lo post penitenciario, a la altura de un Estado de derecho.
Es decir: la información existe, está disponible, es confiable y sólida, sólo se requiere interés para acceder a ella.
El énfasis en los problemas contingentes
Sí, los datos que hemos conocido a través de los medios de comunicación en las horas posteriores a la tragedia de San Miguel, dan cuenta de problemas existentes y persistentes no sólo en ésta, sino en la mayoría de las unidades penales del país:
- Dramático hacinamiento: una cárcel construida para 700 internos alberga 1.900 personas. El hacinamiento favorece la violencia, la transmisión de enfermedades, el deterioro de la salud mental y física, entre otras numerosas consecuencias.
- Falta de segregación de la población penal: los infractores primerizos y reincidentes conviviendo en un mismo módulo, contrario a lo que indican las reglas mínimas de tratamiento a reclusos y la normativa internacional, que sugieren separar a los reclusos de acuerdo a su grado de involucramiento delictivo.
- Inexistencia de protocolos de emergencia: no hubo extintores suficientes y disponibles, habilitación de salidas de emergencia, falta control de materiales inflamables al interior de las celdas, faltan vías de ventilación, existen problemas con el suministro de agua potable. Estas carencias son impresentables en las cárceles, lugares donde la probabilidad de emergencias es más alta que en otras construcciones. Existen recomendaciones en materia de construcción de cárceles que sugieren un límite menor a mil personas recluidas por unidad penal. Más allá de eso, una cárcel puede hacerse "incontrolable". La ex Penitenciaría de Santiago tiene más de 7 mil internos.
- Falta de personal de Gendarmería: una dramática proporción, 5 gendarmes para resguardar la seguridad de 1.900 reclusos. Los estándares en la materia sugieren 1 gendarme por cada 4-5 internos.
Y podría seguir con la enumeración de los problemas detectados. Pero ése no es el punto. Gendarmería tiene como misión velar por la seguridad de las personas condenadas por la ley penal a privación de libertad, es decir, debe ejecutar el cumplimiento de las sanciones penales. Probablemente esto podría hacerse de mejor manera, pero no corresponde responsabilizar únicamente a Gendarmería por un problema que tiene que ver con la forma e intensidad en se sanciona en Chile. Y aquí algunos datos para evaluar si nuestra respuesta penal es proporcional a la delincuencia existente:
- Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, tiene la tasa de homicidios más baja de la región y los delitos que se comenten son principalmente contra la propiedad, no contra la vida. Pese a ello, somos uno de los países con mayor temor al delito y con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina.
- La Reforma Procesal Penal ha traído beneficios al sistema de justicia, facilitando la denuncia, haciendo que los juicios sean más breves, eficientes y transparentes. Pero también ha tenido como consecuencia un aumentado explosivo de la población penal debido a un uso predominante de la cárcel por sobre otras medidas de sanción disponibles, a la dramática disminución de los derechos de salida o beneficios intrapenitenciarios, al endurecimiento de las sanciones. Es decir, tenemos un número desproporcionado de personas encarceladas, muchas de ellas por delitos menores, cumpliendo largas condenas y sin posibilidades reales de acceder a permisos progresivos de salida. En resumen: la mano blanda con el delito y la "puerta giratoria" son mitos.
- Parte de la delincuencia está asociada a condiciones de exclusión social: precariedad en educación formal, consumo de alcohol y drogas, falta de integración en un sentido amplio. El sistema penitenciario no cuenta con una política integral que permita abordar eficientemente las causas de la delincuencia, ni la integración social real de las personas una vez que salen de la cárcel.
Podríamos hablar de un sistema de justicia orientado a la sanción, un sistema social que, como dice L. Wacquant, criminaliza la pobreza. Vivimos en una sociedad en que el riesgo se ha instalado en las subjetividades, muy por sobre los datos objetivos, en que se ha hecho progresivamente frecuente separar a la "gente decente" de los "delincuentes". Junto con analizar los problemas contingentes, vale la pena pensar en los problemas estructurales que han permitido la ocurrencia de estos hechos. Tenemos una imperante necesidad de entender la delincuencia como un fenómeno social, como una de las numerosas consecuencias de ser un país en vías de desarrollo económico pero con profundas inequidades sociales.
La gran respuesta: construcción de más cárceles
La ecuación parece simple: hay sobrepoblación carcelaria y un déficit de más de 20mil plazas, entonces construyamos más cárceles; es más, como las cárceles tradicionales cuentan con pésimas condiciones y las concesionadas ofrecen mucho mejores condiciones de vida, entonces construyamos más cárceles concesionadas. Esta es una perspectiva limitada, cortoplacista, que solucionaría un problema contingente y ahondaría en los problemas de fondo, siguiendo con la lógica encarcelante. Es necesario ir a la causas de raíz del aumento de la población encarcelada.
Ya el año 2000 se comenzó el diseño del proceso de concesiones de cárceles en Chile[3], como respuesta a un diagnóstico categórico: el hacinamiento requiere mayor construcción de unidades penales. Un diagnóstico muy similar al que se hace hoy, una década después. El año 2005 se inició la construcción de las 10 cárceles concesionadas, veamos qué ha pasado con el este sistema[4]:
- Sólo 7 de las cárceles planificadas fueron terminadas, 3 unidades penales fueron abandonadas por las empresas privadas que se adjudicaron la concesión, debido a problemas con los contratos celebrados con el Estado. Se comenzó con un déficit de 16 mil plazas y hoy ese déficit no se disminuyó, sino que aumentó a más de 20 mil.
- La Comisión Especial Investigadora del Proceso de Concesiones Carcelarias[5] concluyó que este proceso se basó en decisiones intempestivas más políticas que técnicas, que hubo falta de programación, perjuicio al Estado Chileno debido al pago millonario por concepto de indemnización a las concesionarias de las cárceles, así como perjuicio a las pymes, entre otras conclusiones.
- A un par de años del inicio del funcionamiento de algunas de las cárceles concesionadas es posible afirmar que éstas representan un mejoramiento de los estándares de vida dentro de las unidades penales, así como de la gestión carcelaria.
- Sin embargo, hay varios puntos que vale la pena analizar: es cuestionable y paradójico que la rehabilitación de los internos se entregue a los privados, quienes no cuentan con la experticia en la materia y cuyo lucro se encuentra justamente en que la gente esté encarcelada; los costos de mantención por recluso son varias veces más altos que los que maneja el sistema tradicional, lo que levanta la pregunta por la posibilidad que el sistema público pudiera tener mejores resultados si tuviera mayor presupuesto; el contrato contempla un informe anual público de gestión por parte de las concesionarias, los que si existen, son imposibles de encontrar en las páginas disponibles y levantan la necesidad de mejorar la transparencia del sistema; por último, se apuesta por el sistema concesionado en el entendido que entregará una respuesta más eficiente al problema del encarcelamiento, pero no existe ninguna evaluación de impacto que así lo asegure.
En definitiva, el sistema de cárceles concesionadas presenta más preguntas que respuestas y sería poco responsable asumirlo como la solución a los problemas visibilizados a raíz del incendio de la cárcel de San Miguel. La cárcel no es la única solución al problema de la delincuencia, se requiere diversificar las formas de sanción, ampliar las respuestas de la política social y sobre todo, re pensar la política de justicia en el mediano y largo plazo.
[1] www.derechoshumanos.udp.cl
[3] Este sistema consiste en que un privado construye y mantiene la cárcel. Gendarmería se sigue encargando de la seguridad y vigilancia de los internos en el recinto. Los objetivos de rehabilitación y reinserción se entregan a responsabilidad de los privados.
[4] En este artículo sólo se presentan sólo algunos datos, obtenidos de Martínez, F. y Espinoza, O. (2009) Cárceles Concesionadas en Chile: ¿El Camino a la Privatización?, disponible enwww.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_09.pdf y las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora del Proceso de Concesiones Carcelarias disponible en UDP (2009) Informe Anual de Derechos Humanos, disponible en www.derechoshumanos.udp.cl/wp-content/uploads/2010/01/03_sistema-penitenciario.pdf
[5] También disponible en www.derechoshumanos.udp.cl