Honduras vive desde hace varios días una profunda crisis política a consecuencia de la iniciativa, lanzada por el presidente Manuel Zelaya y respaldada por amplios sectores de la sociedad, de realizar una encuesta con miras al establecimiento de una asamblea constituyente.
El pasado miércoles, el jefe del estado mayor conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, se negó a acatar la orden presidencial de brindar apoyo logístico durante la consulta popular –que se realizaría hoy en esa nación centroamericana–, lo que provocó la destitución del funcionario y generó también la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Orellana. La situación derivó en una confrontación entre la Suprema Corte de Justicia, que rechazó la destitución de Vásquez por considerarla infundada, mientras el Congreso –que calificó de “ilegal” la consulta– intentaba desde hacía días con declarar al mandatario “incompetente” para gobernar. A estas oposiciones se suman las de la Iglesia y las cúpulas de empresarios
Estos hechos precipitaron el golpe de Estado, que ha sido rechazado por distintas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río, así como por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
El Presidente norteamericano, Barack Obama, pidió respeto "por las normas democáticas" ante la crisis política de Honduras, lo que esperamos sea lo que entendemos los latinoamericanos por democracia y no lo que tradicionalmente impusieron como tal las anteriores administraciones de su país.
Lo que hoy se vive en Honduras es una repetición de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador: el rechazo y la embestida de los grupos privilegiados que buscan por distintos medios, legales o no, defender un status quo favorable a sus intereses.
Es consecuencia, también, de decisiones presidenciales que no han sido bien vistas por la oligarquía de ese país, como el convenio petrolero firmado con Venezuela y la posterior adhesión de su gobierno a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba).
En los hechos, tales decisiones han desviado a Honduras –en mayor o menor medida– de su papel y su proyección histórica como punta de lanza de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región, y acercaron al gobierno de Zelaya –emanado de las filas de la derecha– a un conjunto de regímenes progresistas latinoamericanos que reivindican la defensa de la soberanía y la justicia social.
Otro elemento a considerar en la configuración del conflicto hondureño es la existencia de un movimiento amplio y creciente –integrado por organizaciones indígenas, sindicales, campesinas y estudiantiles–, que hoy por hoy constituye la principal base de apoyo a la creación de un nuevo constituyente, y cuyo respaldo a la presidencia de Zelaya ha sido decisivo en las últimas horas.
Ante tales elementos de juicio, la crisis política en Honduras es el producto del choque entre un poder político-económico anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.
(Con información de Agencias y medios internacionales)