Por José Luis Méndez Méndez*
El 19 de abril de 1993 fuerzas del Buró Federal de Investigaciones, FBI y otras agencias norteamericanas, con métodos calificados de extrema crueldad y excesiva violencia, exterminaron a una secta fanática paramilitar norteamericana que se había atrincherado en una granja, murieron muchos de sus integrantes, entre ellos hombres, mujeres y niños.
El rancho Monte Carmelo, ubicado en Waco, del Condado de Mc. Lennan, en Texas, fue devorado por las llamas, y con ellas los miembros de la secta fanática de David Koresh Yaweh, quien realmente se nombraba Vernon Wayne Howele, un predicador apocalíptico de los que pululan en los Estados Unidos.
Así terminaba un asedio policial de 51 días, que había comenzado el 28 de febrero de ese año. Ese día fuerzas militares del FBI irrumpieron en el lugar, donde se refugiaban los seguidores de David, con sus familias. Estaban su esposa Rachel Jones y sus dos hijos.
Para su defensa habían comprado armas y pertrechos militares por un monto de más de un cuarto de millón de dólares. El saldo del asalto al lugar fue de 69 adultos y 17 menores muertos, la mayoría aparecieron carbonizados e irreconocibles.
El área de Waco tenía entonces unos 90,000 habitantes, 18 armerías y más de 200 iglesias. Versiones diversas calificaron la actuación oficial como desmedida, con empleo de excesiva fuerza y violencia.
Este hecho fue censurado por la opinión pública nacional e internacional, organizaciones de Derechos Humanos demandaron investigaciones para esclarecerlo. Esta solución cruenta del conflicto dejó profundas heridas abiertas en la sociedad norteamericana. El odio acumulado, por este suceso, brotó exactamente al cumplirse dos años de ocurrido, cuando el 19 de abril de 1995, dos paramilitares derechistas, blancos y estadounidenses, hicieron estallar un camión cargado de explosivos junto al edificio Alfred P. Murrah, en la ciudad de Oklahoma City, donde murieron 169 personas, incluidos mujeres y niños.
Gran parte de la estructura del edificio federal fue reducida a escombros, cuando el terrorista norteamericano Timothy Mc. Veigh, hizo detonar el camión.
El objetivo había sido cuidadosamente seleccionado. El edificio, era la sede de muchas entidades gubernamentales en Oklahoma City, entre estas la oficina central del FBI y había una guardería infantil, tomó su nombre en 1977, en honor de un magistrado. Mc. Veigh, el acusado principal fue juzgado sentenciado a muerte y ejecutado.
De inmediato en Estados Unidos se redactó un proyecto de ley antiterrorista, que se esperaba fuese aprobada de forma expedita y sin oposición, debido al enorme impacto que causó este acto de terror y con el objetivo de que disuadiera intentos similares. Pero no fue hasta un año después en mayo de 1996, cuando se logró su aprobación.
Organizaciones, como la Asociación Nacional del Rifle, a favor de la violencia, las armas y la libertad de emplearlas, se opusieron tenazmente al proyecto que aparentemente todos deseaban.
La llamada Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés (National Rifle Association), fue fundada en New York, por dos oficiales de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos en 1871, se considera que es una asociación defensora de los derechos civiles y la más antigua de ese país. Tiene más de 178 programas para defender los derechos de los norteamericanos a portar armas y emplearlas.
Finalmente, el debatido proyecto se convirtió en la nueva Ley Antiterrorista de 1996, diseñada en teoría con el propósito de endurecer las medidas para combatir ese flagelo. Su título en inglés es Anti Terrorism Effective Death Penalti Act. Entre sus objetivos fundamentales estaba frenar el financiamiento de las actividades terroristas, tomar medidas contra los países que financiaran este flagelo y aplicar otras muchas medidas de contención.
Dos años después, en agosto de 1998, dos embajadas norteamericanas en África fueron blancos de actos terroristas por organizaciones trasnacionales del terror.
El 7 de agosto de 1998, con 10 minutos de diferencia entre si se producen dos ataques terroristas contra las embajadas de los Estados Unidos en Nairobi, Kenya y en Dar as Salam, Tanzania, ambos causan 80 muertos y más de mil heridos, así como pérdidas millonarias. Las investigaciones le atribuyeron los actos de terror a la organización Yihad Islámica, con sede en Egipto. En Tanzania, mueren 11 personas y 70 resultan heridas.
La administración norteamericana como acción punitiva ordenó bombardear unas supuestas fábricas de armas químicas en Sudán, país sindicado de patrocinar el terrorismo internacional.
Los objetivos resultaron ser fábricas civiles de medicamentos. Sin embargo el Presidente recibió el apoyo del Congreso norteamericano, cuando una aprobación bipartidista, declaró: "El Presidente hizo exactamente lo correcto, de esta manera estamos enviando la señal de que no hay santuarios para los terroristas."
Parecía que realmente el gobierno norteamericano estaba decidido a enfrentar al terrorismo en todas sus formas de manifestarse y contra todos aquellos que decidieran emplear ese flagelo, para alcanzar algún tipo de reivindicación de cualquier orientación. Sitios especializados en Internet anunciaron: "El Presidente Clinton ha hecho de la lucha contra el terrorismo un asunto de seguridad nacional de máxima urgencia, esta estrategia se basa en tres pilares fundamentales, uno de ellos es en el interior dando a los organismos encargados del cumplimiento de las leyes los instrumentos más eficaces de que disponemos para combatir el terrorismo... Estos esfuerzos son parte de la estrategia integral del Presidente para asegurar que el pueblo de Estados Unidos disfrute de la seguridad y protección que merece y que Estados Unidos entre en el siglo XXI como la fuerza más poderosa en pro de la paz y la prosperidad en la Tierra. Ha ampliado las facultades y recursos del FBI como líder de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo..."[1]
No obstante, esta retórica antiterrorista preventiva interna no alcanzó a los actos terroristas que se continuaron fraguando desde su territorio, para agredir a Cuba, un pequeño país vecino que nunca ha estado en guerra contra el país más poderoso del mundo. Durante los ocho años de sus dos mandatos, los terroristas anticubanos actuaron impunemente y ejecutaron 128 actos de terror.
Así, en el mismo mes de mayo de 1998, se descubrieron y fueron detenidos en Cuba, otros mercenarios centroamericanos con planes y medios para realizar actos de terror contra objetivos civiles en la isla. Se conocieron, además, nuevas intenciones, más peligrosas por su contenido y forma: dos terroristas anticubanos, de largo historial criminal y abultados expedientes personales en el FBI, Ernestino Cecilio Abreu Horta y Vicente Marcelino Martínez Rodríguez, pertenecientes a la organización terrorista Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR con sede en la Florida, desembarcaron, bien equipados y armados, con propósitos subversivos el 19 de mayo de 1998 por la zona de Minas de Matahambre, en Pinar del Río.
Abreu Horta dijo al ser detenido, que todos los preparativos se habían realizado de forma abierta y pública en Miami, donde tenían sus bases y campamentos, nunca, ni antes de partir, ni al regresar a la Florida, después de ser liberados en la Isla por razones humanitarias, fueron molestados, más bien fueron acogidos como héroes, y se integraron nuevamente a sus organizaciones.
También en ese año los terroristas anticubanos realizaron actos terroristas y amenazas en los Estados Unidos, México y Costa Rica. Se empleó una bomba incendiaria y se realizaron dos amenazas de muerte contra una cubana residente en México. La organización terrorista Alpha 66 efectuó la mayoría de esos hechos; se registraron un total de diez actos terroristas en el exterior, siete de ellos fueron acreditados por diversas organizaciones radicadas en Miami y tres fueron anónimos.
Ese año, para asombro de todos, nuevamente el Departamento de Estado "certificó" a Cuba como país patrocinador del terrorismo, una falaz práctica que ha mantenido durante años. Sin embargo, ninguna de las decenas de organizaciones que aparecen en su certificación, está compuesta por terroristas anticubanos asentados en Estados Unidos, ninguno de sus miembros aparece en sus largas listas. Pareciera que estos son aliados en lugar de enemigos de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Mientras el 15 de diciembre de 1998, un juez de inmigración de la Florida concedió asilo político a tres aeropiratas cubanos que secuestraron, el 16 de agosto de 1996, un avión civil en Cuba y con violencia contra los pasajeros y la tripulación, los obligaron, en contra de su voluntad, a dirigirse hacia la Florida. Al agotarse el combustible, la aeronave cayó cerca de las costas de ese Estado. El hecho reunía todas las características reconocidas internacionalmente para ser calificado como un acto de piratería, un secuestro aéreo de extrema gravedad, sin embargo, en contra de sus propias leyes y alegando razones políticas, los ejecutores fueron admitidos a pesar de haber ingresado violentamente en los Estados Unidos.
Este proceder dejó un peligroso antecedente, que compulsaría otros intentos similares tanto contra naves aéreas, como marítimas, provocando que la vida de decenas de personas fuera expuesta al peligro por aventureros, que amparados en las facilidades de las autoridades norteamericanas, no vacilaron en arriesgarlas.
Contradictoriamente, las autoridades norteamericanas, a finales de ese mismo año, expulsaron a tres diplomáticos cubanos acreditados en la Misión de Cuba ante la ONU, a quienes imputaron estar relacionados con un grupo de cubanos acusados en Miami de recopilar información para prevenir y combatir al terrorismo.
En 1999 se registró una amenaza terrorista contra una línea aérea cubana en Canadá. En Puerto Rico un tribunal tomó la decisión de liberar a los terroristas de la FNCA, detenidos en octubre de 1997 cuando se disponían a ejecutar el asesinato de Fidel Castro durante la VII Cumbre de Presidentes de Iberoamérica en isla Margarita, Venezuela.
El 12 de septiembre de 1998, un grupo de luchadores antiterroristas cubanos fueron detenidos en Miami cuando exclusivamente recopilaban información para prevenir y evitar actos de terror contra Cuba. Ese mismo terrorismo doméstico, que también ha afectado a la seguridad nacional de Estados Unidos, durante décadas. Cinco de ellos fueron condenados en parcializados y amañados juicios en un medio totalmente hostil a largas e inmerecidas penas de prisión.
Hoy, 12 años después, la solidaridad mundial se eleva cada día más a favor de la liberación de estos prisioneros políticos del imperio, que sigue apelando al terrorismo y a la violencia, como lo ha hecho y hace en Irak, Afganistán, Pakistán y ahora se prepara para agredir a Irán y colocar al mundo ante una devastadora guerra nuclear.
[1] Tomado de la hoja informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos: Estrategia Integral para Combatir el Terrorismo, 22 de mayo de 1999.