Al inicio de la campaña electoral para los comicios regionales y municipales del próximo noviembre, la oposición ha colocado en su agenda la reforma del sistema educativo nacional. Es un hecho indicador de su desden por la solución de los problemas sociopolíticos de los estados y las comunidades. Obviamente lo que intentan poner en juego es la legitimidad del gobierno. Y así, crear las condiciones propicias para la desestabilización política, objetivo de los "patriotas" del mercado transnacionalizado. Evidentemente este tema es propio del Poder Público Nacional, y los estados de la federación y los municipios no tienen competencia en la definición de una política para este sector, que es de la exclusiva potestad del gobierno de la República.
En esta campaña se ha distorsionado y colocado fuera de contexto el tratamiento de la cuestión militar en los contenidos de los pensa de estudios del sistema educativo. Se intenta alienar la población con la asociación del conocimiento sobre la praxis de la defensa estratégica de las naciones con el militarismo. Una idea que coloca la acción bélica como instrumento fundamental en las relaciones inter e intranacionales. Desde luego esto es una contradicción con su propia conducta política. Una antinomia tanto a su discurso como a sus acciones de apoyo a la "guerra preventiva" practicada por Washington en el marco de su política exterior. Línea ahora adoptada por Bogotá, como agente de esa hiperpotencia, para perturbar el proceso de integración suramericano. Desde luego, esta, que ha sido su conducta política dominante, es incuestionablemente de naturaleza militarista.
Muy distinto es exaltar la guerra a dar a conocer el derecho a la defensa de las naciones, consagrada en el artículo 51 de la Carta de la ONU, como una garantía para asegurar la paz internacional. De modo que no puede ser censurable la enseñanza de la teoría y práctica militar, dentro de los procesos educativos, cuando sus contenidos están vinculados a la protección de "la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación". Mucho más, cuando el propio texto constitucional declara el territorio nacional como una zona de paz, y en los 8 años de vigencia de la Carta Fundamental, Venezuela no ha usado su capacidad militar ni en el marco de los diferendos internos, ni en él correspondiente a las tensiones internacionales. Se trata de desarrollar, de esta forma, las habilidades y destrezas básicas que demandan los ciudadanos para cumplir el deber de "defender y honrar la patria" que les impone la Constitución.
Obviamente la intención de esta acción alienante es la transformación del concepto de ciudadano, como sujeto de derechos y deberes, a la idea del "consumidor", que es el tipo de relaciones que privilegian esos "patriotas" del mercado. Saben los propulsores de este pensamiento que la existencia del Estado esta en función de su capacidad de defensa, y por ello les interesa una población hedonista cuya finalidad sea el goce irresponsable de los placeres de la vida. Una visión que contrasta con el disfrute de los resultados del esfuerzo creador que contribuye a construir humanidad.