NUNCA desde los años 80 ha sido tan evidente el nivel de corrupción que reina en el aparato judicial norteamericano ante el terrorismo contra Cuba, solo igualado por el nivel de impunidad para quien se identifica al uso del terror contra la Isla. Lo demuestran decenas de casos que van desde el encarcelamiento de los Cinco, hace ahora nueve años, hasta la liberación de Luis Posada Carriles, el torturador, asesino y terrorista cuyas actividades intentaban contrarrestar.
Ya el 23 de julio de 1998, unos días antes del arresto de los Cinco y menos de un año y medio de la llegada al poder de George W. Bush y del clan que heredo de su padre, el analista Juan O. Tamayo, del diario The Miami Herald, reconocía con una indiscutible franqueza, en un articulo titulado "Las conspiraciones anti-Castro raramente llevan a la cárcel en los EE.UU.", que la mafia cubanoamericana dominaba el Sur de la Florida al punto de controlar la totalidad de su sistema de justicia.
Al recordar como informes ya indicaban que líderes del exilio cubano habían financiado atentados dinamiteros en La Habana, el periodista constataba como, en el curso de su investigación del tema, "fiscales, conspiradores y policías estuvieron de acuerdo en que las conspiraciones anticastristas en el sur de La Florida no sólo son comunes, sino casi toleradas".
La franqueza de Tamayo entonces se explicaba por las ahora bien conocidas confidencias de Posada Carriles al New York Times en las cuales confesaba que realizaba sus actividades criminales gracias al dinero de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).
El comentarista no sospechaba hasta que punto se había acercado a la verdad.
SEPTIEMBRE DE 1998: EL SECUESTRO DE LOS CINCO
Ya se encontraba en Miami, de Jefe del FBI, el Special Agent in Charge Héctor Pesquera, policía corrupto que había activamente contribuido a sacar varios dirigentes y socios de la FNCA del desagradable caso de La Esperanza, en Puerto Rico. Este intento documentado de asesinato a Fidel Castro, proyectado para la Cumbre iberoamericana de Isla Margarita, desenmascaraba a los cabecillas de la organización mafiosa y fueron acrobáticas las maniobras judiciales que se realizaron para rescatarlos.
El 12 de septiembre de 1998, el FBI secuestraba a los Cinco y conformaba el "escándalo de espionaje" que necesitaban a la vez la CIA y la fauna batistiana.
Paralelamente, prosperaban las conspiraciones terroristas contra la Isla.
Años después, en el 2006, José Antonio Llama (alias "Toñín"), ex director de la FNCA, dará una idea de la extensión del mal al confesar al Herald como él y otros cabecillas de la FNCA habían conformado, ya a comienzos de los años 90, un grupo paramilitar para realizar actos terroristas contra Cuba e intentar asesinar al Presidente cubano.
Mientras tanto, Posada Carriles seguía conspirando en Centroamérica, siempre con la complicidad de estos mismos patrocinadores.
En la primera semana de agosto del 2000, dos de los directivos de la FNCA, "Pepe" Hernández y Alberto Hernández, salieron a El Salvador para reunirse con él y proponerle otro plan de asesinato del presidente cubano en la venidera Cumbre Iberoamericana, en Panamá.
El terrorista Gaspar Jiménez, cien veces fichado por el FBI pero sin embargo libre de viajar, fue quien se apareció en El Salvador para dar seguimiento al proyecto y ultimar los detalles del complot.
También apoyaban al complot, primero desde el territorio norteamericano y luego al viajar a América Central, Santiago Álvarez Fernández-Magriña, Nelsy Ignacio Castro Matos, y Rubén Darío López Castro. Todos residentes de Miami y figuras "eminentes" de la comunidad de los profesionales del terrorismo que, por tener reincidencias, están también ampliamente fichados por el FBI.
Posada, Jiménez Escobedo, Pedro Crispín Remón y Guillermo Novo Sampol fueron detenidos en la ciudad de Panamá, el 17 de noviembre del 2000, poco después de que el Jefe de la Revolución cubana revelara públicamente la existencia de la conspiración, a su llegada al evento.
Mientras tanto se desarrollaba en Miami el juicio de los cinco cubanos arrestados in fraganti mientras se encontraban atrás de esta misma agente.
El juicio trucado por un sistema judicial cuyos fiscales habían pasado entonces bajo la autoridad de los Bush terminó de manera grotesca con la condena de los cinco, por una jueza exaltada, a tres veces la cadena perpetua más 75 años de cárcel.
El 3 de julio de 2005, el Herald, en un momento de lucidez que le costara caro a su autor, publicaba un artículo de Oscar Corral en el que se revelaba cómo los tres congresistas mafiosos del sur de la Florida - Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen - escribieron a la ex presidenta panameña Mireya Moscoso, para que perdonara a Posada, el 8 de mayo de 2003.
Posada fue efectivamente indultado el año siguiente por la mandataria mafiosa.
Sus tres cómplices regresaron a Estados Unidos sin el menor problema.
Posada tardó un año antes de aparecerse en Miami después de una entrada ilegal chapuceada que resultó en su arresto y su detención muy provisional.
Santiago Álvarez Fernández-Magriña, entretanto terminaba preso por posesión ilegal de armas, una acusación de una ridiculez consumida para quién andaba conspirando con frenesí desde décadas.
El 30 de agosto del 2006 el congresista Lincoln Díaz-Balart declaró abiertamente al Canal 41 de Miami que sentía "profundo respeto y afecto" por personajes y familiares de terroristas como Santiago Álvarez y que él y los republicanos Mario Díaz-Balart e Ileana Ros- Lehtinen estaban realizando gestiones ocultas para liberarlos.
UNA INTERMINABLE SUCESIÓN DE DECISIONES ANTICUBANAS
Al redactar sus observaciones, en 1998, el analista Juan O. Tamayo, conocía la ya larga sucesión de decisiones anticubanas que la justicia norteamericana acumulaba desde el triunfo de la Revolución cubana.
Sabia del caso del architerrorista Orlando Bosch liberado el 18 de julio de 1990, bajo una orientación del entonces Presidente George Bush padre al INS, a pesar de sus actos criminales y de su gigantesco expediente con el FBI como confeso elemento terrorista.
Conocía el caso de los hermanos Guillermo y Novo Sampoll, sus acciones terroristas y la forma tan benevolente en que han sido tratados por las leyes y jueces estadounidenses.
Había observado las tergiversaciones que rodearon los procedimientos intentados en contra de Pedro Remón, que negoció con la Fiscalía norteamericana una sentencia a 10 años de prisión a cambio de confesar los asesinatos del diplomático cubano Félix Garcia Rodriguez y del emigrado cubano Eulalio José Negrin.
Hoy, el escándalo de los fiscales que ha provocado la salida de Alberto Gonzales del Departamento de Justicia enseña la verdadera cara del aparato judicial que sigue utilizado para agredir a Cuba y la protección otorgada a los círculos de asesinos que se dedicaban a infiltrar.
Gonzáles, autor del notable "Memo de la tortura", que ha servido como base legal para desencadenar las horrores de Abu Ghraib y Guantanamo, personaje propenso a usar sus poderes con propósitos políticos, no habrá titubeado en manipular, orquestar, orientar los procedimientos relacionados con los Cinco de la misma forma que lo hizo en el caso de Posada y sus semejantes.
En estos últimos años de guerra sucia contra Cuba, al ensañarse contra los Cinco mientras protegía a los que vigilaban, el aparato judicial norteamericano, manipulado por Bush y Gonzales, habrá enseñado al mundo el carácter político y el nivel de corrupción de un sistema judicial que llegaron a desprestigiar como nunca antes.