No viene a cuento, pero tampoco está de más recordar que quien motiva estas líneas, además de abogado, fue compañero de Luis Posada Carriles en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en sus años duros de la lucha antiguerrillera y su socio en una extraña agencia de investigaciones privadas en Caracas. Joaquín Chaffardet no se cansa de dar declaraciones a la prensa venezolana y de Miami, siempre con el mismo estribillo: "a Venezuela no le corresponde jurisdicción en el caso de la voladura del avión cubano."
Su argumento es muy elemental: el atentado está vinculado a otros cinco países, antes que a Venezuela -la bomba explotó en territorio cubano el 6 de octubre de 1976, es decir, en un avión de Cuba; el hecho ocurrió frente a las costas de Barbados; el avión salió de Guyana y pasó por Trinidad y Tobago; además de pasajeros cubanos y guyaneses, viajaban norcoreanos. Según él, "de manera irresponsable el gobierno venezolano aceptó que Posada Carriles y los demás fueran juzgados aquí."
No hay que ser abogado, ni un viejo sabueso en los ardides de la jurisprudencia venezolana para darse cuenta de cuán vulnerable es este argumento. Me limito a reseñar los hechos, esos a los que han acudido los periodistas locales, que después del bombazo que provocó la muerte de 73 personas no pusieron en dudas la pertinencia de que los criminales fueran juzgados en ese país.
1.-Tres de los cuatro ciudadanos implicados en el atentado -Hernán Ricardo, Freddy Lugo y Luis Posada Carriles-, son ciudadanos venezolanos. Posada Carriles había sido un alto funcionario de la DISIP, nada menos que Jefe de Operaciones Especiales, muy conocido por sus víctimas como el Comisario Basilio. Su solicitud de naturalización expresa claramente que "tiene residencia en Caracas", tal y como divulgó el diario El Nacional, del 15 de octubre de 1976.
2. El diario El Mundo, en su edición vespertina del 19 de octubre de ese año, cita fuentes de la Cancillería venezolana que ratifican que "el macabro plan fue fraguado en Caracas y que en Venezuela están detenidos los autores intelectuales, que serían Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. El meollo estaría en Caracas y por lógica deberían ser juzgados imparcialmente en Venezuela."
3-Ricardo y Lugo "habían salido del aeropuerto de Maiquetía el 5 de octubre en una avión de Panamerican, para hacer unos trabajos de inteligencia en un avión cubano entre Trinidad y Barbados". La declaración la divulgó El Mundo unos días después, el 18 de octubre.
4.-Nelson Yrausquin Palacios y Elena Bonet Vives, trabajadores de la oficina de Panamerican en Caracas, aseguraron a los periodistas que ellos vendieron los pasajes aéreos ruta Caracas-Puerto España- Barbados- Puerto España-Caracas, a Lugo y a Ricardo. Éste compró el pasaje con el nombre de José Vásquez García.
5-El plan se fraguó en el Hotel Anauco, la Asociación José Martí y la oficina de la Agencia de Investigaciones de Luis Posada Carriles, todas ubicadas en la capital venezolana. El diario El Mundo, del 30 de octubre de 1976, recogió declaraciones confidenciales de la DISIP, que aseguraron que "Bosch, Ricardo y Posada habían fraguado un fallido atentado contra Fidel Castro, quien haría una escala técnica en Caracas el 19 de agosto (de 1976), pero que por razones de seguridad no lo hizo. También sostuvieron reuniones en casa de una dama, la novia de Ricardo, María Inés Vega."
6- Según un informe desclasificado por la CIA, fechado el 14 de octubre y publicado por los Archivos de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington, un funcionario venezolano "confiable" dio exhaustivos detalles de una cena para recaudar fondos realizada por Orlando Bosch y su organización, CORU, después de su llegada a Caracas en septiembre de 1976. Se realizó en la casa del médico de origen cubano, Hildo Folgar. De acuerdo con este informe de inteligencia, el funcionario escuchó a Luis Posada Carriles cuando dijo: "vamos a golpear un avión cubano" y "Orlando tiene los detalles".
7.- Dennis Ramdwar, vicecomisionado de la policía trinitaria, aseguró a la agencia AP el 11 de octubre, que había logrado verificar que el explosivo utilizado en el avión era C-4 (entonces solo en poder de la CIA) y que había sido transportado desde Caracas en un tubo de pasta de dientes Colgate. La sustancia "se parecía al lápiz que utilizaba el señor Ramdwar" y el detonador iba "en el interior de una cámara fotográfica". Hernán Ricardo le había mostrado la bomba a Freddy Lugo antes de viajar de Caracas a Trinidad, donde abordaron el avión de Cubana.
Como confirmaron los informes de la CIA y el FBI, el dinero para la acción terrorista fue suministrado por Luis Posada Carriles, en Caracas. Los explosivos se adquirieron y se armaron en esa ciudad, y se trasladaron en un avión que partió de la capital venezolana a Trinidad. Luis Posada Carriles es un venezolano por naturalización. ¿Harían falta más evidencias para determinar la jurisdicción venezolana?
El simple hecho de que el terrorista sea venezolano le otorga jurisdicción extraterritorial a Venezuela. Cualquiera que esté al tanto de la guerra que han desatado los EE.UU. contra el terrorismo, habrá oído muchas veces la frase que reza: "para todos los delitos de terrorismo la regla aut dedere aut judicare -el derecho a juzgar- es obligatoria". Lo dice la propaganda, y lo repiten el sentido común, los expedientes legales, las leyes internacionales, los documentos secretos de la CIA y el FBI, el discurso oficial de la administración Bush y hasta silencio cómplice de sus funcionarios, que se muerden la lengua antes de rozar siquiera a sus ex combatientes.
Si en este mundo la justicia y los medios se atienen a los hechos abrumadores que pesan sobre el caso, Chaffardet y los otros enrolados en la misión imposible de defender a Luis Posada Carriles tendrán que cambiar el estribillo. Al verso falso de "Venezuela no tiene jurisdicción" no habrá quien le haga coro.