Según la Fundación Casa Alianza, 59 jóvenes han sido asesinados en cárceles de Honduras, el país que pretende condenar a Cuba, en menos de 2 años.
Un comunicado de la Fundación Casa Alianza -que suma 12 años de trabajo rescatando niños y niñas de la calle en Honduras-, asevera que 59 jóvenes menores de 23 años de edad fueron asesinados en centros de detención de ese país, entre mayo del 2002 y marzo del 2004.
Según el informe 41 de las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente y los Cuerpos de Seguridad del Estado aparecen como los responsables en el 69% de las muertes.
Aunque Casa Alianza no alude a la presentación por Honduras del proyecto anticubano, elaborado por Estados Unidos, en la Comisión de Derechos Humanos, resulta curioso que esta denuncia ande por el mundo justo en este instante.
Las leyes internacionales son claras. Los homicidios ocurridos dentro de los centros de detención de un país son responsabilidad del Estado. Casa Alianza, por tanto, recuerda a las autoridades hondureñas su responsabilidad de castigar severamente, y con la celeridad que el caso amerita, a los culpables de los crímenes, sin importar su puesto, rango o uniforme.
Esta reportera, en tanto, se pregunta quién debía estar en la lista negra de Ginebra.
Para que se tenga sólo una idea, el Programa de Apoyo Legal de Casa Alianza Honduras reportó siete asesinatos en el Centro Penal de Choluteca, seis en el Centro Penal Sampedrano, tres en el Centro Penal de Puerto Cortés, uno en la Penitenciaría Nacional, tres en el Centro Penal de San Pedro Sula y 35 en la Granja Penal de El Porvenir.
En este último, para colmo, dos de las víctimas fueron niñas de 14 años que estaban de visita. También se registró el asesinato de un adolescente de 17 años en las celdas de la Policía Metropolitana, y otros dos, de la misma edad, en el Centro Juvenil Renaciendo, en Tegucigalpa.
El artículo Primero de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados deben garantizar y respetar los Derechos Humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. El hecho de que el Estado hondureño no respetara las vidas de los reos puede implicar multimillonarias demandas civiles y criminales.
El asunto, por si fuera poco, viene de lejos. Ya en 1996, la misma Fundación había expuesto en una audiencia en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Honduras los jueces enviaban "a los menores de edad a presidios para adultos y que esta situación ya provocó la muerte de un joven".
El caso sobre violación de derechos y muerte fue relatado entonces por Jeovanni Francisco Jaco Melgar, hermano del fallecido. El testigo viajó a la capital de Estados Unidos acompañado por el asesor de Casa Alianza, Gustavo Escoto.
Lamentablemente, 8 años después la situación ha empeorado y el gobierno de Maduro pretende erigirse en juez de los derechos humanos de Cuba, cuando en realidad, debiera ir al banquillo.