La entonces fiscal general de Florida, Ashley Moody, observa mientras el gobernador Ron DeSantis habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Policía de Lakeland, Florida, en 2021. Foto: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images.
Durante su mandato como fiscal general de Florida, la senadora Ashley Moody encabezó una investigación sobre el programa de excarcelación laboral que permitió a Jeffrey Epstein mantener encuentros sexuales mientras cumplía condena por solicitar servicios de prostitución a menores de edad. Tras casi dos años de pesquisas, concluyó que no se había cometido ninguna irregularidad.
Ahora, Moody, republicana, busca la reelección en una reñida contienda por un escaño de Florida en el Senado de Estados Unidos, frente a Angie Nixon, representante estatal demócrata. En este contexto, ha recibido 50 000 dólares de personas vinculadas a Epstein.
Douglas Band, excolaborador de Bill Clinton que se comunicó con Ghislaine Maxwell para coordinar reuniones entre el expresidente y Epstein, donó 14 000 dólares a la campaña de Moody el 15 de abril. También aportaron dinero Stephen Schwarzman, director ejecutivo de Blackstone, y John Catsimatidis, dos multimillonarios cuyos nombres aparecen, respectivamente, en registros de llamadas y agendas de contactos incluidos en los archivos de Epstein. Sus contribuciones fueron de 12 000 y 10 000 dólares.
Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management y otro multimillonario que mantuvo su relación con Epstein incluso después de que este fuera encarcelado por solicitar servicios de prostitución a una menor, y Ronald Lauder, heredero multimillonario de las empresas Estée Lauder, cuyo nombre figura en los archivos de Epstein en relación con reuniones y acuerdos de compra conjunta, aportaron 7 000 dólares cada uno.
Moody anunció la investigación el 6 de agosto de 2019, cuatro días antes de la muerte de Epstein y poco después de que el gobernador Ron DeSantis ordenara transferir al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida una investigación interna que llevaba a cabo Ric Bradshaw, jefe de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.
Dos días después, el 8 de agosto, Moody determinó que la excarcelación laboral no había sido autorizada por un juez. “No hemos podido localizar ninguna orden administrativa ni nada en la transcripción que indique que el juez estuviera al tanto de que se había ordenado la excarcelación laboral en este caso concreto”, declaró a medios locales. Sin embargo, su oficina tardó casi dos años en concluir la investigación sobre cómo las fuerzas del orden permitieron que Epstein accediera al programa.
NBC News ha corroborado posteriormente las denuncias de que Epstein abusó del programa de trabajo externo de la cárcel del condado de Palm Beach. Este permitía a los reclusos que cumplían los requisitos salir del centro penitenciario hasta 16 horas al día, varios días a la semana, para reincorporarse a sus empleos o completar proyectos autorizados.
En junio de 2026, el medio informó que “al menos cinco mujeres afirman haber mantenido encuentros sexuales con Epstein mientras participaba en el programa de trabajo externo de la cárcel, actualmente desaparecido, según documentos publicados este año por el Departamento de Justicia como parte de la investigación de la agencia sobre Epstein. Las mujeres declararon en entrevistas con el FBI que los encuentros tuvieron lugar en su oficina de West Palm Beach y en un automóvil estacionado frente a la cárcel del condado”.
Pese a estas denuncias, la investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), dirigida por Moody, concluyó en mayo de 2021 sin encontrar indicios apreciables de conducta indebida por parte de la oficina del sheriff ni de los fiscales estatales del condado de Palm Beach al conceder a Epstein ese régimen de trabajo externo.
Tras el cierre de la investigación, el exagente del FBI Stuart Kaplan criticó la ausencia de órdenes de registro, citaciones judiciales o un gran jurado. “Al parecer, el FDLE dependió exclusivamente de la cooperación y la memoria de las personas involucradas”, declaró Kaplan a la cadena de televisión WPTV, de West Palm Beach.
Sarah Kellen, exasistente de Epstein, declaró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Epstein pagaba a agentes de las fuerzas del orden del condado de Palm Beach para recibir un trato preferencial, aunque no especificó las cantidades.
La campaña de Ashley Moody no respondió a una solicitud de comentarios.
La contienda por el escaño de Florida en el Senado solo ha cobrado relevancia electoral en fechas recientes, debido a que los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump han arrastrado a los candidatos republicanos de todo el país a posiciones desfavorables. En medio de la impopular guerra que libra contra Irán, la valoración favorable de Trump en el llamado estado del Sol ha pasado de un saldo positivo de nueve puntos, al comienzo de su segundo mandato, a uno negativo de 14 puntos, a tres semanas de las elecciones, según Civiqs.
Mientras tanto, Nixon, una candidata insurgente que cuenta ahora con el respaldo de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, superó una desventaja de aproximadamente 17 a 1 en la recaudación de fondos durante las primarias demócratas y derrotó el 18 de agosto al candidato preferido por la cúpula del partido, Alex Vindman. Desde entonces, las encuestas indican que ha reducido la diferencia con Moody hasta situarse a tan solo dos puntos porcentuales.
Sanders anunció recientemente cuatro actos de campaña conjuntos con Nixon, como parte de la iniciativa Fighting Oligarchy (Lucha contra la oligarquía). Los encuentros están previstos para los días 17 y 18 de octubre en Tampa, Melbourne, Gainesville y Tallahassee.
Convertida en una figura nacional en ascenso, Nixon ha hecho campaña con una ambiciosa agenda progresista que incluye Medicare para Todos, una garantía federal de empleo con salarios ajustados a la inflación, cuidado infantil universal, una congelación nacional de los alquileres y una moratoria de los desalojos.
Moody, por su parte, emitió en julio de 2025 el voto decisivo para aplazar el examen de una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) que habría ordenado al fiscal general “hacer públicos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein”. Además, ha defendido en todo momento la guerra de la Administración Trump contra Irán, y ha votado en 12 ocasiones contra resoluciones destinadas a limitar las facultades del presidente para emprender acciones militares sin autorización del Congreso.
Un año después, en julio de 2026, Moody se convirtió en una de las principales defensoras del fiscal general Todd Blanche durante la audiencia de confirmación para suceder a Pam Bondi al frente del Departamento de Justicia. Blanche fue uno de los principales artífices del encubrimiento relacionado con los archivos de Epstein. Mientras los demócratas destacaban su papel en la ocultación de esos documentos y su pasado como abogado personal de Trump, Moody enumeró los premios que recibió por su labor como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, donde, según ella, “procesó a narcotraficantes y delincuentes violentos”.
Trump le ha devuelto el favor por su lealtad al ofrecerle a Moody su “respaldo total y absoluto” y afirmar que la aprobación de la denominada Big Beautiful Bill (Gran y Hermosa Ley) “probablemente no habría sido posible” sin ella. Moody aceptó el respaldo de Trump con naturalidad y afirmó sentirse “increíblemente honrada” de contar con su apoyo.
(Tomado de Drop Site News)