La nueva legislación habilita a las potencias europeas a enviar a personas que huyen de la pobreza y la violencia hacia campos de detención levantados en países como Colombia, India, Bangladesh, Marruecos, Egipto, Kosovo y Túnez. Foto: EFE.
La Unión Europea (UE) dio luz verde definitiva al denominado Reglamento de Retornos, un marco normativo que profundiza el sesgo xenófobo y la criminalización de la movilidad humana al autorizar la creación de centros de reclusión e internamiento para migrantes en terceros países fuera del territorio comunitario.
La medida, aprobada durante un Consejo de ministros de Interior, acelerará las deportaciones y contó con la firme oposición de naciones como España, Francia y Portugal, cuyos Gobiernos manifestaron serias dudas jurídicas y advirtieron que la iniciativa rompe con la integridad del pacto migratorio europeo.
La nueva legislación habilita a las potencias europeas a enviar a personas que huyen de la pobreza y la violencia hacia campos de detención levantados en países como Colombia, India, Bangladesh, Marruecos, Egipto, Kosovo y Túnez.
Asimismo, el reglamento impone la obligación de cooperar activamente en la expulsión, estableciendo que quienes rechacen someterse al retorno forzoso enfrentarán sanciones severas que abarcan la pérdida de asistencia social, la revocación de permisos de trabajo e incluso penas de prisión y detenciones preventivas prolongadas.
Esta controvertida normativa institucionaliza un giro hacia la extrema derecha que replica las políticas de persecución e internamiento promovidas por el imperialismo estadounidense.
Organismos internacionales de derechos humanos y bancadas progresistas del Parlamento Europeo denunciaron que la externalización de las fronteras expone a miles de exiliados a torturas, tratos crueles y abandono en zonas desérticas, vulnerando de forma flagrante el principio de no devolución y las normas del Derecho Internacional.
Naciones como Marruecos y Túnez, incluidas en la lista oficial de «países seguros» aprobada por el bloque, acumulan graves denuncias por abusos sistemáticos contra poblaciones migrantes que carecen de lazos culturales o lingüísticos con dichos territorios.
A pesar de las advertencias sobre el peligro mortal que entraña esta persecución masiva, las disposiciones que autorizan la creación de estas plataformas de reclusión en el exterior entrarán en vigor de manera inmediata, consolidando una arquitectura legal de exclusión y violencia estatal.
En paralelo, a mediados de septiembre las fuerzas de seguridad del Estado español trasladaron a más de 1.700 personas migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta un recinto de acogida temporal ubicado en el puerto de Ceuta.
El operativo contuvo el despliegue de 170 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), agentes de la Guardia Civil y vigilancia mediante drones, en un intento de la administración por encapsular el flujo migratorio que afecta a la entidad territorial.
Durante la evacuación de las playas, donde se calcula que permanecían agrupadas más de 3.000 personas en condiciones de vulnerabilidad, los agentes hicieron uso de porras y petardos como elementos de contención ante las tensiones generadas por la movilización masiva.
Pese a las evidencias del uso de la fuerza sobre la población hacinada, fuentes oficiales calificaron el procedimiento como un desarrollo transcurrido «con normalidad» y sin incidencias.
(Con información de Telesur)