Universidad de Cornell
Estados Unidos sigue conmocionado por la noticia de que una estudiante de una universidad de élite habría sido drogada y violada por siete alumnos durante varias horas hace dos años y no se presentaron cargos penales contra sus agresores.
La Fiscalía decidió reabrir la investigación sobre la agresión ocurrida en la Universidad de Cornell en 2024 después de que la víctima presentara una demanda civil este mes y de que surgieran nuevos detalles que plantean dudas sobre cómo gestionaron inicialmente el caso las autoridades y el centro educativo.
Una brutal demanda de 101 páginas
La mujer, identificada como “Jane Doe”, tenía 20 años y cursaba tercer año.
Según la demanda, la noche del 19 de octubre de 2024, tras beber durante horas, fue a la fraternidad Chi Phi y allí, siete hombres la agredieron sexualmente durante casi siete horas, hasta las 5:45 de la madrugada del 20 de octubre. Doe, descrita en la demanda como “completamente incapacitada” en ese momento, perdió el conocimiento.
La demanda, de 101 páginas y presentada el 16 de septiembre, sostiene que estaba “visiblemente ebria” y que no podía consentir. Alega que le dieron cerveza, marihuana y ron, y la presionaron para consumir ketamina.
Los acusados son Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno de ellos ha sido formalmente imputado de delito alguno.
Uno de los acusados, Matthew Ingalls —a quien ella consideraba su “amigo”— le habría propuesto un trío; otro, Johnathan Newell, habría invitado a más personas por Snapchat.
La demanda también señala a la fraternidad implicada, a la hermandad de la víctima y a la Universidad de Cornell.
El caso ha generado indignación pública
Este caso ha vuelto a poner de relieve el problema persistente de las agresiones sexuales en Cornell y en otros campus universitarios de Estados Unidos, donde las fraternidades y hermandades son una tradición muy arraigada.
El alcalde de Ithaca, la ciudad neoyorquina donde se encuentra Cornell, pidió que se prohibieran los permisos para eventos estudiantiles.
La gobernadora del Estado, Kathy Hochul, y el senador Chuck Schumer pidieron una investigación independiente sobre la gestión del caso por parte de la universidad.
“Lo que ella denunció exigía, desde el primer momento, urgencia, seriedad y una fuerte búsqueda de la verdad”, ha dicho Schumer.
En redes circulan fotos y datos de los acusados, y varias mujeres han compartido experiencias de abuso y acoso sexual, en un eco del movimiento #MeToo.
El abogado de Doe ha dicho que la mujer “quiere que [los responsables] rindan cuentas. Su vida ha quedado destrozada”.
La respuesta de la universidad
Con el apoyo de sus amistades, la estudiante denunció los hechos a la policía del campus el 8 de noviembre de 2024.
Cornell suspendió temporalmente a la fraternidad y a los estudiantes acusados. Además, abrió una investigación por Título IX, una ley que prohíbe la discriminación por razón de sexo en los centros educativos que reciben financiación del Gobierno federal.
Como resultado, en mayo de 2025 se celebraron al menos 12 audiencias ante un comité formado por miembros del cuerpo docente y del personal.
Tras la demanda, Cornell defendió su investigación sobre las acusaciones. Posteriormente, La universidad afirmó en un comunicado que impuso “una serie de sanciones, entre las que se incluían expulsiones y suspensiones” a los estudiantes acusados, sin dar más detalles.
Sin embargo, el castigo para algunos de los implicados consistió en redactar un ensayo, de acuerdo con la demanda. Thomas Giuffra, el abogado que representa a Doe, ha declarado en varias entrevistas que solo dos de los hombres fueron expulsados.
La Fiscalía del condado de Tompkins archivó inicialmente el caso por falta de pruebas. El fiscal Matthew Van Houten dijo que la declaración de la mujer no dejaba claro que hubiera sido obligada o estuviera incapacitada.
Sin embargo, tras la presión pública y la difusión de parte de su entrevista con la policía, se reabrió el caso esta semana.
En una entrevista con The New York Times, Van Houten reconoció que el relato de Doe en 2024 había sido creíble, “muy concreto” y “muy detallado”, pero sostuvo que no constituía delito según la ley estatal.
¿Quién es “Jane Doe”?
Es un nombre genérico que suelen adoptar en Estados Unidos las mujeres que quieren guardar el anonimato.
Lo que se sabe de esta mujer en concreto es lo revelado en la demanda y por su abogado: es originaria de un pueblo pequeño, situado a unas 1.000 millas de Cornell.
Llegó a la universidad para cursar la carrera en agosto de 2022, pero abandonó los estudios después de que, según ella, fuera violada en 2024.
Tras la agresión denunciada, la estudiante “sufrió lesiones que incluyen, entre otras, un grave malestar emocional y psicológico, humillación, miedo, disociación, ira, depresión, ansiedad, un fuerte impacto en su sistema nervioso, dolor físico y angustia mental, así como daños emocionales y psicológicos”, de acuerdo con la demanda.
(Con información de agencias y El País)