Surtidores de combustible en una gasolinera de Repsol, el 18 de agosto de 2026, en Madrid.Europa Press
La subida del precio de los carburantes es ya un problema para las familias, para las empresas y, por ende, para los gobiernos que tienen que afrontar elecciones en 2027.
En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ha desbloqueado una serie de ayudas específicas para calmar la ira de los transportistas y del sector pesquero, que había bloqueado el acceso a varios puertos y depósitos de combustible. Lo último que quiere el Ejecutivo galo es una crisis como la de los chalecos amarillos, que tuvo su origen en el aumento del precio del diésel en 2018.
En Italia, donde los sectores del taxi y del transporte marítimo amenazan con huelgas, la coalición que lidera Giorgia Meloni ha decidido eliminar el impuesto de circulación para 2027 y reducir el impuesto sobre el diésel.
Y en España, el Gobierno ha optado por rebajar temporalmente el IVA y los impuestos sobre los carburantes. Asimismo, ha concedido una serie de ayudas específicas para los sectores más afectados.
No son los únicos países europeos que han adoptado medidas para hacer frente a la crisis que está provocando la guerra contra Irán y los sucesivos cierres del estrecho de Ormuz y de Bab el-Mandeb. Pero hasta el día de hoy, la Unión Europea todavía no ha activado ningún mecanismo a nivel comunitario.
Tiene sin embargo sobre la mesa una petición de seis países europeos. España, Alemania, Portugal, Polonia, Austria e Italia reclaman un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. El objetivo es ayudar a los gobiernos a financiar medidas de apoyo para los hogares y las empresas afectados por la crisis.
(Con información de El Público)