Los sindicatos de prensa y editores del Líbano rechazaron la nueva ley de medios y anunciaron que no la reconocerán, prometiendo trabajar para derogarla «como si nunca hubiera existido». Foto: EFE.
Los principales gremios de prensa de Líbano rechazaron este miércoles la nueva Ley de Medios aprobada por el Parlamento, al denunciar que criminaliza el ejercicio periodístico y viola flagrantemente la libertad de expresión en el país.
El presidente del Sindicato de Editores, Joseph Qassifi, y el titular del Sindicato de Prensa, Aouni Al Kaaki, denunciaron que los comunicadores fueron víctimas de un “engaño institucional” por parte de los legisladores.
Los portavoces sindicales argumentaron que el Parlamento promulgó la versión definitiva del texto legal sin realizar las enmiendas que habían sido consensuadas de manera previa entre las partes.
Frente a lo que catalogan como un retroceso histórico, las organizaciones anunciaron que no reconocerán la normativa legal y que impulsarán acciones de protesta social para exigir su inmediata derogación.
El núcleo de la controversia reside en la severa penalización que impone la normativa contra la actividad de los medios de comunicación. Específicamente, las organizaciones expresaron su alarma ante la incorporación del apartado (b) del artículo 104, el cual contempla penas de hasta tres años de prisión con la posibilidad de imponer trabajos forzados bajo la figura jurídica de difundir noticias falsas.
Aunque la ley fue aprobada por el Legislativo, el ministro de Información, Paul Morcos, evidenció su disconformidad con la criminalización de la profesión y se comprometió a promover reformas legislativas para atender las demandas del sector.
Durante la misma sesión parlamentaria, el presidente de la Cámara, Nabih Berri, se vio obligado a suspender y aplazar el debate sobre el proyecto de la Ley de Amnistía General a causa de la pérdida de cuórum parlamentario.
Esta situación ocurrió tras el retiro de diversas bancadas del hemiciclo, las cuales manifestaron marcadas diferencias sobre el impacto de la legislación. Los sectores de la oposición legislativa insistieron en la necesidad de escuchar la opinión técnica de las fuerzas de seguridad estatales para evitar que el perdón legal beneficie a responsables de delitos contra militares.
La crisis parlamentaria se agudizó por un fuerte enfrentamiento verbal entre el primer ministro de la nación, Nawaf Salam, y el ministro de Defensa, Michel Menassa. Esta fractura en el Ejecutivo evidencia las tensiones existentes en torno al status de los privados de libertad y la búsqueda de equilibrios entre la justicia y la reconciliación social.
(Con información de Telesur)