Donald Trump está tomando medidas para protegerse de posibles acciones judiciales una vez que deje el cargo.
El acuerdo que el presidente Donald Trump alcanzó con su propio Gobierno para establecer un fondo contra la “intrumentalización” para sus aliados es el más reciente ejemplo de cómo su segundo mandato en la Casa Blanca se ha centrado en socavar los controles sobre el poder presidencial y protegerse a sí mismo de futuras investigaciones.
El acuerdo destaca los nuevos obstáculos que Trump está erigiendo y que podrían frustrar las investigaciones de los demócratas del Congreso, las administraciones sucesoras e incluso las autoridades fuera del Gobierno federal.
El secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Todd Blanche, llega al Capitolio de los EE.UU. el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Washington.
En varios frentes, Trump está desmantelando los mandatos de transparencia post-Watergate, atacando el poder del Congreso sobre el dinero, recompensando a los leales acusados de cometer delitos que apoyan sus causas, y atacando a las agencias independientes y a los organismos vigilantes del poder Ejecutivo.
Trump lo ha hecho capitalizando y acelerando una expansión del poder presidencial abrazada por la Corte Suprema conservadora, y desafiando las normas y la gravedad política que frenaron a otros presidentes, según dijeron a CNN exabogados del Gobierno y eruditos constitucionales.
Cuando el Congreso en la década de 1970 aprobó restricciones a la presidencia en respuesta a los escándalos del Gobierno de Richard Nixon, los tribunales de la época respaldaron esas leyes.
“Lo que ahora hemos visto es un dramático cambio de péndulo a favor de simplemente más poder Ejecutivo que se consolida en el presidente mismo, que ya no está disperso”, dijo el profesor Adam Zimmerman de la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California. “También vemos a alguien que está dispuesto a usar ese poder para llevarlo al límite”.
La más reciente táctica —un controvertido acuerdo derivado de una demanda de dudosa legalidad que Trump interpuso contra el IRS— ofrece al presidente unas garantías más amplias de lo que se había informado inicialmente. Su redacción podría proteger a Trump de algo más que de investigaciones de carácter fiscal. Además, los amplios criterios para determinar quiénes podrían beneficiarse del fondo de casi US$ 1.800 millones podrían incitar a algunas personas a no cooperar con las investigaciones del Congreso sobre el presidente.
“El anuncio de este fondo pone de manifiesto muchas tendencias que hemos visto en este mandato, es decir, el uso —un uso corrupto— que hace el presidente del poder del Gobierno para castigar a sus enemigos y recompensar a sus amigos, incluidos aquellos que infringirían ley a su favor”, dijo Gregg Nunziata, director ejecutivo de la Sociedad para el Imperio de la Ley, una organización de conservadores que se oponen a Trump.
Un portavoz del Departamento de Justicia defendió el fondo en un comunicado que decía que fue “creado específicamente para atender y resolver denuncias de guerra jurídica y exigir responsabilidades a cualquier ciudadano estadounidense que haya sido objeto de un trato injusto por sus creencias”.
“Aquellos que están molestos por el Fondo Antiinstrumentalización deberían recordar que estamos en esta posición porque las declaraciones de impuestos del presidente fueron filtradas ilegalmente, y las administraciones anteriores usaron sus agencias de aplicación de la ley para perseguir implacablemente a sus adversarios políticos”, dijo el portavoz.
Inmunidad que se extiende más allá de las auditorías fiscales
La amnistía fiscal que el nuevo acuerdo extiende al presidente, su negocio y su familia se dio a conocer con un anexo publicado silenciosamente el día después de que se anunciara el acuerdo original.
Al defenderla, los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) han descrito la disposición como el IRS renunciando a auditorías pasadas del presidente a cambio de la desestimación del caso de US$ 10.000 millones que Trump interpuso contra el Gobierno federal por la divulgación indebida de sus declaraciones de impuestos.
“Cada acuerdo, ambos lados ceden algo”, dijo el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, quien firmó el acuerdo y fue el abogado personal de Trump durante las persecuciones criminales en la era de Biden contra él, a CNN la semana pasada.
Antiguos empleados federales, que fueron despedidos o aceptaron indemnizaciones por despido el año pasado en medio de los recortes masivos del Departamento de Eficiencia Gubernamental al gobierno federal.
El lenguaje no solo se aplica a posibles reclamaciones contra Trump presentadas por el IRS o el Tesoro, sino por cualquier agencia, aunque el Departamento de Justicia aclaró a CNN que el enfoque está en asuntos civiles, en lugar de criminales. El Departamento también enfatizó que el acuerdo cubre auditorías o reclamaciones relacionadas con la conducta de Trump que antecede al acuerdo del 19 de mayo.
Pero el lenguaje del acuerdo no solo prohíbe las revisiones relacionadas con los impuestos, sino cualquier reclamación gubernamental relacionada con la conducta previa al acuerdo de Trump que se ajusta a la concepción del acuerdo de “instrumentalización”.
Esos términos no tienen significado legal, pero otra parte del acuerdo define estos conceptos en términos extremadamente amplios, lo que significa que el acuerdo busca prohibir todo tipo de acciones o revisiones de aplicación federal que podrían estar dirigidas a la conducta pasada de Trump, su familia o sus empresas.
“Zanahorias y palos” para la participación en las investigaciones sobre Trump
Trump y su Departamento de Justicia ya han castigado a quienes facilitaron las investigaciones sobre su conducta, al tiempo que eliminaban los procesamientos de sus partidarios.
“Está enviando la señal más fuerte cada día, que si cometes un delito en su nombre, no tienes nada de qué preocuparte. De hecho, serás celebrado e incluso podrías ser recompensado económicamente”, dijo Nunziata, quien anteriormente trabajó como abogado en varias oficinas del Senado Republicano.
Los fiscales del asalto al Capitolio y los empleados del DOJ involucrados en las investigaciones del ex fiscal especial Jack Smith fueron despedidos. El Departamento de Justicia desestimó el caso de desacato al Congreso contra el exasesor de Trump, Steve Bannon, por su desafío a una citación de investigación del 6 de enero de la Cámara. El exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, ambos rostros de investigaciones de alto perfil sobre Trump, han sido objeto de cargos criminales.
Trump indultó a todos los acusados o condenados en el ataque al Capitolio, y ahora los altos funcionarios de la administración no descartan que esos acusados, incluidos los condenados por agredir a la ley, reciban pagos del nuevo fondo.
“Es justo decir que este Gobierno usa muchos palos y muchas zanahorias”, dijo Zimmerman, calificando el poder de indulto del presidente como “una zanahoria extremadamente grande” y el nuevo fondo como “pastel de zanahoria”.
Zimmerman, quien trabajó en el fondo de compensación para las víctimas del atentado terrorista del 9/11, señaló la influencia que Trump tendrá sobre la comisión que otorga la compensación. El presidente puede despedir a voluntad a los miembros de la junta, quienes serán elegidos por su secretario de Justicia.
“Es una preocupación completamente justa que esto podría ser parte de un conjunto significativo de incentivos para que las personas no participen potencialmente en futuras investigaciones gubernamentales, o incluso en las audiencias legislativas que, podríamos imaginar, tendrían lugar si los demócratas tomaran la Casa o el Senado”, dijo Zimmerman.
Nuevos obstáculos para el escrutinio futuro
Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, lo hizo con el beneficio de un precedente de inmunidad presidencial general de 2023 de la Corte Suprema que no estaba en los libros para su primer mandato. Ese caso de la Corte Suprema lidió con la inmunidad de Trump en las persecuciones penales de conductas que podrían estar conectadas con actos presidenciales oficiales. Pero el Departamento de Justicia también está ahora resistiendo a las demandas civiles contra el presidente relacionadas con el asalto del 6 de enero al Capitolio de EE.UU.
Mientras tanto, el DOJ está trabajando en regulaciones que dejarían al margen las investigaciones de las asociaciones de abogados del estado sobre los abogados del departamento para los procedimientos disciplinarios de los abogados.
Cuando esos procedimientos se llevaron a cabo contra abogados que trabajaron en los planes de anulación de las elecciones 2020 de Trump, revelaron nuevos detalles sobre cómo se desarrollaron los esquemas.
Los grupos externos que han presentado las denuncias ante el colegio de abogados contra los abogados alineados con Trump han argumentado que los procedimientos desalentarán a los abogados de violar las reglas de ética para ayudar al presidente. Pero la administración y sus aliados, e incluso algunos críticos de Trump, argumentan que los procedimientos éticos equivalen a un abuso de un proceso disciplinario.
El Departamento de Justicia, defendiendo su propuesta de suspender las investigaciones del colegio de abogados estatales mientras sus propios procedimientos disciplinarios están en curso, argumenta que, dado que tiene su propio equipo de ética y responsabilidad profesional, la agencia debería tener la capacidad de revisar la conducta de sus propios empleados primero.
Controles internos en la cuerda floja
Mientras el Gobierno ha tratado de frenar las investigaciones que podrían afectar al presidente, ha hecho caso omiso de las reformas posteriores al Watergate que establecieron controles internos y mecanismos de supervisión dentro del poder Ejecutivo.
Al comienzo de su segundo mandato, el presidente despidió a varios inspectores generales, quienes están encargados por el Congreso de investigar el fraude, el despilfarro y el abuso dentro de sus agencias. Esas oficinas fueron la fuente de varias investigaciones que examinaron la conducta de la primera administración de Trump y dieron lugar a investigaciones del Congreso, incluyendo los procedimientos de juicio político contra el presidente de 2019.
A principios de este año, una oficina del Departamento de Justicia encargada de dar asesoramiento jurídico al Ejecutivo le dijo al presidente que ya no estaba obligado a seguir la Ley de Registros Presidenciales, que requiere que los documentos de la Casa Blanca sean preservados y finalmente entregados a los Archivos Nacionales para su uso público.
Bajo la teoría del DOJ de la supuesta inconstitucionalidad de la ley –—una teoría que un juez federal ya ha rechazado— el Congreso nunca podría aprobar una ley que “invadiera” la ejecución de los poderes Ejecutivos de un presidente. El memorándum del DOJ puso en duda la idea de que el Congreso pudiera tener una razón “legítima” para estudiar la mecánica interna de una Casa Blanca con el propósito de crear leyes.
Reciente ampliación del poder presidencial por parte de la Corte Suprema
El desafío de la administración a las leyes que sirven como cheque al poder del presidente coincide con un cambio bajo la Corte Suprema a favor de la tan llamada “teoría unitaria ejecutiva” del poder presidencial.
La mayoría conservadora —tres miembros de los cuales Trump nombró— ha permitido que Trump destituya sin causa a los jefes de agencias supuestamente independientes, pisoteando los límites impuestos por el Congreso. La Corte Suprema ahora está considerando un caso que podría decidir sobre los méritos del alcance de los poderes de destitución de un presidente.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema también dio luz verde a la administración el año pasado en una orden de emergencia para retener US$ 4.000 millones en fondos de ayuda exterior, disminuyendo otro cheque que el Congreso tiene sobre la Presidencia.
El nuevo fondo contra la “instrumentalización” se ajusta “dentro de un patrón de búsqueda de maneras de poder gastar dinero sin el Congreso, para obtener un mayor control ejecutivo sobre el gasto federal”, según Zachary Price, un profesor de derecho constitucional y la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco.
Irónicamente, en su resistencia a la supervisión de la Cámara de Representantes
Demócrata durante la primera presidencia de Trump, la administración argumentó que los tribunales no necesitan ordenar el cumplimiento de las citaciones del Congreso porque los legisladores podrían usar sus poderes de gasto para fomentar la participación en las investigaciones. Ahora, si los demócratas recuperan el mazo después de las elecciones de medio término, sus herramientas para contener al presidente serán más débiles de lo que tenían a su disposición con la adquisición de la Cámara en 2019.
“Se necesita una cierta cantidad de conducta honorable para que nuestro gobierno funcione”, dijo Doug Letter, un exabogado de larga data del DOJ que luego sirvió como asesor general para la Cámara de Representantes de Estados Unidos liderada por los demócratas durante el primer mandato de Trump.
“La conducta de Trump va ‘mucho más allá de lo que cualquiera pensó al elaborar la Constitución y nuestro sistema de Gobierno’”, dijo Letter. “No estoy seguro de cuál es el verdadero control, aparte del juicio político”.
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— CNN en Español (@CNNEE) May 27, 2026