Quince latinoamericanos deportados por Estados Unidos a República Democrática del Congo relataron “sentirse en una pesadilla” mientras afrontan un futuro incierto. Foto: AFP.
Quince latinoamericanos deportados por Estados Unidos a República Democrática del Congo (RDC) relataron “sentirse en una pesadilla” mientras afrontan un futuro incierto.
Al hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias, una deportada colombiana de 29 años denunció las condiciones a las que fue sometida: fue trasladada con grilletes, pese a una orden de protección de un juez de inmigración estadounidense. Sufrió confinamiento en un hotel con salidas supervisadas.
“Es como si fuéramos niños”, comentó mientras su visa congoleña de tres meses está a punto de vencer sin que haya un plan a la vista. “¿Que qué haría? qué haría uno aquí en un lugar totalmente desconocido, sin donde vivir, sin saber qué hacer”, añadió.
Desde un hotel en Kinshasa, la mujer añadió que a los deportados se les permite salir del lugar aproximadamente una vez por semana y sólo acompañados por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Cuando los afectados compran en un supermercado o retiran dinero, los conducen rápidamente de vuelta al vehículo, sin que el personal de la OIM los pierda de vista. “Ellos eligen a qué lugar vamos a ir y qué es lo que vamos a comprar”, declaró la joven.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense no respondió a preguntas sobre el caso de la mujer colombiana, pero afirmó que los acuerdos de deportación a terceros países “garantizan el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos”.
La RDC es uno de al menos ocho países africanos que hicieron acuerdos con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar deportaciones de nacionales de terceros países, lo que, según expertos legales, equivale en la práctica a un vacío legal para el país vecino del norte.
Convenio Europeo
En tanto, el Consejo Europeo acordó una nueva interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos de migración, incluida la forma en que se aplicaba al controvertido uso de centros de deportación instalados en terceros países.
“La declaración subraya que los estados tienen el innegable derecho soberano de controlar la entrada y la residencia de nacionales extranjeros, y que es una obligación y una necesidad para los estados proteger sus fronteras en cumplimiento del convenio”, indicó en un comunicado el Consejo de Europa, después de que la declaración no vinculante fuera adoptada por los ministros de Exteriores de sus 46 miembros en una reunión en Chisináu, capital de Moldavia.
(Tomado de La Jornada)