Comisión de Industria Construcciones y Energía. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Con la presencia del Comandante de la Revolución y vice primer ministro Ramiro Valdés y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la Comisión de Industria, Construcción y Energía del Parlamento fueron analizados los resultados del control y fiscalización a las inversiones en parques fotovoltaicos y al mantenimiento a centrales térmicas.
En la mayoría de las inversiones visitadas se constataron proyectos, la permisología necesaria, licencias de obra y avales de los organismos, contratos, así como su alcance y actualización.
Hay incumplimientos en inversiones en Ciego de Ávila, Guantánamo y Matanzas. En este último territorio hay inversiones paralizadas hace más de cinco años y otras no cuentan con el proyecto ejecutivo.
A nivel nacional, se trabaja para lograr un cambio en la matriz energética que proporcione el uso mínimo de los combustibles fósiles y promueva la utilización de las nuevas formas de generación.
Se recomienda establecer sistemas de trabajo con las autoridades locales para el control de las obras, garantizar la implementación de un mecanismo efectivo para que no falte el combustible físico y organizar con las universidades las inspecciones técnicas para el control de la calidad.
Igualmente, se propone asegurar un sistema de atención a los constructores, montadores y trabajadores en general, que incluya minimizar cualquier riesgo de seguridad e informar de manera oportuna las dificultades que pudieran presentarse en el proceso inversionista.
Se comprobó el compromiso de los trabajadores en reducir el déficit de generación energética, teniendo en cuenta que los procesos inversionistas en desarrollo con fuentes renovables de energía garantizarán ahorro de combustibles, fundamentalmente diésel y fuel, junto con una reanimación de la economía.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, comentó que en el país se implementa un programa para la construcción de 92 parques fotovoltaicos. “Están llegando los recursos para abastecerlos, contamos en Cuba con el combustible para estas obras y se avanza en los proyectos”, dijo.
Insistió en la importancia de que los directores de la empresa eléctrica controlen el proceso inversionista y precisó que ya se trabaja en la construcción civil de los primeros 19 parques.
Ya arribaron al país 71 contenedores con recursos. “Ha habido una subida importante en los precios de las navieras que transportan los contenedores, pero hasta ahora no hay retrasos en los pagos. Aplicamos alternativas ante las dificultades ”, indicó.
El ministro informó que para inicios del próximo año “debemos tener los primeros 1 000 MW de generación con fuentes renovables para ganar independencia de los combustibles fósiles, aunque no se resuelve totalmente la situación”.
Vicente de la O Levy explicó que cambiar la matriz energética de un país conlleva una transformación completa. “Diría hasta cultural. Por eso, lo que se hace desde la base es trascendental. Es una renovación desde abajo hasta arriba.
“En 2005 o 2006 se montaron los primeros parques eólicos en Gibara. Ahí empezó el vínculo con las universidades, la proyección eólica en Cuba, lo que había concebido Fidel. Ya hemos avanzado, porque se ha estudiado, ha sido un resultado conjunto durante muchos años, en el que han participado las universidades y los ministerios de Educación Superior y de Energía y Minas”, dijo el ministro.
Asimismo, refirió que el país está en condiciones científico-técnicas de diseñar una manera de salir al exterior para financiar estos proyectos.
Además, están en ejecución nueve parques fotovoltaicos (22 MW), para los que deben llegar suministros a finales de este año. Igualmente, se trabaja en el parque eólico Herradura 1 y en lograr una generación de 120 MW, gracias a un donativo chino en 22 parques. La primera etapa concibe la instalación de 35 MW en siete parques, cuyos recursos arribarán al país antes de que finalice el 2024.
En cuanto a la electrificación de viviendas aisladas del sistema eléctrico nacional a partir de fuentes renovables de energía, se puntualizó que actualmente 4 256 sistemas presentan averías parciales, permitiendo el servicio solo durante el día.
Igualmente, unos 1 150 tienen averías totales. Todos estos casos deben tener solución con la entrada al país de 5 000 baterías que llegarán en este mes de julio y los 3 176 sistemas que recibirán esas baterías.
La diputada Suyén Rodríguez Pérez, de Palma Soriano, se refirió al importante aporte al desarrollo energético que debe dar el sistema empresarial. “Para ello, se debe insistir en el sistema de capacitación de los profesionales de alta calidad, quienes luego pueden apoyar al diseño de proyectos de cooperación.
“Tenemos que involucramos más y estamos también en tiempo de sumar al sector cuentapropista. Debe hacerse responsable con la transición energética”.
Rodríguez comentó que el cambio de matriz energética es una realidad necesaria. “Este proceso impone maneras de hacer diferentes e incentivos para las empresas. En algún momento, las inversiones tendrán que incluir autoabastecimiento”.
Dayana Beyra Fernández, del municipio Regla, destacó el programa del Ministerio de Energía y Minas con el de Educación Superior. “Han logrado una gran alianza entre las fábricas y las universidades para formar estudiantes y estos a su vez cubrir las necesidades que tenga la industria. Esta experiencia se debería transmitir a otros organismos”.
A la importancia de este convenio también se refirió Mijaíl Bonachea Crespo, de Sancti Spíritus. “Antes de este programa, los trabajadores de la refinería de petróleo Sergio Soto ya funcionábamos con esta óptica de superación, como parte de una gestión interna que teníamos. Pero ahora, después del convenio, hemos ganado potencialidades.
“A partir de octubre, tendremos 16 estudiantes vinculados con nosotros, quienes incluso recibirán un salario de 3 000 pesos. Es relevante contribuir al desarrollo y formación de futuros profesionales y que estos, a su vez, aprendan con nosotros”.
Comisión de Industria Construcciones y Energía. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.
Contra las ilegalidades en el ordenamiento territorial y urbano: Lo primero es prevenir
Aunque hay irregularidades se avanza en los planes de ordenamiento. Foto: Angélica Arce Montero/Cubadebate.
En horas de la tarde en la Comisión de Industria, Construcción y Energía se presentaron los resultados del Control y fiscalización de los diputados al cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial y urbano, de acuerdo con la Ley No.145 del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo.
Se comprobó, de manera general, en los municipios visitados la existencia del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio (POT) y el Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera municipal (POU), aprobado por la Asamblea Municipal del Poder Popular, y que además están aprobados los grupos de trabajo que participan en la elaboración e implementación de los mismos.
El estudio indicó que son tomados en cuenta los planes en la estrategia de desarrollo municipal y en la elaboración del presupuesto del Estado, con prioridad en el ordenamiento y erradicación de las condiciones de precariedad en barrios y lugares en condiciones de vulnerabilidad.
Igualmente, fue verificado que hay dominio del acuerdo que regula el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones y locales sin estatus legal, comprobándose también un plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades.
Fueron detectadas irregularidades como la falta de sistematicidad del empleo y realización de actividades comunicativas en las redes sociales, la no presentación de los instrumentos de ordenamiento territorial y no destinar una parte de la contribución territorial a acciones e inversiones previstas.
Asimismo, en algunos municipios existe inejecución del presupuesto asignado a barrios priorizados para su transformación, y el desarrollo de urbanizaciones para preparar parcelas que contribuyan a la construcción por esfuerzo propio, es aún insuficiente.
También hay pocos medios informáticos en las direcciones municipales y de personal con preparación técnica para acometer los trabajos, persiste la fluctuación de fuerza laboral a otros sectores y es baja la efectividad entre los grupos municipales de enfrentamiento a las ilegalidades.
Finalmente, los resultados del control realizado arrojaron que no todas las direcciones municipales de ordenamiento territorial y urbanismo están identificadas.
Al respecto, el general de división, Raúl Omar Acosta, recordó que cuando el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, designó la tarea, “nos pidió ordenar, no prohibir; disciplinar, no exigir. Raúl nos explicó en aquel momento que esta batalla depende de todos y lo primero es prevenir”.
Acosta recalcó la importancia de los CDR, la FMC y otras organizaciones para enfrentar las ilegalidades, en general, y las cometidas en el ordenamiento urbanístico. “En los barrios tenemos potencialidades que no aprovechamos. Debemos rescatar el sistema de vigilancia primario”, dijo.
El general de división mostró preocupación y reconoció el aumento del estado de precariedad en 2023, especialmente en Las Tunas, Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba. “Tenemos un compromiso con la ONU de disminuir ese indicador a un 3.7 % o menos para el 2030”.
Ismaray Scull Charón, del municipio Cárdenas, explicó que en Matanzas debido al incremento abrupto del flujo migratorio han aumentado los asentamientos periféricos. “Esto conlleva al crecimiento de las ilegalidades, pero les puedo asegurar que ya han ido disminuyendo, y las personas han tomado conciencia. Aunque falta mucho por hacer, es una batalla que ganaremos”.
Randel Coloma Oduardo, de Santiago de Cuba, explicó que el cambio de matriz energética es un proceso que incluye la preocupación de la población por los suelos para hacer esos parques y paneles solares que impactarán directamente en el consumo energético. “Debe evaluarse la propuesta de implementación de parques solares, usando otros espacios como los espejos de agua en las provincias y las presas.
“Luego, habrá que tener en cuenta algunos espacios en la ciudad que pueden contribuir al mantenimiento. Hay que revisar muchas cosas, darle una mirada diferente, al igual que tendremos que trabajar en recuperar vías férreas”, aseguró.
Eraldo González Arias, de Las Tunas, planteó la necesidad de traer a la asamblea el impacto, los resultados concretos y las acciones que se hacen con los organismos que incumplen en ilegalidades jurídicas.
“Debemos centrarnos en lo que no cumplimos. Conocer las causas. Hay indolencia por parte de organismos que les toca rendir cuentas. No podemos seguir yendo a las reuniones a informar. Necesitamos ir a la raíz del problema.
Yudelki La O Castellanos, de Artemisa, se refirió a la importancia de fortalecer la capacitación y en la búsqueda de mecanicismos que contribuyan a un mayor control. “Necesitamos la capacitación por la fluctuación laboral, la falta de técnicos. Y, a medida, que nos superemos se acelerarán los trámites, por ejemplo, de la vivienda.
“Hoy, estamos afrontando problemas en la solicitud de terrenos para la construcción de viviendas por esfuerzo propio. Hay dificultades con la micro, a la hora que se otorga el espacio. Mientras más capacitados estemos, atenderemos mejor a la población”, concluyó.
Según el plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades en 2024 han ocurrido 9 5611 hechos delictivos y 7 984 de ellos corresponden a personas jurídicas.