La acción legal, que implica mil millones de dólares, está dirigida contra la compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb, la Universidad John Hopkins y la Fundación Rockefeller. Foto: Prensa Latina
Tres entidades estadounidenses enfrentan una demanda por su participación en un experimento gubernamental que afectó con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos en la década de los 40 del siglo pasado, reportaron hoy medios de prensa.
La acción legal, que implica mil millones de dólares, está dirigida contra la compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb, la Universidad John Hopkins y la Fundación Rockefeller.
El juez de distrito Theodore Chuang, de Maryland, rechazó el argumento de que una decisión de la Corte Suprema que protege a corporaciones extranjeras de juicios en tribunales de Estados Unidos por abusos de derechos humanos fuera del país también se aplica a las empresas nacionales.
Tal decisión es una victoria para 444 víctimas y familiares que presentaron demandas por el experimento, cuyo objetivo era probar la entonces nueva penicilina con el fin de detener la propagación de dichos padecimientos, apuntaron las fuentes.
Diferentes ensayos en humanos realizados por estadounidenses en Guatemala, y nunca publicados, se revelaron en 2010 gracias a la doctora Susan Reverby.
Ella descubrió documentación al respecto en los archivos del científico a cargo de los estudios, John Cutler, quien falleció en 2003.
Cutler y su equipo de investigadores reclutaron para las pruebas, entre otros, a soldados, enfermos mentales, prostitutas y presidiarios en Guatemala.
Inicialmente, los expertos infectaron a trabajadoras sexuales guatemaltecas con gonorrea, sífilis o chancro, y luego las alentaron a tener sexo sin protección con soldados o presidiarios.
Ninguna de las personas afectadas fue informada del propósito de la investigación, ni advertida de sus consecuencias potencialmente fatales.
Permitir que este caso continúe en la justicia promoverá la armonía al dar a los demandantes extranjeros la oportunidad de recurrir a los tribunales de Estados Unidos, expuso Chuang.
Según la demanda, varios médicos de la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller participaron en el experimento, así como cuatro ejecutivos de Laboratorios Bristol y el Instituto Squibb, predecesores de la referida farmacéutica.
Cuando se conoció el problema, el entonces presidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012) calificó los experimentos como 'delito de lesa humanidad'.
Una comisión oficial estadounidense que investigó los hechos en 2011 señaló que al menos 83 personas sometidas a los estudios fallecieron debido al proceso.
(Con información de Prensa Latina)