El ex presidente de la Conmebol, Eugenio Figueredo, procesado por la justicia uruguaya por estafa y lavado de activos, reconoció ante los tribunales de su país que los sobornos eran una práctica institucionalizada en el organismo continental.
Ahora, la investigación que encabeza la jueza en crimen organizado Adriana de los Santos profundizará la indagatoria de cómo el dirigente logró blanquear sus ingresos por coimas en Uruguay.
Figueredo, quien llegó el jueves a Montevideo extraditado desde Suiza y cinco horas después fue procesado por de los Santos, había sido detenido en mayo de este año junto a otros ejecutivos de la FIFA imputados por la justicia de los Estados Unidos.
El también ex vicepresidente de la FIFA admitió cobros indebidos de empresas de derechos televisivos como T&T Sports, Torneos y Competencias y Full Play, cuyos responsables están acusados en la misma investigación estadounidense.
Según el dictamen del fiscal Juan Gómez, “Figueredo reconoce haber recibido cifras millonarias por la actividad ilícita” volcándolas “al mercado en transacciones por lo general inmobiliarias”.
En ese sentido, cooperó con la empresa constructora “Weiss Sztryk Weiss, el producto de su actividad ilícita” para ingresarla al mercado regular de la economía uruguaya con una participación en un hotel cinco estrellas y en otros emprendimientos.
La jueza embargó en junio nueve inmuebles del ex dirigente uruguayo en el exclusivo balneario Punta del Este y en Montevideo valuados en unos 5 millones de dólares americanos.
Gómez señala que Figueredo “recibía importantes sumas de dinero” en el marco de una política institucionalizada de la Conmebol para “mantener el status quo de una aviesa forma de corrupción”.
“De esa forma, entre otras cosas, se evitaba el llamado a oferentes y/o nuevos contratantes para la comercialización de los derechos de televisación de los distintos torneos organizados en el ámbito de la Confederación”, agrega.
Figueredo declaró, además, que al frente de la Conmebol buscó “legalizar” la “plata dulce” que se repartían los dirigentes, lo que para el fiscal muestra una red de corrupción “sin parangón” que “lamentablemente azotó al fútbol sudamericano, en impunidad que se ha mantenido durante décadas”.
Ese accionar, reconoció, perjudicó a los clubes y los jugadores profesionales, que vieron menguados sus ingresos, de acuerdo a sus declaraciones ante la jueza y el fiscal.
En Uruguay se lo investiga por una denuncia presentada en 2014 por clubes del fútbol local y la Mutual de Futbolistas (sindicato) sobre maniobras con los derechos televisivos de la copas Libertadores y Sudamericana.
De acuerdo a esa demanda, el empresario uruguayo Francisco “Paco” Casal ofreció por los derechos de televisación de esos torneos 805 millones de dólares, mientras la Conmebol se lo concedió por 381 millones a la firma T&T, también imputada por coimas por la justicia estadounidense.
Ante la justicia, Figueredo dijo que como presidente de la Conmebol cobraba mensualmente 40 mil dólares, cifra que no constaba en los balances de la institución.
Además, sostuvo que simultáneamente percibía montos mensuales de 50 mil dólares de empresas vinculadas a los torneos Sub-20 y Sub-17.
El fiscal indicó, por otra parte, que Full Play le pagó a Figueredo “sumas superiores a las que dice recibieron los presidentes de las diversas Asociaciones, en el caso, 400 mil dólares cada uno, por la firma de contratos de derechos de televisión”.
(Con información de Xinhua)