Los abogados del estado habían pedido los nombres de usuario, direcciones físicas, números de teléfono, números de cuentas bancarias y direcciones IP de conexión a la red de Julian Assange, fundador de Wikileaks; Bradley Manning, soldado acusado de filtrar los documentos; Birgitta Jonsdottir, parlamentaria islandesa y colaboradora de Assange, y dos programadores informáticos, Rop Gonggrijp, que es ciudadano holandés, y Jacob Appelbaum, norteamericano.
Los tres últimos, junto a Twitter, trataron de paralizar esa orden y acudieron a los tribunales. Su petición fue denegada el viernes por la juez Theresa Carroll Buchannan.
"Los demandantes, que ya han hecho públicos sus mensajes de Twitter y sus redes de contactos, no han logrado explicar cómo la orden a Twitter [de entregar su información] tendría un efecto pernicioso. La orden a Twitter no busca controlar o dirigir su libertad de expresión o reunión. En lugar de eso, es un procedimiento de rutina para revelar información que no se considera de contenido [no son mensajes privados] que los demandantes ya entregaron de forma voluntaria a Twitter de acuerdo con la política de privacidad de Twitter", dijo Carroll Buchanan en su opinión judicial.
El Gobierno norteamericano investiga cómo se sustrajeron de sus redes, entre 2009 y 2010, documentos secretos sobre las guerras de Afganistán e Irak y cables clasificados del Departamento de Estado. El Pentágono detuvo en mayo al soldado raso Bradley Manning, estacionado entonces en Irak, después de que éste confesara la sustracción a un hacker norteamericano.
Desde entonces, Manning se encuentra en régimen de aislamiento en la base militar de Quantico, en Virginia. El FBI está investigando también la participación de Wikileaks y sus asociados en la filtración. De momento, no se ha tomado ninguna medida contra ellos, pero Julian Assange ha hablado en repetidas ocasiones de su temor a que EEUU quiera pedir su extradición a Suecia, donde le aguarda un juicio por un supuesto delito sexual.
(Con información de El País, España)