"Los años de deuda y de gasto han hecho que esto sea inevitable", dijo Osborne en referencia a los últimos 13 años de gobiernos laboristas y con el objetivo de justificar el ajuste más severo de las cuentas del Estado británico desde la década de 1980.
Osborne anunció una prórroga de la congelación salarial en el sector público durante dos años para quienes cobren anualmente más de 21.000 libras (25.300 euros), la suspensión durante tres años de las ayudas por hijos y la eliminación de los incentivos familiares en el caso de hogares con ingresos superiores a las 40.000 libras.
Los recortes en políticas sociales afectarán a amplios sectores de la población, porque también implican una aceleración del proceso para retrasar la edad de jubilación a los 66 años y una limitación de las ayudas de vivienda para los sectores más desfavorecidos.
Además, las personas que reciben subsidios por minusvalía deberán someterse a nuevos exámenes médicos para valorar su situación.
Todo ello forma parte de una reestructuración presupuestaria con la que el Gobierno que lidera el conservador David Cameron quiere ahorrar 11.000 millones de libras hasta el año fiscal 2014-2015.
"Es un presupuesto de emergencia, así que déjenme hablarles con claridad de la emergencia que afrontamos. El Gobierno de coalición ha heredado de su predecesor el mayor déficit presupuestario de cualquier economía en Europa con la excepción de Irlanda", dijo.
"Una de cada cuatro libras que gastamos es prestada. Lo que no hemos heredado de nuestros predecesores es un plan creíble para reducir este déficit récord", señaló el canciller del Exchequer.
De no tomarse estas medidas para reducir el déficit, argumentó Osborne, la credibilidad del país en los mercados internacionales se verá afectada, con "catastróficas" consecuencias.
Otras medidas de calado macroeconómico del presupuesto tienen por objetivo estimular la actividad de las empresas, generar empleo, incrementar los ingresos del Estado y evitar nuevas crisis.
A partir de enero, el Gobierno introducirá un nuevo impuesto a los bancos, mientras que el 4 de enero de 2011 el IVA que pagan los ciudadanos pasará del actual 17,5% al 20% por ciento, lo que generará unos ingresos anuales de 13.000 millones de libras (14.820 millones de euros).
El impuesto de actividades económicas, que está en el 28 por ciento, será reducido el año próximo al 27% y después un 1% anual durante los tres años siguiente, hasta el 24%.
Con estas cuentas generales del Estado, el Gobierno esta decidido a "animar a las empresas, porque son los negocios y no el Gobierno las que crearán los empleos en el futuro", explicó Osborne.
La oposición laborista calificó de "irresponsable" el presupuesto y su líder en funciones, Harriet Harman, aseguró que serán los que menos tienen los que soportarán el peso de los recortes.
"Este es un presupuesto 'tory' que echará a la gente de sus trabajos, que frenará el crecimiento económico y que dañará servicios públicos vitales", declaró Harman en el Parlamento.
Los principales sindicatos fueron igualmente críticos con el plan del Gobierno, al que acusaron de "declarar la guerra" al sector público, en palabras del Dave Prentis, secretario general de Unison.
El secretario general de Unite, Derek Simpson, aseguró por su parte que es el mayor ataque contra los servicios esenciales del Estado en una generación y añadió: "hoy la máscara ha caído y ha revelado lo que es este Gobierno: tories que recortan drásticamente el gasto social y que son amigos de los ricos y los poderosos".
Con información de EFE